Esta semana, el juez de Concurso de primer turno, Leonardo Méndez, decretó el concurso judicial de Conexión Ganadera con el desplazamiento de su director, Pablo Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow, y de Daniela Cabral, la viuda de Gustavo Basso, socio fallecido de la empresa. En tanto, la empresa quedó a cargo de un síndico encabezado por el abogado Alfredo Ciavattone, quien ya había sido designado interventor para coadministrar el activo.

Fernando Cabrera, responsable de Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), explicó a Desayunos informales que, en el caso del concurso “necesario” establecido sobre Conexión Ganadera, al ser una empresa “en situación de insolvencia” que “no puede cumplir con sus acreedores”, el síndico designado debe resolver “qué es lo que va a hacer” en torno a la situación de la empresa, “lo cual tiene una enorme complejidad”, consideró.

Sobre las acciones que los responsables de la empresa pudieron haber tomado antes del concurso, por ejemplo, en favor de un acreedor en perjuicio de otros, Cabrera lamentó que son muchos los casos de empresas que dilatan el pedido de concurso, porque “es una mala palabra” y supone para el empresario “admitir un fracaso”, por lo que “utilizan todo tipo de herramientas, algunas lícitas y otras no tan santas”, para evitar el concurso.

“Es algo que habitualmente sucede en los concursos y para eso la ley prevé determinadas herramientas que solemos utilizar, que son las acciones revocatorias”, explicó el abogado. Agregó que le corresponderá al síndico ver “si hay actos realizados en fraude y en perjuicio de los acreedores” y, en dicho caso, “promover las acciones revocatorias para llevarlas a la situación anterior al decreto”, hasta dos años antes de este.

Aclaró que “las acciones propias del giro no son revocables”, pero sí lo son los “actos excepcionales que fueron realizados con conocimiento de la insolvencia y con intención de fraude y perjuicio a los demás acreedores”.

“Probablemente nos encontremos con que muchas de esas vacas no están”, dijo Cabrera

Previo al concurso, el juez Méndez decretó la intervención de Conexión Ganadera para comenzar a verificar si los animales existen y en qué condiciones se encuentran. Consultado acerca de la administración del ganado, Cabrera sostuvo que son “activos costosos” porque requieren mantenimiento, alimentación, medicamentos, servicios veterinarios, y el pago de los salarios de los cuidadores.

La complejidad respecto de las vacas “se incrementa con el tema de que no se sabe dónde están, cuántas son, de quién son ni si están”, afirmó Cabrera y añadió que “probablemente nos encontremos con que muchas de esas vacas no están”.

Más allá de que los inversores, por intermedio del Sistema Nacional de Identificación Ganadera (SNIG), tengan información de su ganado, Cabrera consideró que se debe “diferenciar: una cosa es el contrato, otra cosa es el SNIG y otra cosa es la realidad. Ahí es donde vamos a jugar verdaderamente el partido”.

El abogado de la Lideco, que representa a los acreedores damnificados en el concurso, comentó que el síndico, cuando aún era interventor de Conexión Gandera, les manifestó que el conteo de las vacas podría hacerse durante el período de vacunación antiaftosa. Para Cabrera, “tal vez haya que pensar si no es necesario hacerlo de modo más urgente”, pero las posibilidades para hacerlo son por medio de privados.

A partir del decreto de concurso, comenzaron a correr 60 días en los que los acreedores se deben presentar para justificar sus créditos. Cabrera sostuvo que en este punto radica “otra de las particularidades” del caso, ya que “habitualmente se trata de empresas comerciales que tienen a sus proveedores como acreedores, que también son empresas y tienen la documentación medianamente ordenada”.

“En este caso son inversores particulares que ni remotamente pensaron que iban a tener que justificar sus créditos y demostrar la cadena de documentos en los cuales se establecía”, dijo Cabrera. Afirmó que confía “en que el síndico se va a conducir con razonabilidad”, es decir, “no va a permitir que le pasen un elefante blanco, pero tampoco va a ser excesivamente celoso de que todo esté perfectamente acreditado”.

“Cuidado cuando decimos que acá hay que perseguir el origen de los fondos. Yo no estoy tan seguro de que en la generalidad de los casos haya que hacerlo. Sí cuando hay algo que sea llamativo o que despierte el interés”, sostuvo el abogado.

Luego de los 60 días, el síndico tiene otros 30 días para presentar un informe, en el cual reflejará los créditos que admite y los que no, y presentará un inventario de los activos. “Está la posibilidad de que lo impugnen. Tanto por quienes digan que faltan vacas que son de la empresa o [quienes digan] hay vacas que son mías”, comentó Cabrera.

Para el abogado, lo que deben priorizar sus colegas “es buscar la liquidación eficiente de los activos”. “Hay que sentarse a pensar en alguna alternativa que permita liquidar el ganado de manera eficiente, en las mejores etapas del ciclo, cuando el ganado esté gordo”, consideró. Agregó que, a su vez, “la familia Basso va a tener que aportar sus bienes”: “Hay que sentarlos en una mesa y abrir un campo de negociación donde permita que la familia integre sus bienes”.