Al mediodía del viernes, la esposa del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, será trasladada del Centro Penitenciario de Estremera, en Toledo, a la sala penal de la Audiencia Nacional de España, en Madrid, donde se realizará una audiencia oral en la que el tribunal se expresará sobre la legalidad de la extradición y si define que el proceso se ajusta a derecho trasladará su resolución al Consejo de Ministros responsable de autorizar la entrega al Estado paraguayo.

La Audiencia Nacional, que es un órgano de la Justicia española que actúa en materias como crimen organizado, narcotráfico o casos de delitos económicos relevantes por su impacto en la economía nacional, escuchará los argumentos de la defensa de la familia Marset y de la fiscalía paraguaya, como país requirente del proceso de extradición.

Si bien la discusión no puede ingresar en la determinación de la responsabilidad penal de García Troche, el artículo 7 del Tratado de Extradición entre Paraguay y España, contempla la posibilidad de discutir los delitos por los que el extraditable es requerido. La defensa de la familia de Marset, que lleva adelante el abogado Santiago Moratorio junto a otros colegas españoles, buscará el archivo del proceso de extradición apuntando a la falta de conexión entre los delitos que la Fiscalía paraguaya pretende imputarle a García Troche, que son blanqueo de capitales, asociación para delinquir, narcotráfico y lavado de activos, y la evidencia que tiene la carpeta de investigación penal.

Sobre ese punto, la defensa de García Troche presentará documentación para demostrar que la esposa de Marset no incrementó su patrimonio mientras vivió con él y nunca integró una sociedad con actividad comercial en Paraguay, dado que la única empresa que creó fue la empresa Grupo San Jorge, en mayo de 2021, y no llegó a estar operativa. También buscará demostrar que García Troche no tuvo vínculos con la empresa Total Cars, que es el medio señalado por el fiscal paraguayo Deny Yoon Pak para sustentar la imputación del delito de blanqueo de capital y lavado de activos, a partir de las ganancias obtenidas por la organización criminal.

Otro de los puntos que intentará la defensa de la familia es que el tribunal que integra la Audiencia Nacional considere la situación prevista en el literal C del artículo 7 del Tratado de Extradición que plantea como causal para rechazar la extradición, razones de tipo humanitario vinculadas a “las circunstancias personales de la persona reclamada”, algo en lo que podría incidir el hecho de que los hijos de la familia están radicados en España desde mediados del año pasado.

El 16 de julio, cuando García Troche ingresó con documento uruguayo a Emiratos Árabes Unidos donde vivían sus hijos, las autoridades de migración del Aeropuerto de Dubai no la detuvieron, pese a tener alerta roja de Interpol y optaron por expulsarla del país. García Troche fue enviada a España y detenida en el Aeropuerto de Barajas. Tras su detención, los niños fueron trasladados a Madrid, para no perder el vínculo con la madre. Si bien la defensa de García Troche pidió prisión domiciliaria en varias oportunidades, la Justicia española siempre la negó y la mantienen en arresto administrativo desde su llegada a España.

A todo esto, la fiscalía paraguaya tomó con preocupación el anuncio de la Secretaría Nacional Antidroga que a principios de diciembre reclamó el término de la cooperación entre ese organismo y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), un elemento clave en el avance de la investigación que culminó con el Operativo A Ultranza, donde fue desbaratada la organización liderada por Marset, el 22 de febrero de 2022. El fiscal de la causa, Yoon Pak advirtió en declaraciones al Washington Post que si la colaboración de la DEA termina nadie va a sostener la investigación contra Sebastián Marset.

La decisión, que daba por concluida la participación de la DEA en el programa de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) que permitió la mayor operación antidrogas de la historia paraguaya, tuvo sus marchas y contramarchas al punto que desde la propia Senad, a mediados de diciembre pidieron dejar sin efecto la rescisión del acuerdo, aludiendo a un aspecto administrativo y llamaron al organismo estadounidense a profundizar sus vínculos con otros organismos estatales paraguayos, como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

La idas y vueltas se dan en un contexto de finos equilibrios en la interna colorada por el vínculo entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Santiago Peña y el grupo liderado por el ex presidente Horacio Cartes, quien desde julio de 2022 es considerado por el Departamento de Estado como “significativamente corrupto” por obstruir investigaciones contra el crimen internacional, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones a su grupo empresarial.