Un hombre compró una casa y, al poco tiempo, dos policías le tocaron la puerta. Le preguntaron si se encontraba Juan Carlos Esponda Martínez, les respondió que ya no vivía ahí, que se trataba del anterior dueño. Los efectivos policiales se fueron del domicilio y el hombre googleó el nombre del expropietario. Los resultados de la búsqueda arrojaron que Esponda Martínez fue un funcionario del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) durante la dictadura y es investigado por distintas desapariciones forzadas en el centro clandestino de detención y torturas La Tablada.

El episodio se repitió, los policías volvieron a tocar su puerta y preguntaron por Esponda Martínez. El hombre les respondió lo mismo, pero esta vez les preguntó por qué lo buscaban. Los efectivos policiales le dijeron que Esponda Martínez está requerido por la Justicia. El exfuncionario del OCOA es investigado por su participación en la desaparición forzada de Félix Ortiz y, por este caso, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió su procesamiento. También tiene una orden de captura a nivel nacional por la desaparición de Omar Paitta Cardozo, causa por la que fue juzgado en abril de este año junto con Enrique Uyterhoerven Castiglioni y Alberto Miguel Lombardi.

Al día siguiente, y en el marco de las obras que estaba haciendo en la casa, comenzó a excavar en su patio y encontró cuatro discos duros enterrados. El hallazgo fue el 17 de julio y el hombre decidió entregar el material a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia. Les transmitió a las autoridades que no tenía conocimiento del contenido de los discos duros y que en el acto de compraventa de la casa había comparecido la hija de Esponda en su representación.

La secretaría labró un acta notarial y le entregó el material a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad el 5 de agosto. Ese mismo día, el fiscal Ricardo Perciballe presentó un escrito ante el Juzgado Penal de 27° Turno, cuya jueza es Verónica Pena, en el que solicitó que se disponga la pericia de los discos encontrados, al que accedió la diaria.

El 8 de agosto, la jueza ordenó que los discos duros fueran periciados por la Policía Científica. Sin embargo, a principios de setiembre, el organismo del Ministerio del Interior informó a la fiscalía que “los discos se encuentran totalmente dañados lo que imposibilita realizar estudio solicitado”. Por lo tanto, el 2 de setiembre, el fiscal volvió a presentar un escrito en el que solicitó que se le consulte a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República si se encuentra en “condiciones de efectuar el estudio de los discos incautados y en definitiva extraer la información que obre en estos”. En caso de que la facultad no pudiese, Perciballe solicitó que se le pregunte si “tiene conocimiento de la existencia de alguna empresa del país o del exterior que pueda realizar el estudio”.

Ante la falta de respuesta de la jueza, Perciballe volvió a presentar un escrito el 1° de octubre. Además de reiterar la solicitud, el fiscal informó a la magistrada que, ante la espera de una “solicitud tan elemental”, se comunicó con el decano de la Facultad de Ingeniería, Pablo Ezzati, quien “realizó las consultas pertinentes y confirmó que dicha institución está en condiciones de realizar la pericia”. Por lo tanto, Perciballe reiteró el pedido puntualizando que se trata de un “tema de Estado”, dado que los discos incautados podrían “llegar a tener información sobre el destino de los detenidos desaparecidos que aún no se han ubicado. O por lo menos, ese es el objeto principal de la pericia”.

Este lunes, según confirmó la diaria, Perciballe presentó un nuevo escrito ante la jueza, solicitando nuevamente que se realice una pericia a la brevedad, dado que hasta el momento no se ha ordenado un nuevo análisis de los discos.