El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue declarado en rebeldía por la Justicia boliviana tras una audiencia celebrada este miércoles, en la causa que lo investiga por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, tal como se conoce en delitos de lavado de activos en Bolivia, que prevé penas de hasta seis años de penitenciaría.

Según informó el diario El Deber, el juez de 28° turno Primo Flores, ante la no comparecencia de Marset, decidió declararlo en rebeldía y ordenó la incautación de sus bienes.

Allegados al caso en Bolivia dijeron a la diaria que existe una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilita a juzgar en ausencia del imputado por este tipo de delitos, pero también hay jurisprudencia que indica que no se puede condenar en rebeldía en ningún caso, por lo que ese punto será una buena parte del litigio.

El juez Flores ordenó la incautación de once autos y once inmuebles que pertenecían a la familia Marset. Según informó la Fiscalía, los inmuebles incautados, que surgieron tras la investigación que culminó con su fuga el 29 de julio de 2023, no estaban a nombre del uruguayo, sino que figuraban como titulares otros integrantes de su organización y serán entregados a la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, que funciona en la órbita del Ministerio del Interior.

Tras la detención en Madrid de la esposa de Marset, Gianina García Troche, una delegación de la Fiscalía paraguaya viajó a Santa Cruz de la Sierra para intercambiar información sobre la organización criminal y los avances en las causas penales que se llevan adelante en ambos países, que concretaron el pedido de extradición a las autoridades españolas.

El abogado de la familia Marset, Santiago Moratorio, viajó a Madrid para asesorar a García Troche en el juicio de extradición ante la Justicia española, que estará basado en el tratado de extradición entre España y Paraguay, que tiene prioridad frente a Bolivia para juzgar a García Troche, quien en Paraguay es requerida por los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales, por los que podría ser condenada a una pena de 22 años y seis meses de prisión.

Moratorio presentó un recurso de apelación sobre la decisión de la Justicia española de disponer prisión administrativa para García Troche mientras se desarrolla el proceso de extradición, algo que ahora deberá ser definido por un tribunal superior. La fiscalía paraguaya señaló a García Troche como responsable del Grupo San Jorge, al que pertenecía la empresa de servicio de autos de alta gama Total Cars, que fue instalada en Asunción en mayo de 2021 y que es investigada como una de las vías de lavado de activos.

La esposa de Marset fue detenida con su documento original el miércoles 17 de julio en el aeropuerto de Barajas, donde llegó de un vuelo proveniente de Dubái, donde se encuentran radicados sus hijos. Según la versión del abogado, García Troche decidió entregarse a las autoridades para resolver su situación judicial y por eso utilizó su documento de viaje.