La primera reunión fue en diciembre de 2020, en el edificio de Libertador y Paysandú. El director de Ancap Richard Charamelo recibió en su despacho a la abogada Roxana Corbrán y a un empresario uruguayo que pretendía hacer negocios con el organismo.

El segundo encuentro fue virtual, en abril de 2021. La ahora precandidata a la presidencia por el Partido Nacional (PN) y ese mismo empresario conversaron durante 15 minutos con el vicepresidente de Ancap, Diego Durand.

Luego se concretó otra audiencia en la Intendencia de Rocha, en la que se habló sobre la posible instalación de una estación de servicio en un predio estatal ubicado sobre la ruta 10, cerca de La Paloma. En esa charla también participó un militar retirado que se presentaba como socio de Corbrán.

El empresario uruguayo, que vivió unos años en el extranjero, pagó 3.000 dólares por un “servicio de consultoría” que incluyó estos encuentros con jerarcas del gobierno. Según la documentación a la que accedió la diaria, el empresario hizo dos transferencias de 1.000 dólares a una cuenta del Banco República a nombre del militar retirado, a modo de pago por este “servicio”. Los otros 1.000 dólares los abonó en efectivo.

La propuesta original de Corbrán y su socio era por 5.000 dólares, lo que incluía facilitar encuentros con otras autoridades de gobierno, por ejemplo, de la empresa ALUR. Ante la falta de avances en los posibles negocios, el empresario dejó de pagar y empezó a reclamar que le devolvieran por lo menos la mitad del dinero que había transferido a la cuenta bancaria, según puede verse en la documentación.

“Es lo justo, ya que nada se ha concretado a ningún nivel”, le reclama el empresario a Corbrán en uno de esos mensajes. En otra secuencia de comunicaciones por Whatsapp, en octubre de 2022, el empresario amenaza a la gestora con iniciar acciones legales, ante la falta de respuesta.

Esta situación está siendo analizada en la órbita de la Fiscalía como una derivación del caso Astesiano, a cargo de la fiscal Sabrina Flores. El empresario ya declaró ante la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior el viernes 23.

La maniobra aparecía mencionada en una conversación entre el exjefe de la seguridad presidencial y un abogado de Maldonado agendado como Homero, a quien le pedía un “adelanto” de 4.000 dólares para ganar una licitación con obras en la ruta 9.

En ese chat, el número 206 de la carpeta, Homero le contó a Astesiano que otras personas del PN le habían “sacado plata” a su representado, a cuenta de futuros negocios con licitaciones públicas que nunca se concretaron. Durante la charla, Homero reenvió capturas de pantalla y audios de las conversaciones por Whatsapp entre Corbrán y el empresario, en las que agendaban las reuniones con las autoridades de Ancap.

La conversación entre Homero y Astesiano

“Son unos hijos de puta. Prometer y no cumplir, estando en el gobierno, es de hijos de puta”, puede escucharse en uno de los audios que Astesiano le mandó a Homero a finales de agosto de 2022, un mes antes de su detención en la residencia de Suárez y Reyes.

Durante la conversación, Homero menciona en varias oportunidades a Corbrán y a su socio, el militar retirado. “Le sacaron [la plata] mediante cuentos de que le iban a organizar esto, que le iba a dar esto y aquello. Y todo terminó en nada. Uno de ellos es un coronel y la otra es una abogada que fue candidata por el Partido Nacional. No le contestaron más el teléfono. Él tiene hasta los giros que les hizo”, le explicó Homero.

En una de las capturas reenviadas, Corbrán le explica al empresario que los “honorarios” no se los tenían que pagar directamente a ella, ya que el acercamiento se concretó por intermedio de “los señores amigos” del militar retirado. De hecho, según la documentación a la que accedió la diaria, las transferencias bancarias se hicieron a una cuenta que está a nombre del coronel, socio de Corbrán.

En otro audio, Homero le contó a Astesiano que habían tenido una reunión con el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, ya que el empresario tenía intenciones de instalar una estación de servicio cerca de La Paloma.

“Viste que ahí pasás por La Aguada, Costa Azul, Antoniópolis, Valizas, y no hay ninguna estación de nafta. Hasta le prometieron usar un predio del Estado para que ponga una estación de servicio. Él estaba en condiciones de hacerlo, pero marchó. Fuimos al palacio con la abogada, el coronel, pero no le cumplieron nada”, le relató Homero.

Astesiano fue tajante al momento de referirse a Umpiérrez: “El intendente de Rocha es un hijo de puta, un tránsfuga”. El entonces jefe de la seguridad presidencial hizo estos comentarios mientras insistía en cobrar el adelanto de 4.000 dólares (siempre se refieren a ese monto como las “cuatro carpetas”) para cerrar el negocio de talado de árboles en la ruta 9. Homero, en tanto, intentaba explicarle a Astesiano que su cliente ya había puesto “casi lo mismo” que esa cifra en otro negocio, en referencia a los 3.000 dólares que les pagó a Corbrán y su socio.

El 2 de setiembre, Astesiano le preguntó a Homero cuál era el nombre de la abogada que estaba vinculada al empresario. Homero le contestó que se llamaba Roxana Corbrán y que no se acordaba por cuál sector del PN había sido candidata en las últimas elecciones.

“La vamos a ubicar. Vamos a dejar pasar unos días y la vamos a ubicar. Vos quedate tranquilo que yo le pego un susto, ya vas a ver”, prometió Astesiano.

La versión de Corbrán

Consultada por la diaria, Corbrán confirmó que el empresario les pidió que tramitaran entrevistas en Ancap y con el intendente de Rocha para impulsar los proyectos. “Nos pareció algo totalmente normal como tantos empresarios que vienen a invertir o crear proyectos en el país. Se solicitaron las entrevistas. Se lo acompañó a las entrevistas y él realizó una entrega mínima que no cubrió finalmente ni los gastos de lo que se realizó”, expresó.

Corbrán dijo que comenzó a trabajar en el estudio de los temas que el empresario había planteado, pero nunca pudo cobrar nada más. “Por el contrario, él en un momento solicitó iniciar trámites para un préstamo o venta de unos apartamentos que tenía en Uruguay para financiar otro proyecto y ahí nosotros lo enviamos al estudio Gorfain. Ellos fueron a ver los apartamentos que iba a poner en garantía. Luego mandó a cancelar el procedimiento y como el estudio Gorfain ya había tenido gastos operativos, terminamos pagando nosotros lo adeudado para no quedar mal con el estudio”, lamentó.

“No tuvimos ninguna ganancia, más bien pérdida de tiempo, de dinero, de combustible y otros gastos. Nunca nos pagó tampoco por las distintas consultas jurídicas que nos realizó [problema de visitas de un menor entre Argentina y Uruguay, consulta sobre traslado de cenizas de una amiga de la madre, entre otras]. Y al final no concretó nada”, agregó la precandidata, que calificó de “un absurdo” las acusaciones en su contra.

“No quisimos seguir el tema porque preferimos dedicarnos a trabajar como tanta gente que se levanta por la mañana a ejercer su vocación, su oficio o su profesión”, concluyó la abogada, que en enero presentó su precandidatura presidencial por el PN, tras una decisión que tomó el sector Fuerza Nacionalista.

Charamelo también confirmó a la diaria que recibió al empresario a finales de 2020, a pedido de Corbrán. Aclaró que no se hizo ninguna gestión posterior a ese encuentro y dijo desconocer qué tipo de acuerdo había entre la abogada y el empresario. Además, recordó que en una ocasión anterior Corbrán ya le había pedido para recibir a otro empresario.

“Los recibí como recibía a tanta gente que me pedía reuniones, pero no tengo idea de qué tipo de acuerdo tenían entre ellos. En principio, pienso que no debería cobrarle por tener una reunión conmigo, no es algo que se estile en Uruguay. Pero no tengo idea de qué tipo de acuerdo había entre ellos. Es un tema entre ellos”, explicó Charamelo, que dejó su cargo en octubre de 2023.

El exdiputado canario conoce a Corbrán “de la política”, pero no tiene “vínculos de amistad ni nada que se le parezca”. “Ella es una abogada y, según me dijo en un momento, está especializada en temas de derecho aeronáutico y en derecho internacional. También me planteó que con su estudio representaba a inversores que querían generar posibles negocios con Uruguay. Pero, repito, no tengo idea de cómo era el vínculo de ella con estos inversores”, agregó.