El viernes 19 de julio, en el último día de su actuación como fiscal de corte adjunta, la fiscal Mónica Ferrero firmó la resolución por la que negó la pericia al celular de Alejandro Astesiano, una diligencia que buscaba acceder a las conversaciones entre el exjefe de seguridad presidencial y el presidente Luis Lacalle Pou. Esos chats habían sido excluidos de la investigación por disposición de la fiscal Gabriela Fossati, en octubre de 2022, quien optó por pedirle al presidente que buscara en su celular algunas palabras claves para investigar el caso.

La pericia había sido solicitada el 17 de julio por la actual fiscal del caso Astesiano, Sabrina Flores, e implicaba que la pericia fuera costeada por la Fiscalía General de la Nación, dado que por su complejidad requería enviarse al exterior. La diligencia surgió a raíz de la publicación de una captura de pantalla de un diálogo entre el presidente y su excustodio, de la que dio cuenta el periodista de la diaria Lucas Silva en su libro El caso Astesiano, que evidenció que Lacalle Pou estaba al tanto de un operativo policial que lideró Astesiano contra el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

Ferrero señaló como primer argumento para negar la pericia que Astesiano ya estaba condenado en la causa desde febrero de 2023, por lo que no podía continuar siendo investigado. Además, planteó que “se realizaron al celular en cuestión tres pericias” y que no existía un reglamento sobre el Fondo de Pericias de la Fiscalía General de la Nación. Otro punto mencionado por Ferrero fue que no existía sobre el celular un decomiso judicial, lo que consideraba como un requisito para proceder a la pericia.

La entonces fiscal de Corte adjunta también negó la dedicación exclusiva por seis meses solicitada por Flores para el principal investigador del caso Astesiano, que estaba repartiendo su tiempo de trabajo con la fiscalía de Lavado de Activos, las fiscalías departamentales y las fiscalías de Delitos Complejos que tenían causas de lavado o delitos precedentes.

La decisión de Ferrero molestó a los fiscales

En una comunicación interna de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) publicada este jueves por el diario El País, los fiscales aludieron a la decisión de la fiscal Ferrero y rechazaron la injerencia que implicó sobre la independencia técnica de los fiscales, por brindar argumentos sobre la causa en sí, cuando entienden que debió limitarse a razones de procedimiento o fondos.

En diálogo con la diaria, el presidente de la AMFU, Willian Rosa, señaló que el principio de independencia técnica de los fiscales está establecido en el artículo 5 de la Ley 19.483. “Ningún fiscal puede recibir una orden o una instrucción para actuar de determinada manera en un caso concreto, y cuando le decís al fiscal ‘usted no puede hacer esto’, le estás dando una instrucción de qué hacer en un caso concreto”, expresó.

Rosa añadió que un fiscal de Corte puede plantear cuestiones de forma, como no contar con los rubros o con elementos de gestión para cumplir con el pedido, pero “no tiene la potestad de valorar el mérito de las cuestiones”. “Lo que dice la resolución es que al teléfono se le hicieron tres pericias, y no está estipulado en ningún lugar cuál es el límite de pericias que se pueden realizar sobre un objeto incautado, no hay una norma, no hay una instrucción general, no hay nada, entonces entendemos que el fiscal general hace una valoración que transgrede la independencia técnica”, agregó.

Consultado sobre la mención a la necesidad de un decomiso judicial para proceder a la pericia, Rosa explicó que un decomiso implica que el Estado se quede con el objeto incautado, algo que no es un requisito para hacer una pericia, dado que un objeto puede ser periciado y luego devuelto a su propietario. “Eso pasa muchas veces con los teléfonos celulares, cuando incautás un teléfono celular que es para saber una cosa puntual y agotás la diligencia de investigación”, agregó.

El presidente de la AFMU señaló que el objetivo de la comunicación interna no era valorar la decisión de Ferrero sobre el caso concreto, sino advertir a los fiscales sobre un incidente de injerencia en la independencia técnica de los fiscales por parte de las autoridades, en tanto la defensa de esa independencia es considerada “una obligación primordial” para el consejo directivo de la AFMU.