Este jueves comenzó el juicio oral por el femicidio de Valentina Cancela, la joven de 17 años que fue asesinada por su expareja en agosto de 2023 en Maldonado.
En la primera audiencia ambas partes presentaron sus alegatos de apertura ante el juez de Violencia basada en Género de cuarto turno de Maldonado, Rodríguez Vitale, y declaró la primera tanda de testigos.
El abogado de la familia de la víctima, Martín Etcheverry, dijo a la diaria que este jueves declararon 20 testigos policiales que fueron propuestos como prueba por la defensa de la víctima, quienes dieron cuenta de las pericias realizadas y los pormenores de la investigación.
En la jornada del viernes declararán otros diez testigos que fueron propuestos por la familia de la víctima. El juicio continuará el martes con la declaración de diez testigos propuestos por la defensa del imputado, que llevan adelante los abogados Carlos Uriarte y Pablo Pisciottano.
Vitale deberá definir sobre la acusación del fiscal del caso, Jorge Vaz, especializado en violencia de género, que pidió una pena de diez años de internación en un centro del Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa) para el adolescente de 17 años, imputado por homicidio muy especialmente agravado por femicidio.
La pena solicitada por Vaz es la máxima prevista en el artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prevé una máxima de diez años en los casos de delitos de homicidio intencional agravado y muy especialmente agravado. El adolescente podría permanecer privado de libertad hasta los 27 años en un centro del Inisa.
Tras la declaración de los testigos, las partes presentarán sus alegatos de clausura y se dará la posibilidad de declarar al imputado, aunque el artículo 270 del Código de Proceso Penal, que regula el desarrollo del juicio, reserva al imputado el derecho de intervenir en cualquier parte del proceso.
Valentina Cancela fue asesinada el 16 de agosto en la parada 7 de la playa Brava de Punta del Este, a donde había sido citada por su exnovio, de la misma edad. El adolescente confesó el crimen ante la Policía y guio a los efectivos hasta el lugar donde había enterrado el cuerpo de la víctima, que murió por asfixia.
La familia de la joven había denunciado situaciones de violencia ante la Justicia un mes antes del homicidio, pero la jueza de feria que actuó en el caso no convocó a las partes ni tomó medidas cautelares, al no encontrar elementos que dieran cuenta del riesgo en que se encontraba la adolescente. Por este caso, la Suprema Corte de Justicia sumarió a la jueza actuante y emitió una circular en la que calificó de “falta grave” y “error inexcusable” no haber convocado a audiencia a las partes, tal como está previsto en la acordada 7.884, del 21 de diciembre de 2016.