El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó los avances en seguridad en estos nueve meses de gestión y calificó el intercambio para la elaboración del Plan Nacional de Seguridad como “un espacio exitoso en convocatoria, desarrollo y producto”.
“Tenemos claro que la seguridad no puede esperar, por eso trabajamos a diario”, expresó el ministro, y destacó que la gestión apunta a los problemas estructurales de la criminalidad y la violencia. Subrayó que se logró la imputación de los principales referentes de varios grupos criminales que operaban a nivel nacional y departamental.
“Vamos detrás del dinero del crimen porque sabemos que es lo que más les duele”, comentó, y detalló que hay un 55% de aclaración de homicidios y se ha avanzado en el combate contra el cibercrimen. “Logramos una baja prácticamente de todos los delitos: presentó un descenso generalizado de un 5,3%”, afirmó.
Por su parte, el asesor del Ministerio del Interior (MI) Emiliano Rojido se refirió a las propuestas que surgieron de las cinco rondas de los Encuentros por Seguridad, un espacio de diálogo que servirá como insumo para el desarrollo del Plan Nacional de Seguridad, que se presentará en marzo del año que viene.
“¿Seremos capaces los uruguayos de trascender la excusa, la culpa del otro, el oportunismo electoral, la tentación de la coartada fácil?”, continuó el coordinador del plan, quien destacó que luego de los encuentros está convencido de que Uruguay tiene la posibilidad de concretar una política de Estado.
En los encuentros participaron aproximadamente 79 instituciones, entre las que se destacó la presencia de 28 agencias del Estado, 23 empresas y sindicatos, 15 organizaciones de la sociedad civil, ocho universidades y think tanks y cinco partidos políticos. Los problemas prioritarios que se identificaron fueron cinco: homicidios, violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes, armas de fuego y municiones, narcotráfico, ciberdelito y fraudes informáticos.
Por otra parte, se presentaron 92 propuestas en total: 23 estuvieron vinculadas al eje de violencia basada en género y contra niñas, niños y adolescentes, 21 al sistema de justicia criminal, 15 al sistema de prevención del delito y la violencia y 12 al narcotráfico. Por último, 21 de las propuestas estuvieron orientadas a los homicidios, las armas de fuego y municiones y al ciberdelito y los fraudes informáticos.
Las propuestas por ejes temáticos
En el caso de los homicidios, Rojido mencionó que se propuso, entre otros temas, “crear comisarías de contexto crítico en las cinco zonas más violentas de Montevideo”, generar un “protocolo interinstitucional para intervenir con heridos de arma de fuego” y “crear una fiscalía penitenciaria y que las de homicidios atiendan tentativas”.
Otras iniciativas, relacionadas con la violencia basada en género, fueron el fortalecimiento de la respuesta judicial y la protección a las víctimas por medio de la expansión nacional de las cámaras Gesell y la capacitación de operadores. Al respecto, Rojido explicó que la expansión de las cámaras por todo el país sería de una medida concreta para que puedan tomar declaración en todo el país a niños, niñas y adolescentes. “Hoy tenemos tres cámaras que viajan por el país y esto supone demoras y un montón de problemas para la realización de la justicia en una población extremadamente vulnerable”, puntualizó.
También se propuso “crear canales de denuncia especializados, incluyendo plataformas online seguras [Plan Ceibal] y una línea telefónica para adolescentes testigos de violencia basada en género”. “¿No será que podremos utilizar el Plan Ceibal para identificar casos de abuso, para comunicarnos con estos niños y, de manera muy cuidadosa, también tener allí información que nos permita prender alertas y abordar las situaciones de violencia?”, se preguntó Rojido.
En relación con armas y municiones, Rojido puntualizó que Uruguay no tiene datos y está, por lo tanto, “a ciegas”, ya que “hay grandes deficiencias en materia de información”. “Necesitamos un sistema de información que nos permita conocer lo que está pasando, que sea auditable, que nos permita tener trazabilidad sobre las armas, sobre las municiones, que sea interoperable, que reúna de alguna manera datos de distintas instituciones”, señaló. En ese sentido, contó que se propuso “controlar la venta de municiones”, crear un “seguro obligatorio de armas” y “reabrir la ventana de registración y entrega voluntaria con incentivos”.
En cuanto al narcotráfico, se propuso “fortalecer la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía”, “reforzar los mecanismos de control fronterizo y de seguridad postal” y “fortalecer la inteligencia penitenciaria para evitar operaciones desde las cárceles”.
También se planteó tomar medidas vinculadas a los otros ejes de prioridad, entre ellas, crear “una especialización en cibercrimen, forensia digital y marco jurídico, para operadores del sistema de justicia y en la Universidad de la República”, “casas de seguridad para la protección de testigos en alto riesgo” y la creación de una “comisión de seguridad público-privada”.