El abogado especializado en derecho comercial, Ricardo Olivera, estimó que la diversidad de contratos entre los inversores y Conexión Ganadera responde a una estrategia para eludir los controles del Banco Central del Uruguay y advirtió que el reclamo del pago con ganado puede llevar a complejizar el proceso y deteriorar los activos que quedan.

En diálogo con la diaria, Olivera estimó que el concurso es inevitable, dado que hay “un claro patrimonio negativo” de Conexión Ganadera y las otras empresas involucradas e hizo hincapié en la necesidad de tratar a todos los acreedores por igual y descartar la posibilidad de que la empresa pague sus deudas con ganado, algo que Olivera calificó como “incorrecto y peligroso”.

“Alguno de los acreedores, que tienen derechos dinerarios, pretenden tener derecho a que se les entregue el ganado, que es la contrapartida de la inversión que realizaron”, señaló y opinó que no debería haber dos categorías de acreedores en la medida en que en todos los casos hay un compromiso de recibir dinero.

“Hubo más de un modelo de contrato, porque Conexión Ganadera estuvo usando varios a lo largo de los años, pero en todos ellos hay una sola realidad que es que la gente colocó dinero y del contrato surge que tiene derecho a que le devuelvan dinero”, agregó.

Olivera dijo que la inversión es similar a la que existe en cualquier préstamo, “independientemente del destino que la empresa dio a los fondos captados” y agregó que jurídicamente existió por parte de Conexión Ganadera “un caso de simulación relativa, en el que tras la imagen o un texto que parece ser de venta y administración de ganado hay un puro y simple préstamo de dinero”.

El abogado dijo que “no es habitual” que exista tanta diversidad de contratos y si bien dijo no saber a qué se debe, estimó que “el Banco Central del Uruguay ha ido cuestionando operación y Conexión Ganadera fue ajustando los contratos para mantenerse lo más lejos posible del control del BCU, hay una cosmética que se ha venido realizando a lo largo del tiempo”.

Consultado sobre el origen de los fondos de los inversores, Olivera aclaró que no es responsabilidad del síndico verificarlos, sino acreditar la condición de acreedor de los demandantes pero advirtió que en este tipo de casos es esperable la intervención de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. “Cuando usted invierte en valores quien recibe los fondos es una entidad regulada por el BCU que está obligada a acreditar el origen de los fondos, en este caso asumo que Conexión Ganadera no hacía ese tipo de controles”, agregó.

¿Cómo continúa la causa?

Este lunes el juez de Concurso, Leonardo Méndez, notificó a las empresas Conexión Ganadera y Hernandarias la solicitud de concurso necesario, realizada el 27 de enero por la abogada Graciana Abelenda, que representa a seis acreedores. A partir de la notificación, las empresas tendrán diez días para oponerse o aceptar la situación planteada por todos los demandantes. Una vez vencido el plazo para responder, el juez tiene dos días para definir si decreta o no el concurso necesario.

A partir de que se decreta el concurso, el síndico -que es un tercero imparcial con idoneidad técnica- deberá determinar el activo de la empresa contrastando lo que surge de los registros contables con la existencia real de los valores y verificar el estado de los animales. En tanto, el pasivo se verifica a partir de los documentos que presenten los acreedores y los documentos que puedan aportar las empresas. Para esto, hay un plazo de 60 días, que comienza a correr una vez que se establece el síndico, para que los acreedores se presenten ante la Justicia.

Abelenda señaló que entre los contratos hay algunos que son contratos de inversión y otros que son bonos ganaderos, por lo que cuentan con el ganado como garantía. Consultada sobre la posibilidad de que quienes tienen bonos ganaderos reclamen el pago con ganado, la abogada señaló que es algo que está contemplado en el artículo 88 de la Ley 18.387, pero advirtió que aún es muy pronto para considerar la conveniencia de ir por ese camino.

“La realidad es que hoy sería imprudente anticipar una postura sobre el tema cuando en realidad estamos en una etapa donde ni siquiera sabemos si los animales existen”, agregó. La abogada explicó que el concurso se pidió luego de constatar una situación de cesación de pagos y que, en el caso de los clientes que tenían bonos ganaderos, el ganado que figuraba en el sistema nacional de información ganadera no correspondía con el que figuraba en el contrato, siendo siempre el ganado asignado realmente de menor valor.

La firma de Basso con fecha posterior a su muerte

En el ámbito penal, el abogado denunciante Juan Pablo Decia entregó a la Fiscalía contratos con la firma de Gustavo Basso, fechados varios días después de su muerte, ocurrida el 28 de noviembre de 2024 en un accidente de tránsito en la ruta 5, según informó El Observador. Decia planteó que la documentación servirá para ampliar la denuncia contra los responsables de Conexión Ganadera, investigados por el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez.