El exdirector del Comcar, Carlos Taroco, alcanzó un acuerdo con la fiscalía para ser condenado por los hechos por los que fue imputado, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.

Las fuentes hicieron hincapié en que, si bien se pidió una ampliación de la formalización para cerrar el acuerdo, no hay hechos nuevos que involucren a Taroco, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde octubre, luego de ser imputado por los delitos de cohecho calificado y revelación de secreto. El acuerdo alcanzado con la fiscalía implicará otras tipificaciones.

La fiscal del caso, Alicia Ghione, identificó a Taroco como la cabeza del equipo parapolicial que realizó varias pesquisas contra las víctimas del exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, cuando comenzaba a ser investigado por delitos sexuales.

La investigación del equipo de la fiscalía especializada en Delitos Sexuales de 3° turno logró determinar que Taroco, con la asistencia de al menos otros dos policías que ya fueron condenados, llevó adelante tareas de vigilancia contra alguna de las víctimas, accedió al sistema informático del Ministerio del Interior para establecer vínculos y a un software para generar un flujograma con la finalidad de construir una teoría que deslegitime a las víctimas en defensa del exlegislador.

El nexo con Penadés era el funcionario del Parlamento uruguayo y director de la Secretaría Parlamentaria del Parlasur, Diego Cuiñas, que conocía al exdirector del Comcar por su pertenencia a la masonería. Cuiñas, junto a un asesor personal y un exfutbolista, coordinó las reuniones del equipo con Penadés que llegó a intercambiar beneficios para personas privadas de libertad a cambio de información.

Si bien la defensa de Taroco había intentado un acuerdo abreviado al inicio de la investigación, luego decidió postergar el acuerdo. En diciembre, cinco de los involucrados en las investigaciones ilegales acordaron con la fiscalía, lo que implica la admisión de los hechos, algo que dejó poco margen de maniobra a Taroco, dado que difícilmente podría defender su inocencia en un juicio oral con la evidencia que ya había recolectado la fiscalía.

La semana pasada la Justicia definió prorrogar la prisión preventiva de Taroco, quien se encuentra cumpliendo esa medida cautelar en la cárcel de Fray Bentos, a la que llegó luego de ser trasladado desde la cárcel de Cañitas, donde le incautaron un celular que es parte de la carpeta de investigación del caso.

El equipo de Taroco fue descubierto por la Fiscalía al recibir el resultado de una auditoría sobre el Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, que mostró quiénes habían accedido a información relacionada con la causa. Durante la audiencia de juicio abreviado de los cinco integrantes de la organización que fueron condenados, la fiscal Ghione advirtió una serie de líneas de investigación que podrían profundizar, entre ellas, el rol que jugaron efectivos de Policía Científica para dar acceso a materiales incautados que tenía en custodia, la demora en el otorgamiento del pasaporte a una de las víctimas del caso, escuchas ilegales, el rol de funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación en traslados a personas privadas de libertad y una eventual vigilancia al equipo fiscal.

Además, uno de los aspectos en los que trabajó la Fiscalía en los últimos meses fue la identificación de los beneficios recibidos por Taroco para realizar la investigación, algo que es un elemento clave para tipificar el delito de cohecho.

Los acuerdos abreviados alcanzados en diciembre con los cinco integrantes del equipo de Taroco fueron por delitos de cohecho agravado, asociación para delinquir y tráfico de influencias con penas alternativas a la prisión efectiva, que incluyeron en algunos casos prisión domiciliaria y libertad a prueba, y también se les dispuso la indemnización prevista en el artículo 80 de la ley de género, que obliga a los condenados a indemnizar a las víctimas con 12 ingresos mensuales o 12 salarios mínimos para el caso de que los condenados no perciban ingresos.