La Justicia imputó a un ciudadano argentino responsable de la empresa en la que fueron encontrados 52 trabajadores en situación de explotación laboral, a pedido del fiscal del caso Joaquín Suárez.
Durante la audiencia de formalización se dispuso la formalización del proceso contra el hombre por un delito de reducción de personas a la servidumbre o trabajo forzoso, previsto en el artículo 280 del Código Penal, y la prisión preventiva por 90 días como medida cautelar, mientras se investiga el caso. Además, hay otra persona sobre la que se dispuso cierre de fronteras y fijación de domicilio.
La investigación penal fue iniciada en junio a raíz de una denuncia anónima, que culminó con el Operativo Incaico, en el que se efectuaron dos operativos simultáneos en una chacra vinculada a una empresa citrícola y forestal y otro inmueble, con el apoyo de las jefaturas de Policía de Paysandú y Salto, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Desarrollo Social.
En total fueron identificadas 52 víctimas, 51 hombres y una mujer, de los cuales 14 son ciudadanos peruanos y 38 argentinos. 11 ciudadanos peruanos declararon como víctimas bajo la modalidad de la cámara Gesell.
En un comunicado del MTSS, se informó que los trabajadores fueron encontrados en “total informalidad en cuanto al no registro en la seguridad social de la inmensa mayoría, y condiciones de trabajo absolutamente deplorables”. “Las inspecciones verificaron situaciones que implicaban riesgo para la vida y la salud: instalaciones eléctricas precarias, herramientas sin protección, falta total de higiene, condiciones indignas en dormitorios y baños, colchones en mal estado, ausencia de comedores y de espacios adecuados de descanso”, expresa el texto.