La Dirección General de Impositiva (DGI) abrió una investigación administrativa contra el director de la división de fiscalización, Pablo Chalar, por presunta violación del secreto tributario, luego de que se conociera el pedido del exsenador Gustavo Penadés para que Chalar le consiguiera información de una empresa vinculada a la causa por la que fue imputado por 22 delitos sexuales, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.

El pedido fue realizado por el exsenador el 30 de mayo de 2023, una semana después de que declarara por primera vez ante la fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione. “Hola, Pablo. Consulta podremos averiguar titulares de Danotil SA. Gracias y perdón la molestia”, le escribió Penadés, para averiguar sobre una rentadora de autos con la que se vinculaba una de las víctimas de la causa en la que está siendo investigado. “No es molestia, estamos para eso”, le respondió Chalar 15 minutos más tarde. 

Chalar se había comunicado con el exlegislador el día antes de la declaración para ponerse a sus órdenes: “Querido Gustavo, aquí estoy a tu orden”, le escribió a Penadés el 22 de mayo, y una semana después del pedido realizado por el exsenador le escribió mensajes elogiosos: “No conozco ni conoceré a nadie igual de blanco que vos [...] Mucha fuerza, yo estoy”. El documento de la pericia hecha al celular de Penadés, al que accedió la diaria, registró cuatro llamadas perdidas por Whatsapp de Chalar a Penadés, efectuadas entre el 10 de junio y el 6 de julio de 2023.

Según los primeros avances de la investigación, Chalar no realizó la búsqueda para averiguar quiénes eran los responsables de la arrendadora, sino que le ordenó al jefe de equipos que maneja el rubro automotores que saque esa información del sistema. El funcionario, tras conocerse la noticia de que el pedido respondía a intereses ajenos a la DGI, declaró ante la auditoría interna del organismo que había recibido la orden de Chalar, quien en su trabajo cotidiano no está muy familiarizado con ese sistema informático.

La investigación contra Chalar está a cargo de una de las abogadas que integran la división jurídica de la DGI y apunta a conocer si Chalar incurrió en una violación del secreto tributario, previsto en el artículo 47 del código tributario, que obliga a los funcionarios a “guardar secreto de las informaciones que resulten de sus actuaciones administrativas o judiciales” y plantea que la violación de la norma “será causa de destitución para el funcionario infidente”.   Chalar es abogado y funcionario de carrera en el Ministerio de Economía y Finanzas. Fue auditor general interno, encargado del Departamento Contencioso de la División Técnico Fiscal y de la Dirección de Servicios Jurídicos Interior del Departamento de Gestión Judicial de Cobro, e integrante de la Sala de Profesionales de la División Técnico Fiscal. Es edil del Partido Nacional por el departamento de Treinta y Tres y referente de la lista 40423, con base en Maldonado, que lidera Rodrigo Blás y apoya en lo nacional al candidato Álvaro Delgado.