A fines de octubre de 2022, Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, compareció en el Parlamento uruguayo para expresar la intención de la organización internacional de instalarse en nuestro país para “colaborar activamente” con el Estado uruguayo en la “prevención y persecución” de los delitos trasnacionales, para lo cual pidió flexibilizaciones. Crime Stoppers es un centro de captación de denuncias anónimas de origen estadounidense, actualmente con oficinas en distintos países del mundo, que se especializa en delitos como el lavado de activos y la trata de personas.
En agosto de 2023, dos días antes de que la Justicia determinara el cierre de fronteras para el legislador y se dispusiera la incautación de su celular, el entonces senador nacionalista Gustavo Penadés intercambió con Campos mensajes sobre la causa que lo investiga por explotación sexual de menores de edad, que se encontraba en la fase de investigación preliminar, según se desprende del material incautado en el celular de Penadés. El 2 de agosto, el exsenador recibió una llamada de Campos y dos semanas después empezaron los mensajes escritos.
“Estamos con lo tuyo”
“Hola Gustavo!, solo para decirte que estamos con lo tuyo. Al tener novedades te aviso. Abrazo”, escribió Campos, uruguayo radicado en Panamá que conoce a Penadés a través del trabajo de la organización con diferentes ámbitos parlamentarios de la región.
Minutos más tarde, recibió la respuesta de Penadés: “Abrazo, si te sirve el dato, el entorno de Romina Celeste (menores que declararon) Solo como apunte. Muchas gracias. Si necesitas algo más no dudes en pedírmelo”. “Te aviso”, le respondió Campos desde un número registrado en Panamá, donde la organización tiene su sede regional.
El día del intercambio, el 16 de agosto, habían comenzado a declarar como prueba anticipada ante la jueza Marcela Vargas las víctimas del caso, por el cual el exlegislador resultó imputado con prisión preventiva como presunto responsable de 21 delitos sexuales contra menores.
El 18 de agosto, el mismo día que le incautaron el celular a Penadés, Campos le envió a un enlace a una entrevista que le habían hecho en el canal panameño Telemetro esa mañana, en la que da cuenta del trabajo que lleva a cabo la organización Crime Stoppers con el tratamiento de denuncias anónimas sobre casos de trata de personas y explotación sexual y su capacidad para brindar información a las autoridades policiales panameñas para desmantelar organizaciones delictivas.
Si bien no existen otras conversaciones registradas en el celular del exlegislador, el informe pericial del celular da cuenta de que el contacto de Campos en el celular de Penadés fue creado el 31 de marzo de 2023, tres días después de que Romina Celeste Papasso hiciera la denuncia en su contra.
la diaria contactó a Campos, quien dijo que no existe ningún vínculo entre Crime Stoppers y Penadés más allá del que formalmente tiene la organización con legisladores de la región, y evitó hacer comentarios sobre los chats.
Crime Stoppers, sus intentos de acercamiento a Uruguay y algunas advertencias
El ex secretario nacional de la Secretaría para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) Daniel Espinosa se desempeñaba aún como gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, cuando escuchó hablar de las intenciones de Crime Stoppers de acercarse a nuestro país. No hubo una visita al Parlamento en ese entonces, pero sí llegó a los oídos de jerarcas vinculados a la temática del lavado de activos que “habían intentado hacer algún contacto para organizar algo en Uruguay”, recordó Espinosa en diálogo con la diaria.
“Sé que es una organización internacional que siempre estuvo muy activa en Panamá, y sé que organizó eventos con el Gafilat [Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica] y con la Convención Financiera de Latinoamérica sobre lavado de activos en comercio y ese tipo de cosas”, apuntó Espinosa. Por ese entonces, puntualizó, al frente de la Senaclaft estaba Carlos Díaz, fallecido en 2017.
Espinosa sostuvo que, según le consta, ese intento de acercamiento de Crime Stoppers con el gobierno de la época “no se concretó”. Sobre los motivos, evaluó: “Creo que un poco por la desconfianza, porque no teníamos muy claro qué era, cuál era el alcance [de la organización]. No se sabe bien cómo están financiados, tienen como unos teléfonos para denuncias… Como que no cerraba mucho cuál era la actividad, y mejor esas cosas tenerlas lejos, por lo menos hasta que te demuestren lo contrario”, afirmó.
El exjerarca se detuvo especialmente en la tarea de captación de denuncias anónimas que lleva adelante la organización, respecto de lo cual consideró que cabe preguntarse “qué hacen con esos datos”, puesto que “es como una organización paralela a la Policía”, de índole privada.
En una línea similar, el sociólogo Gabriel Tenenbaum, especializado en lavado de dinero, tráfico de drogas y otros delitos, dijo a la diaria que organizaciones como Crime Stoppers se enmarcan en un fenómeno que describió como “de tercerización o privatización de tareas que son de seguridad pública”, las que, a su entender, “tiene que hacer el Estado porque son muy sensibles”, lo que incluye el manejo de “posibles delitos o de denuncias de hechos de aspecto delictivo, y más si son hechos de trata o de lavado”.
Tenenbaum apuntó que estas organizaciones “son empresas transnacionales que operan como centros de investigación, fundaciones y organizaciones sociales” y que “suelen operar en Centroamérica”, donde “los Estados son sumamente débiles, está todo por hacer y necesitan la cooperación internacional para que lo haga”. En ese marco, acotó que, “posiblemente, dada la realidad criminal que vivimos hace varios años en el país, vean que hay un nicho acá para una oportunidad de crecimiento”.
Asimismo, Tenenbaum señaló que hay un debe del Estado en el hecho de que hay “gente que trabaja en el territorio, operadores sociales, educadores, vecinos” que “manejan un montón de información” y “no saben cómo denunciar, a quién denunciar y muchas veces no tienen los mecanismos de protección para denunciar”, pero insistió en que debe ser “una tarea del Estado, no de una empresa privada”.
Gustavo Penadés en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, el 10 de octubre de 2023.
Foto: Ernesto Ryan
El derrotero de Penadés
La investigación penal contra Penadés tuvo la particularidad de que el período de investigación preliminar, previo a la formalización del proceso ante un juez, se extendió durante seis meses, tiempo en que, además de irse incrementando el número de denunciantes, se hicieron varias declaraciones anticipadas y se desarrolló el proceso de suspensión de fueros parlamentarios, lo que habilitó que Penadés fuera imputado.
Tras la denuncia que efectuó Papasso en redes sociales a fines de marzo de 2023, el entonces fiscal de Corte Juan Gómez decidió iniciar una investigación de oficio y el 11 de abril Papasso ratificó su denuncia ante la Fiscalía. Durante ese primer mes de investigación se sumaron seis víctimas. El exlegislador fue desaforado el 7 de junio, aunque ya había pedido licencia y renunciado a sus cargos en el Partido Nacional, alejándose de los asuntos políticos.
Las declaraciones de las víctimas, como parte de un anticipo de lo que será el juicio oral, se hicieron en dos tandas: unas ocho víctimas declararon entre el 16 y el 18 de agosto de 2023 y otras dos declararon el 10 de abril de 2024. El 18 de agosto, en la última audiencia de declaración anticipada, la jueza Vargas dispuso la incautación del celular y el cierre de fronteras para Penadés y dos meses más tarde fue imputado con prisión preventiva por delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, violación, desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor.