La jueza de Crimen Organizado de 2° turno, Diovanet Olivera, rechazó la prisión domiciliaria pedida por la fiscal Sandra Fleitas para el exsenador Charles Carrera en la causa que investiga irregularidades durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI) entre 2010 y 2017. También negó imponerle al exlegislador la prohibición de expresarse en redes sociales o ante la prensa, tal como reclamó Fleitas.
Olivera descartó que Carrera haya intentado entorpecer la investigación y dispuso la extensión por 120 días de las medidas que ya estaban vigentes, fijación de domicilio y cierre de fronteras.
“Me voy con la tranquilidad de que tuve mi día ante el tribunal, que primó el Estado de derecho y la democracia que tenemos en nuestro país”, expresó Carrera a la salida de la audiencia y resaltó el rol de la jueza de garantías para proteger su derecho a la libertad de expresión. “Jamás se puede cuestionar a una persona que ejerza el derecho a denunciar, el derecho a defenderse, el derecho a ejercer la libertad de expresión. Yo renuncié para ejercer mi derecho como ciudadano”, señaló, y agradeció a quienes se solidarizaron con él desde diferentes partidos.
Carrera calificó de “absurdas” y “abusivas” las medidas solicitadas por la fiscalía, recordó la exposición mediática que tuvo el caso desde 2022 y reiteró que “fue una causa armada por Luis Alberto Heber, que fue el ministro del Interior cuando se hace esta denuncia” como respuesta a la denuncia realizada por Carrera sobre la negociación que culminó con la adjudicación de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo para Katoen Natie, hasta 2081. “En este momento tan especial que está viviendo nuestro país, me voy con la tranquilidad de que hoy primó la justicia y que habló el juez”, agregó.
La fiscal Sandra Fleitas en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez.
Foto: Alessandro Maradei
El exlegislador dijo que no quiere que los cuestionamientos que realiza a la fiscal Fleitas sean críticas atribuidas a la Fiscalía como institución. “En nuestro país rige plenamente la división de poderes; ahora comienza el juicio; me voy con la tranquilidad de que voy a recorrer todos los caminos para defender mi inocencia”, afirmó.
La investigación penal, que comenzó con una denuncia del MI en julio de 2022, se centra en la entrega de tickets alimentación por 20.000 pesos, entre enero de 2013 y octubre de 2016, y la atención en el Hospital Policial, entre julio de 2013 y diciembre de 2016, de Víctor Hernández, quien fue víctima de una bala perdida, presuntamente disparada desde la casa de un funcionario policial en La Paloma, en noviembre de 2012.