El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, pedirá la formalización del proceso contra Maximiliano Rodríguez, el responsable de Pasfer SA, una de las tomadoras de ganado de Conexión Ganadera. Según informó El Observador y confirmó la diaria, los delitos que el fiscal pretende imputarle son apropiación indebida y falsificación ideológica.
Fuentes de la investigación dijeron a la diaria que la fiscalía buscaba cerrar la investigación contra Pasfer SA antes de fin de año, pero finalmente la audiencia de formalización quedará para febrero. Si bien la defensa de Maximiliano Rodríguez buscó alcanzar un acuerdo reparatorio con los damnificados, hasta ahora no hay demasiados avances sobre ese punto, por lo que se espera que se concrete la formalización con medidas cautelares. Por la naturaleza de los delitos, el fiscal no está obligado a pedir la prisión preventiva contra Rodríguez.
En su última declaración en Fiscalía, el contratista manifestó su disposición a indemnizar a los 62 damnificados que firmaron contratos con Conexión Ganadera y Pasfer SA. La fiscalía investiga la transferencia de 23 millones de dólares desde Conexión Ganadera a Pasfer SA y el vaciamiento de los campos de la tomadora, ubicados en Puntas de Ayala, en Treinta y Tres. La versión de Maximiliano Rodríguez es que el dinero fue transferido por adelantos de venta, que era la modalidad en la que habitualmente trabajaba, pero no pudo explicar el faltante de más de 4.950 cabezas de ganado en sus campos. La fiscalía investiga si ese ganado se compró o si los registros de compra fueron falsificados.
Hijas de Gustavo Basso denunciadas por lavado de activos
En otro orden, las hijas de Gustavo Basso, Agustina y Candelaria, y Alfredo Rava, el yerno del fundador de Conexión Ganadera, fueron denunciados por lavado de activos por los abogados Santiago Alonso, Graciana Abelenda, Leonardo Costa y Joaquín Bonaudi, según informó El País.
En la denuncia, a la que accedió la diaria, los abogados plantean que la familia Basso continuó cobrando la deuda que el frigorífico Casablanca tenía con Conexión Ganadera luego del fallecimiento de Basso –ocurrido en noviembre de 2024 en un siniestro de tránsito no accidental–, burlando así el embargo por 250 millones de dólares y el proceso de concurso que tiene como cometido proteger la mayor cantidad de activos de la empresa para distribuirlo entre los 4.300 damnificados.
Tras la muerte de Basso, la familia planteó que la deuda que tenía Frigorífico Casablanca con Basso alcanzan los 20.354.000 dólares. Durante el proceso de concurso del frigorífico, la sindicatura detectó pagos a los herederos de Basso, que se presentaron como acreedores en ese proceso, por más de 1.396.000 dólares, correspondiente a clientes que transferían directamente a las cuentas de la familia, mientras que el síndico de Conexión Ganadera, Alfredo Ciavatone, detectó 14 transferencia realizadas luego de la muerte de Basso por un total de 280.000 dólares.
“Si Gustavo Basso a través del escritorio rural vendió al Frigorífico Casablanca ganado adquirido y mantenido gracias al dinero de cada uno de los inversores –dinero obtenido en virtud de la estafa pergeñada con sus socios Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral–, entonces los pagos acreditados en la cuenta de Agustina Basso y Alfredo Rava constituirían cuanto menos un delito de asistencia al lavado, sino una participación directa en el delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia”, señala la denuncia presentada por los abogados de los damnificados.
Además, señalaron que tanto las hermanas Cabral como Rava habrían incurrido en el delito de encubrimiento respecto a los delitos cometidos por los tres socios fundadores de Conexión de Ganadera ya imputados en la causa, agregando también que no corresponde aplicar la exención planteada por el artículo 42 del Código Penal, que exonera de responsabilidad por el delito de encubrimiento a favor de parientes, dado que los denunciantes entienden que las hermanas Basso y Rava son “beneficiarios directos” de los delitos cometidos.