El primer censo de personas privadas de libertad se llevó adelante en 2010. Fue en el marco de un convenio entre el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar) y el Ministerio del Interior. 15 años después, el segundo censo de personas privadas de libertad está en proceso. También se realizará en el marco de un convenio entre estas instituciones, y el liderazgo hasta ahora estuvo a cargo de la criminóloga Ana Vigna, que pasará a ser asesora del Ministerio del Interior a partir de la asunción del nuevo gobierno.
“Desde entonces, han tenido lugar notorias modificaciones en el sistema penitenciario, tanto a nivel institucional como programático. Al mismo tiempo, se han producido importantes cambios en la población privada de libertad en términos de su volumen (pasando de 8.775 personas en 2010 a más de 16.000 en 2024), así como en relación con sus perfiles poblacionales”, según cuentan en la convocatoria pública que se hizo para contratar a encuestadores para formar parte del trabajo de campo.
El censo busca recabar información socioeconómica, demográfica y de condiciones de vida de las personas privadas de libertad. La información obtenida será clave para el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la situación de esta población y optimizar los recursos del sistema penitenciario.
Vigna explicó a la diaria que “desde que se llevó adelante el primer Censo Nacional de Población Privada de Libertad en 2010 se han producido notorios cambios dentro del sistema carcelario, “tanto en lo que refiere a la dimensión institucional y programática como a los perfiles y necesidades de la población privada de libertad”. “Al mismo tiempo, la población encarcelada prácticamente se ha duplicado durante este período”, remarcó.
En este marco, “el segundo censo tiene como objetivo generar información precisa y actual acerca de las características básicas de la población sujeta a medidas privativas de libertad, así como de las condiciones de su reclusión”, dijo Vigna. “Se busca con ello generar insumos que permitan orientar mejor las decisiones de política pública penitenciaria, así como el conocimiento académico acerca de la temática”, señaló. El relevamiento tendrá lugar en todas las unidades penitenciarias del país durante febrero y marzo.
Por su parte, para Diego Sanjurjo, actual asesor del Ministerio del Interior que continuará en su cargo tras el cambio de gestión, fue importante que el segundo censo lo haga también el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. “Para no cambiar de actor, recurrimos nuevamente a un equipo del mismo departamento que está liderado tanto por la doctora Ana Vigna como por Eduardo Bottinelli, que trabaja también en la facultad”, indicó.
Para Sanjurjo, “evidentemente ha cambiado mucho” el sistema carcelario desde el primer censo. Por un lado, por el crecimiento de la cantidad de personas privadas de libertad. También porque desde entonces se creó el Sistema de Gestión Carcelaria (SGC), que “es una base de datos centralizada que permite tener el registro de todas las personas privadas de libertad”.
El asesor del Ministerio del Interior consideró que durante “este período de gobierno ha mejorado de manera muy considerable, tanto así que logramos crear el indicador de reincidencia penitenciaria”.
Esta base de datos “se reforzó, se volvió más consistente como para poder trabajar con ella y tener datos mucho más precisos”. “Ahora, lo que nos serviría realmente o lo que precisamos para poder trabajar en materia de resocialización es no tener únicamente los datos de registro de estas personas, es decir, nombre, apellido, edad, lugar de nacimiento, domicilio, etcétera, sino tener otros datos, dimensiones clave para lo que vendrían a ser programas de trato y tratamiento”, desarrolló Sanjurjo.
En este sentido, ejemplificó alguna de las dimensiones que podrían tomarse en cuenta: “Si tienen un consumo problemático de drogas, si tienen problemas médicos, temas de género, si tienen hijos, si tienen una discapacidad, su ascendencia étnico-racial, si han participado o participan en programas de tratamiento, qué perspectivas tienen en cuanto al egreso, cómo fue, cómo estuvo constituido su hogar, todo tipo de dimensiones e informaciones con las que hoy no contamos y que evidentemente son clave para poder trabajar con esas personas”.
Entonces, “este nuevo censo busca, por un lado, relevar toda esa información a nivel nacional de todas las personas privadas de libertad, pero a su vez también hemos transformado el sistema de gestión carcelaria como para que toda esa información censada pueda pasar a formar parte, con todas las reservas, evidentemente, de la ficha de cada persona privada de libertad”, dijo.
Esto es importante para que “los resultados del censo no queden en papel y en un informe escrito, como fue en 2010, sino que suban a la base de datos y se pueda empezar a trabajar con esto, y de manera agregada”. “También con vistas a que en el futuro no sea necesario, a lo mejor, hacer censos, sino que a cada persona que entra al sistema ya se le releve en todas estas dimensiones y queden también en su ficha”, afirmó, “más allá de que eso, evidentemente, requiere también algunos cambios que hoy todavía no están prontos”. “Ese debería ser nuestro objetivo a corto y mediano plazo para no tener que contratar censos en el futuro”, aseguró.
Según Sanjurjo, esto “se enmarca en otras mejoras importantes en las que hemos estado trabajando”. Por ejemplo, en la página web del Ministerio del Interior hay acceso a datos y estadísticas penitenciarias. “El Ministerio del Interior por primera vez está publicando datos, estadísticas, indicadores del sistema penitenciario, tanto del sistema carcelario como de las medidas alternativas”, resaltó.
Se puede descargar toda la información y además está todo en formato de datos abiertos. Para Sanjurjo, el acceso a la información es clave: “Si no tenés información, evidentemente no podés producir políticas de calidad, y si no transparentás la información, entonces tampoco el tema difícilmente pueda entrar en la agenda con la importancia que se merece”. Subrayó que “este es un paso muy necesario y también muy valiente por parte del Ministerio del Interior”. “Transparentar los datos de un sistema penitenciario que evidentemente no es el que debería ser, el que el país tiene que tener”, sentenció.