El secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ivan Marques, participó esta semana en la celebración de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio del Interior para realizar un diagnóstico sobre el control de armas de fuego en nuestro país, una de las prioridades que se fijó la gestión de Carlos Negro para este quinquenio.

En entrevista con la diaria, Marques, que es experto en seguridad pública y derechos humanos, destacó que nuestro país, durante años, tuvo altos niveles de tenencia de armas que convivían con bajas tasas de homicidio, pero eso cambió y es necesario poner el foco en este tema. “El problema de armas no está aislado de otros problemas cuando hablamos del crimen organizado internacional”, puntualizó.

También se refirió al operativo policial contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro, Brasil, su país de origen, y fue categórico al decir que “ninguna operación policial, desde cualquier punto de vista, debería celebrar un operativo que resulta en muertes”. “En el caso de Río de Janeiro, donde fueron más de 120 muertes, me parece que si hubo cualquier tipo de planificación, falló completamente, y el resultado fue el peor posible”, afirmó.

Explicó el apoyo que recibió esta operación en las encuestas posteriores recordando que “la ciudadanía tiene miedo y no se presentan soluciones a sus problemas diarios”, pero en contraposición a estos operativos destacó que las estrategias que siguen la ruta del dinero hacen un “daño enorme y lastiman muchísimo al crimen organizado porque desestructuran este ecosistema que se organizó para un único fin, que es ganar dinero”.

Esta semana, la OEA y el BID celebraron un acuerdo con el Ministerio del Interior para abordar el tráfico de armas. ¿Qué implica ese acuerdo?

La OEA, como el BID, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la CAF [Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe] estamos en una especie de junta que está apoyando al Ministerio del Interior y al gobierno de Uruguay, de una manera general, en la construcción del Plan Nacional de Seguridad. Entonces, como consideramos que la comunidad internacional está representada en este plan, estamos trayendo un brazo más operativo. Dentro de todo este conjunto de organizaciones, el BID y la OEA se juntaron, y eso es una innovación institucional para apoyar a Uruguay a desarrollar un diagnóstico sobre las capacidades del Estado uruguayo para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos. Es una investigación que va a propiciar, obviamente, resultados que puedan influenciar la toma de decisiones y la producción de políticas públicas específicas dentro de este paraguas del Plan Nacional de Seguridad.

Como parte de esa junta que apoya la iniciativa del Ministerio del Interior, ¿cómo estás viendo el desarrollo del Plan Nacional de Seguridad?

Uruguay es muy especial porque consigue traer a un diálogo a mucha gente que no necesariamente piensa igual. La construcción colaborativa es muy difícil de encontrar en otros lados, más aún cuando estamos trabajando en políticas públicas de seguridad. Es un momento para aprovechar la oportunidad y avanzar con una propuesta que sea verdaderamente aceptada y construida a muchas manos. Lo que se propone en este plan es una reestructuración frente a los desafíos y los retos que son muy actuales. Nosotros como región muchas veces estamos operando bajo regulaciones, protocolos y leyes que no están actualizadas frente a los riesgos y a las amenazas que tenemos hoy con la transnacionalización del crimen organizado y la diversificación de los delitos, en lo que llamamos convergencia criminal. La convergencia criminal es básicamente lo que hacen las gangs, las pandillas, las maras, cuando hablamos de Centroamérica; se trata de organizaciones delictivas que se utilizan muchas veces en las rutas de tráfico de drogas, pero de una manera diversificada para aprovechar la estructura ya creada para otros ilícitos. Hoy es imposible disociar el tráfico de drogas del tráfico de armas. En muchos lugares, con algunas diferencias de región a región, tampoco se puede disociar de la trata de personas, de la minería ilegal del oro o del contrabando de cigarrillos. Hay mucha diversificación, pero todas estas actividades corresponden o sirven a una misma red criminal, que no tiene más las características del pasado. No vamos a encontrar más, por ejemplo, a un Pablo Escobar, es decir, no vamos a encontrar a un jefe del crimen que lo va a controlar todo. Está muy repartido el modelo de gobernanza de la criminalidad. La situación actual de Uruguay, como vemos de manera general -y ahí no estamos hablando específicamente de este apoyo con el diagnóstico de armas-, es que está en una etapa menos avanzada en infiltración de la criminalidad en el Estado y el dominio de territorios, porque aún no es un mercado tan valioso para estas redes como son otros, como Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, algunas islas del Caribe, que se transformaron en verdaderas zonas de guerra, justamente porque creció el interés en estas rutas. Eran países de tránsito, pero ahora el propio concepto de país de tránsito ya no existe.

En los últimos años, Uruguay también dejó de ser un país sólo de tránsito y pasó a ser uno de acopio de droga.

Existe evidencia para decir que Uruguay es un país de acopio y lo que está pasando ahora es que muchos narcotraficantes están pagando a sus intermediarios, a los que antes servían como vehículo para el tránsito o el acopio, con drogas. Con eso crece también la violencia armada en este país, porque hay una disputa de las pandillas locales, de quién va a ser el controlador de este mercado que nace a partir de esta diferencia de dinámica, de cómo se transporta la droga, cómo se la distribuye, cómo se la manda a Europa y a Estados Unidos.

Sin embargo, decías que Uruguay está en una etapa distinta a la de otros países de la región. ¿Qué lo coloca en una escala distinta?

No hay evidencia en Uruguay para decir que el país tiene infiltrados del narcotráfico en su gobierno o en sus liderazgos comunitarios. Obviamente, hay pandillas locales, hay crimen organizado local, pero a nivel familiar y a nivel de barrio. No hay un territorio dominado, como vemos en otros lados, como en Brasil o en México, donde las pandillas controlan el territorio y cumplen con una función muchas veces que es la del propio Estado. Aquí no hay un lugar donde la Policía no pueda entrar o no tenga dominio. Eso facilita la construcción de políticas públicas que puedan, justamente, prevenir que Uruguay se transforme en lo que se transformó en muchas partes mi propio país, Brasil.

Muchos especialistas en seguridad advierten que Ecuador y Costa Rica eran países similares a Uruguay, pero que en los últimos años la tasa de homicidios se disparó, así como la de otros indicadores delictivos. ¿Cómo se dio este cambio y qué puede hacer Uruguay para prevenirlo?

Es importante entender que tanto en Ecuador como en Costa Rica el problema no apareció de un día para el otro. Las pandillas locales con estos actores de crimen organizado transnacional fueron conquistando también espacios importantes dentro del sistema penitenciario, que es otra cosa que es importante incluir en este Plan Nacional de Seguridad, un cuidado especial al sistema penitenciario. Las rutas que pasan por Ecuador y por Costa Rica nacieron de la facilidad que encontraron para involucrar a agentes del Estado. No hay crimen organizado sin corrupción. Entonces, la idea es, en el momento que está Uruguay, que tiene una fase menos avanzada del crimen organizado dentro del Estado, dentro de las comunidades y de los territorios, reforzar esta institucionalidad para que tengamos más Estado presente y menos espacios a ser ocupados por el crimen organizado.

Más allá de que el objetivo es avanzar en un diagnóstico sobre el tráfico de armas en Uruguay, ¿cómo está parado actualmente respecto de los países de la región?

Uruguay siempre fue uno de los países con mayor tenencia de armas por parte de civiles conviviendo con bajas tasas de homicidios o de violencia armada. Eso es perfectamente posible. Sin embargo, en los últimos años la cuestión de la violencia armada ha aumentado y eso pasa por este combate al crimen organizado transnacional de manera general. La violencia es algo que no necesariamente está conectado con las armas, pero sabemos que con más armas en circulación, más espacio para que el crimen organizado y el crimen en general tengan acceso a estas armas. Un país que no tenía problemas de violencia, aunque bastante armado, ahora pasa a tener problemas. Con eso viene un poco la actualización de que todos los países, no sólo Uruguay, tienen que revisar sus legislaciones, sus protocolos, e incluso la manera en como están trabajando los delitos de manera general. En un caso de homicidio, si la Policía encuentra el arma y, por tanto, la materialidad necesaria para que el proceso de justicia criminal pueda seguir, poco importa de dónde surgió esta arma. Idealmente, tenemos que investigar cómo esta arma llegó a las manos de esta persona, si se desvió de un arsenal estatal, de una empresa de seguridad privada, si fue comprada dentro de la regulación. Los problemas actuales de violencia armada están conectados con todos estos otros delitos transnacionales, y cada vez más va en aumento por el problema de dominación de territorios, control de rutas y corrupción. El problema de armas no está aislado de otros problemas cuando hablamos del crimen organizado internacional, pero la buena noticia es, justamente, que los países ya tienen evidencia y herramientas, desde protocolos de investigación hasta cambios legislativos posibles. No se trata de si se puede o no tener armas, sino de sacar armas ilegales de las manos de criminales. Eso es lo que una estrategia de control de armas seria y responsable debería priorizar.

La semana pasada se llevó adelante un megaoperativo en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, que dejó más de 120 muertos y es considerado el más sangriento en la historia de la ciudad. ¿Qué balance hacés del abordaje policial y sus posteriores consecuencias?

Lo que pasó en Río de Janeiro es verdaderamente un desastre. No hay otra justificación, no hay otra manera de decirlo. Cualquier operación de la Policía que resulta en muerte debe ser analizada desde el punto de vista del fracaso, porque algo falló. Ninguna operación policial, desde cualquier punto de vista, debería celebrar un operativo que resulta en muertes. En el caso de Río de Janeiro, donde fueron más de 120 muertes, me parece que si hubo cualquier tipo de planificación, falló completamente, y el resultado fue el peor posible. La operación de Río de Janeiro empieza con una falta de Estado, es lo que comentábamos antes de en qué etapa está Uruguay frente al crimen organizado transnacional. En el caso de Río de Janeiro son territorios dominados por grupos criminales que ya tomaron el lugar del Estado. Entonces, lo que pasó en Río de Janeiro por este dominio de territorios en las manos de los criminales es muy parecido a una guerra convencional, en la que hay una fuerza que combate a otra fuerza y eso resulta en muchos muertos. En un escenario urbano, en el que hay gente que no tiene nada que ver con el conflicto entre el narcotráfico y la Policía, este tipo de operación debería tener otra naturaleza. Está más que consagrado el tema de seguir la plata, lo que se conoce como el follow the money, en operaciones contra el narcotráfico. La elección por un conflicto armado, dentro de un ambiente urbano, es claramente una señal de que algo se pensó mal en la fase de planificación y que, una vez constatada la necesidad de confrontación directa, que resultó en tantos muertos, también hubo fallas en el lado operativo. No quiero decir con eso que la Policía no pueda entrar en un enfrentamiento con criminales, es parte de su trabajo y de su naturaleza, pero 120 muertos o más es algo que no debería ser normalizado, muy por el contrario. La comunidad internacional, no sólo los brasileños, no sólo el gobierno de Brasil, sino también el gobierno responsable por esto, que es el gobierno del estado de Río de Janeiro, debería dejar de normalizar el resultado de las muertes dentro de operaciones policiales. Eso vale para Río de Janeiro y para todas las operaciones militares y policiales en las Américas.

¿Cómo se explica que el operativo haya sido visto con buenos ojos por parte de la gente que vive en la ciudad y el estado, según encuestas realizadas posteriormente?

Yo veo -y acá hablo también desde el punto de vista más general, porque es algo que pasa en Brasil, pero también pasa en otros lados de nuestra región- que la ciudadanía está cansada. La ciudadanía tiene miedo y no se presentan soluciones a sus problemas diarios. El trabajador o la trabajadora que sale de su casa y todos los días o casi todas las semanas se encuentra con alguien que le va a robar el celular, que aún está pagando no sé en cuántas cuotas, quiere una solución inmediata, no una solución que va a funcionar en tres o cuatro años. Al mismo tiempo, las soluciones políticas están trayendo este tipo de operaciones, que dan una señal muy clara de enfrentamiento, una imagen de coraje, una imagen de que estamos solucionando el problema, porque estamos enfrentando el crimen de la manera más primaria posible, pero eso no soluciona la situación original, de inseguridad, de miedo. Veo una tendencia a apoyar este tipo de operaciones, pero a un precio muy alto, el precio de la libertad, del Estado democrático de derecho. Pero con una autocrítica necesaria, de que las instituciones judiciales y el sistema penitenciario no están mostrando resultados satisfactorios a la población que siente y vive con miedo y bajo el dominio, en muchos territorios, como en el caso de Río de Janeiro, del propio crimen organizado. No podemos pedir paciencia o tolerancia a la gente que todas las semanas sufre la violencia armada, y ahí nace obviamente esta sensación de que [con estos operativos] están haciendo algo. Pero desde el punto de vista de la supervivencia del Estado democrático de derecho, de la propia democracia, de la propia capacidad de convivencia de una sociedad, es insostenible. Es el tipo de acción que puede traer una sensación de seguridad momentánea, pero eso no perdura en el tiempo.

¿Qué consecuencias se pueden esperar después del operativo?

En el caso de territorios dominados por organizaciones de crimen organizado, que tienen sus liderazgos bastante descentralizados, lo que va a pasar es que van a ser reemplazados. Los que operan el narcotráfico en Río de Janeiro ya fueron reemplazados al día siguiente. El resultado es una comunidad traumatizada, una comunidad que no ve diferencia en su vida cotidiana porque al día siguiente ya se reemplazan las personas que estaban involucradas con el tráfico, que son cada vez más jóvenes. La dinámica criminal actual es distinta, y con enfrentamientos a bala no vamos a ganar esta guerra contra el narcotráfico. Hay otras maneras de hacerlo, como la cuestión de follow the money, de buscar quién tiene más ganancia en este ecosistema del crimen organizado.

Se toma como ejemplo de la estrategia de seguir la ruta del dinero la operación Carbón Oculto en San Pablo, que apuntó contra el esquema de lavado de activos de la organización criminal Primer Comando Capital. ¿Qué características tuvo? ¿Hubo algún tipo de enfrentamiento armado?

Ningún disparo. Esta operación buscó justamente el lado financiero de lo que hoy quizás es el grupo organizado más fuerte entre los grupos criminales de Brasil, porque ya se transnacionalizó. Se llamó Carbón Oculto porque estaban localizados en gasolineras, que en apariencia eran negocios lícitos, pero estaban siendo utilizados para lavar dinero. Entonces son operaciones así las que hacen un daño enorme y lastiman muchísimo al crimen organizado, porque desestructuran este ecosistema que se organizó para un único fin, que es ganar dinero. Con todos los disparos, todas las muertes, todos los fusiles, todos los cuerpos que resultaron de la operación de Río de Janeiro, no tengo dudas de que ya fueron reemplazados al día siguiente, y la venta de cocaína, de marihuana, de drogas sintéticas sigue igual que el día anterior. En este caso, la operación que fue organizada por aduanas y un conjunto de organismos estatales que no necesariamente tienen que ver con el combate primario del crimen organizado seguramente tuvo más resultados positivos hacia el futuro y la inestabilización del crimen organizado que la operación en Río de Janeiro.