El ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, asumió en la mañana del lunes la presidencia del máximo órgano de Justicia, cargo que mantendrá hasta el 1° de febrero de 2026.
Durante su discurso, Pérez señaló que en el año en que será presidente se enfocará en la implementación del Plan Estratégico del Poder Judicial 2025-2034, y destacó entre sus objetivos el “acceso a la justicia en forma oportuna, igualitaria, eficaz y eficiente para todas las personas”.
También señaló la necesidad de “promover la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad”, y optimizar el funcionamiento de las defensorías y de juzgados y tribunales.
“Este año se debatirán los fondos que serán asignados presupuestalmente al Poder Judicial, y dicha instancia es crucial para que este pueda cumplir en forma eficaz y eficiente con los cometidos esenciales que le han asignado la Constitución de la República y las diferentes leyes”, agregó.
Pérez dijo que el Poder Judicial “ha sido a lo largo de toda su historia y será totalmente independiente” desde el punto de vista político, pero que en lo económico depende de los otros poderes del Estado.
“El Poder Judicial, a diferencia de lo que acontece en el entorno político, donde tiene la más amplia autonomía, no goza, a diferencia de los otros poderes del Estado, de autonomía presupuestal”, señaló.
“A lo largo de los sucesivos gobiernos de distinto signo político que trascurrieron desde el retorno a la democracia, han sido escasas las posibilidades de que los legítimos planteamientos del Poder Judicial, que hoy represento, fueran escuchados por las autoridades correspondientes”, expresó, y agregó que Uruguay “es uno de los países en el que menos recursos se le proporcionan al Poder Judicial”, con un 1,20% del presupuesto nacional y 0,3% del PIB.
Pérez informó que más de 790.000 personas utilizan los servicios del Poder Judicial en un año, contando partes, testigos y personas que consultan a la defensoría, y resaltó que el Poder Judicial “tiene uno de los mayores índices de ejecución presupuestal”, con un 99% en 2024.
“¿De qué sirve tener una buena regulación de diversas materias, como existe en la actualidad, si no se dan los recursos necesarios para que el poder encargado de ejecutarlas pueda hacerlo en forma eficiente y eficaz? Las leyes, por excelentes que sean, no se ejecutan solas, y por más que un alto porcentaje pueda cumplirlas voluntariamente, no es la regla en general”, cuestionó.
En diálogo con la prensa, Pérez fue consultado sobre la eventual creación de un Ministerio de Justicia y señaló que la SCJ no tiene opinión al respecto, aunque advirtió que “si trata de interferir con alguna de las potestades del Poder Judicial, nos vamos a oponer rotundamente”.