La jueza en lo penal de 23er turno, Isaura Tórtora, procesó con prisión al militar retirado Walter Díaz en la causa que investiga el asesinato del militante de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR-33) Gilberto Coghlan, ocurrido en diciembre de 1973, luego de que fuera detenido y torturado junto a varios trabajadores de la Unión Ferroviaria.

Díaz, que oficiaba de enlace de inteligencia en el Regimiento 4 de Caballería Mecanizada y fue señalado por varios testigos como uno de los torturadores de la unidad militar, fue procesado por los delitos de abuso de autoridad contra detenidos y privación de libertad.

En el documento de procesamiento, al que accedió la diaria, Tórtora señaló que Díaz, “en su condición de Oficial del Ejército y responsable del S2 de la unidad, sometió u ordenó someter a los detenidos a diversos tratos crueles, inhumanos y degradantes no permitidos legalmente con el objeto de obtener la confesión de los mismos, lo que posibilitó sus condenas con la consiguiente privación de libertad por largos períodos de tiempo”.

Coghlan fue detenido el 31 de julio de 1973 junto a Dinora Sosa, Raúl Olivera Alfaro y Roberto Pérez Fernández, todos ellos empleados de AFE, cuando estaban organizando un paro general para el 2 de agosto de ese año. Todos fueron llevados a Transmisiones 1, donde fueron torturados y, a fines de agosto, trasladados al Regimiento 4 de Caballería Mecanizada, sito en Instrucciones y Camino Mendoza, junto a otros cuatro integrantes de la Unión Ferroviaria.

“Nos llevan a los cuarteles de Peñarol y ahí somos masacrados... No me acuerdo cuántos días somos torturados, donde participaban activamente el Turco y un sargento [al] que le decían ‘el criminal’. En determinado momento, en el mismo mes de agosto, nos trasladan al Batallón de Caballería Motorizada. Somos nuevamente víctimas de torturas en ese nuevo lugar y sé que Coghlan está sentado mientras nosotros estábamos de plantón”, señaló Olivera, según el testimonio citado por la jueza en el documento de procesamiento.

“En un momento siento voces de niños mientras me están torturando y me dicen que ahí tenían a mis hijos... Nos sacan a la plaza de armas, estábamos esposados, no podíamos mantenernos en pie y cuando caíamos nos avanzan los perros”, recordó Olivera.

Otro de los trabajadores de AFE que fue detenido en esa unidad militar fue Óscar Ojeda, quien recordó haber visto a Coghlan: “La primera noche la pasé de plantón. Estuve cinco días en ese lugar, bajo tortura, en el 4º. En Caballería lo veo a Coghlan y estaba en condiciones desastrosas. En un momento, mientras me estaban torturando, cesan, siento que prenden unos focos muy potentes de luz, me sacan la capucha y veo a Coghlan, que tenía la cara toda hinchada, la nariz destrozada, sangrada, lo veo a él y él me ve a mí”. Ojeda fue detenido luego de visitar a Coghlan en su casa para organizar una charla sobre materialismo histórico.

A fines de noviembre, Coghlan fue trasladado al Regimiento de Caballería 9 y el 13 de diciembre ingresó en coma al Hospital Militar, donde falleció al día siguiente. La médica María Elena Curbelo, que estaba en el hospital en calidad de detenida, recordó el ingreso de Coghlan. “Supe cuando lo trajeron… nos avisaron que estaba mal, que tenía hematomas y heridas, lo que vieron los compañeros cuando lo acuestan [...] vino la doctora que estaba de guardia, la cual se preocupó mucho por él y dio la orden de que fuera trasladado al CTI, ya que por su estado de gravedad no podría permanecer en la sala, pero como en la sala de los detenidos la orden no la daba el médico sino los militares, ellos decidieron no trasladarlo. Ya en la mañana del otro día, cerca del mediodía, el enfermero llamó al médico de guardia y él vino solamente a firmar la defunción, en virtud de que ya estaba muerto”.

La denuncia fue presentada en setiembre de 2011. Diez años después, en agosto de 2021, la Suprema Corte de Justicia rechazó una excepción de inconstitucionalidad presentada en la causa por los abogados de los denunciados, en una sentencia en la que advirtió sobre “el planteamiento sucesivo de cuestiones de inconstitucionalidad”, que tiene efectos suspensivos sobre el proceso.