La jueza en lo penal de 44° turno, Diovanet Olivera, prorrogó la prisión preventiva para el exdirector del Comcar Carlos Taroco, quien se encuentra imputado por un delito de cohecho calificado y revelación de secreto.

A pedido de la fiscal del caso, Alicia Ghione, Taroco permanecerá en la cárcel al menos hasta el 12 de junio, aunque existen grandes posibilidades de que antes de que venza ese plazo el exdirector del Comcar acceda a una condena por juicio abreviado.

Durante la audiencia, que se realizó en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, la Fiscalía argumentó sobre la necesidad de que Taroco se mantenga en prisión mientras avanza el proceso, y señaló que sus contactos en la Policía, que incluso le permitieron acceder a un celular estando en prisión preventiva, justifica la medida cautelar en función de preservar el normal transcurso del proceso.

Este miércoles, El Observador informó que la defensa de Taroco, que lleva adelante Leonardo Nilson, estaba bastante avanzada en el acuerdo abreviado con la Fiscalía, pero el plazo de vencimiento de la preventiva determinó que se concretara la audiencia de prórroga mientras continúan las negociaciones.

Uno de los aspectos que impulsa a la defensa de Taroco a cerrar un acuerdo es el hecho de que los otros integrantes del equipo que participaron en la investigación parapolicial que montó para beneficiar al exsenador Gustavo Penadés, en la causa que lo investiga por 22 delitos sexuales contra adolescentes, ya cerraron un acuerdo con la Fiscalía, lo que implica la admisión de todos los hechos por los que fueron condenados.

Taroco fue imputado el 12 de octubre por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con reiterados delitos de revelación de secretos. Comenzó cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Cañitas, pero en noviembre fue trasladado a la cárcel de Río Negro, luego de que las autoridades policiales le incautaran un celular.

El comisario, que también era director de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación, es investigado por la Fiscalía por crear un equipo de investigación con recursos del Estado para construir una trama para favorecer a Penadés, que implicó el seguimiento, registros fotográficos, escuchas clandestinas e investigación sobre las víctimas del caso Penadés, y se investiga si la Fiscalía también fue objeto de las pesquisas del equipo, que estaba integrado por varios policías y civiles.

A mediados de diciembre, la fiscal Alicia Ghione logró un acuerdo abreviado con cinco integrantes del equipo de Taroco, entre ellos el funcionario del Parlamento y director de la Secretaría Parlamentaria del Parlasur, Diego Cuiñas, que conocía al exdirector del Comcar por su pertenencia a la masonería y fue el principal nexo entre el exsenador y el policía que lideró la investigación parapolicial.

También fue condenado el policía Federico Rodríguez, que fue quien ingresó al Sistema de Gestión de Seguridad Pública para obtener datos de las víctimas, y que era el jefe operativo de la investigación. Rodríguez admitió su responsabilidad en un delito de cohecho agravado y asociación para delinquir. Asimismo, fueron condenados el policía Marcos Quiñones, que formó parte del equipo de trabajo, por el delito de cohecho; el exfutbolista Marcelo Garate por tráfico de influencias y asociación para delinquir; y Matías Cardozo, un hombre de confianza de Cuiñas.

La investigación penal, que descubrió la trama montada a favor de Penadés a partir de una auditoría –que la Fiscalía hizo sobre el Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior para conocer quiénes habían accedido a información relacionada con la causa–, aún tiene varias líneas en las que avanzar, que surgen del segundo celular incautado a Taroco.

La Fiscalía tiene previsto investigar a otros funcionarios policiales que estuvieron vinculados al equipo y que habrían dado acceso a documentos que formaban parte de la evidencia que era custodiada por la Policía Científica. También se están investigando maniobras vinculadas a la remisión de pena por trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, la existencia de una eventual obstaculización de la emisión del pasaporte de Jonathan Mastropierro, además de eventuales escuchas telefónicas contra los integrantes del equipo de Fiscalía.

Taroco había intentado negociar un acuerdo abreviado con la Fiscalía semanas después de su imputación, pero una discrepancia con esa estrategia, llevada adelante por el abogado Ignacio Durán, lo llevó a cambiar de abogado y buscar el archivo de la causa.