La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Tercer Turno, a cargo de Gilberto Rodríguez, acordó un nuevo proceso abreviado en la causa que investiga la maniobra de desvío de aproximadamente un millón de dólares del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). El martes, el juez de Crimen Organizado de 1º Turno, Fernando Islas, condenó a Stella Rey, encargada de hacer cientos de transferencias irregulares durante 2024, por los delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y lavado de activos mediante la modalidad de posesión y tenencia.

La denuncia fue presentada a fines de enero por parte de las autoridades del Fosvoc, que está integrado por representantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y la Cámara de la Construcción. Las irregularidades salieron a la luz cuando Rey se tomó licencia en diciembre de 2024 y la trabajadora que la reemplazó notó movimientos extraños en las cuentas.

Rey, que trabajaba en el fondo desde 2005, era jefa del departamento y se encargaba de realizar el pago de salarios a los trabajadores del fondo a través de transferencias bancarias y, a partir del año pasado, comenzó a pagar a proveedores también mediante pagos electrónicos (antes se hacía mediante cheques que eran firmados por la comisión administradora del Fosvoc).

La trabajadora que ocupó el lugar de Rey durante su licencia notó que entre abril y noviembre de 2024 había múltiples pagos a terceros, sin comprobantes ni justificaciones. El Fosvoc dispuso una auditoría externa, que constató que Rey había realizado 193 transferencias bancarias irregulares, a 15 personas, por 35,6 millones de pesos y 17.500 dólares.

En su declaración ante la Fiscalía, según contó la fiscal adscripta Claudia Gómez, Rey dijo que el año pasado estaba “enfrentando muchos problemas personales” y eso repercutía en su trabajo. En ese marco, Bruno Bertolio, uno de los tres exdirigentes del Sunca condenados en junio y presidente por ese entonces de la comisión administradora del Fosvoc, le propuso participar en el esquema ilícito y realizar transferencias bancarias a las cuentas que él le proporcionaba a cambio de dinero.

La fiscal puntualizó que se pudo corroborar que Bertolio le transfirió un monto aproximado de 3.950.000 pesos en ese período y que quedó claro que Rey “redireccionó dinero del fondo apartándolo de su fin legalmente establecido, en provecho propio y de terceros, dinero cuya disponibilidad tenía en su órbita de acción, lo cual configura claramente uno de los delitos que pretendemos imputar hoy, que es el de la apropiación indebida”.

En cuanto a los delitos de asociación para delinquir y de posesión y tenencia previstos en el artículo 31 de la Ley 19.574 (Ley Integral contra el Lavado de Activos), Gómez señaló que “las operaciones detalladas y transferencias han dado cuenta de un conjunto de acciones coordinadas tendientes a la obtención de un provecho que comprometió la participación de varios actores con distintos desempeños de roles, ya que en efecto algunos transferían dinero, como en el caso de la señora Rey, otros determinaban a quién, otros lo recibían, otros lo derivaban a terceros, permitiendo así que el flujo de este dinero, que proviene del fondo, se consolidara en una ruta diseñada”.

Además, la fiscal señaló que ese movimiento de dinero derivó en la adquisición de bienes, que está siendo investigado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, y planteó que quedó demostrado que Rey “no se limitó a la mera tenencia [del dinero], sino que también a su utilización para fines netamente personales” y señaló que la fiscalía cuenta con una lista de lugares donde Rey realizó compras con el dinero derivado del esquema ilegal.

Por otra parte, la Fiscalía recibió reporte del Banco Central del Uruguay, que constató que Rey tenía en una cuenta con 352.471 pesos y se dispuso su bloqueo. El juez finalmente determinó que el dinero decomisado fuera puesto a disposición de la Junta Nacional de Drogas, como prevé la normativa.

El testimonio de Rey

Durante la audiencia, Rey hizo uso de la palabra y dijo que tenía en claro que había cometido un delito. Señaló que, en su momento, no había percibido la “gravedad” de su accionar, sino que lo hizo meses después cuando se dio cuenta “que en realidad lo que habían sido afectados eran los trabajadores de la construcción y no la empresa en la que trabajaba”.

El Fosvoc es administrado por una comisión bipartita integrada por representantes de las cámaras empresariales y del Sunca, y su objetivo es dar apoyo económico para que trabajadores del sector accedan a una vivienda propia o puedan reformar su casa. Para eso, se nutre con el aporte mensual de trabajadores y empresarios, que implica una retención de 0,025% para ambos.

“Influyeron sobre mí, pero yo cometí el delito; yo dejé que influyeran sobre mí”, afirmó. Rey planteó que tiene una “situación familiar complicada”, dado que tiene a cargo a su madre y a su hija, que tienen problemas de salud, y, por esos motivos, pidió cumplir con la condena en su casa.

Rey finalmente fue condenada a una pena de dos años y cuatro meses de penitenciaría. De todas formas, su defensa, a cargo de Héctor Di Giacomo, solicitará una sustitución de la medida, algo que está previsto en el Código del Proceso Penal, y para lo que se desarrollará una nueva audiencia.

Goldaracena: “Me gustaría que se aclare la ruta del dinero”

Luego de la audiencia, el abogado Óscar López Goldaracena, que patrocina al fondo, destacó que se logró una condena a la “principal responsable” de la maniobra delictiva y aclaró que Rey fue la encargada, la “ejecutora material de los hechos”, y su condena se sumaba a la de uno de los “autores intelectuales”, en referencia a Bertolio, pero planteó que era necesario continuar con la investigación.

En ese sentido, manifestó que espera que en las próximas semanas continúen las actuaciones de la fiscalía, a efectos de “ir cerrando la responsabilidad de aquellas personas que participaron, como se dice vulgarmente, como mulas financieras, en esa ruta del dinero”.

López Goldaracena puntualizó que el Fosvoc fue “desfinanciado por un millón de dólares”. “Es dinero de los trabajadores, y de alguna manera tiene que ser reparado”. “Me gustaría aclarar la ruta del dinero, a dónde fue ese dinero, y si hay más involucrados, que paguen con la responsabilidad que les corresponda”.

Rodríguez: “Hasta ahora no hay evidencias” de que haya ido al PCU o al Sunca

En junio, a la salida de la audiencia en la que fueron condenados tres exdirigentes del Sunca, Rodríguez dijo que “en principio” aparecía “de manera bastante sólida, consolidada” la idea de “que parte de ese dinero” iba para el financiamiento del Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Sunca y, en ese sentido, sostuvo que era una posibilidad citar a Óscar Andrade y Daniel Diverio como indagados.

Sin embargo, el jueves señaló que “hasta ahora no hay evidencias” de que eso haya sucedido, aunque planteó que “tampoco se descarta nada”. “Hay mucha información que tiene que ser evaluada, hay oficios que tienen que ser diligenciados” y “cualquier respuesta que pueda dar es absolutamente aventurada”, apuntó.

El 2 de octubre, entrevistado en Desayunos informales, Rodríguez hizo referencia a sus dichos de junio y precisó: “Yo lo dije porque en ese momento fue una información traída no sólo por las personas que fueron condenadas, sino porque la fiscalía tenía más información que se decía respecto de eso. Sobre ese punto se fue trabajando, se sigue trabajando y si bien es una teoría o un hecho que no aparece firme, tampoco está descartado”.