La jueza en lo penal de 23er turno, Isaura Tórtora, condenó a Juan Peirano Basso a nueve años de penitenciaría por un delito de insolvencia societaria fraudulenta en la calidad de autor, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
En la sentencia, Tórtora sostiene que Peirano “con su accionar efectivizó los actos constitutivos del tipo penal imputado a título de dolo directo, dado que medió conciencia de la antijuridicidad de su accionar” y agrega que en la causa “se contó con el concurso y la participación de los directivos e integrantes del Grupo Peirano en su totalidad, sin cuya acción u omisión no pudieron haberse materializado los diversos actos que conforman la imputación solicitada por el Ministerio Público”.
Tórtora agregó que Peirano “ostentaba diversos cargos de responsabilidad en el Grupo Peirano y tenía conocimiento de las operaciones que él mismo realizaba, teniendo, por lo tanto, el dominio de todas las decisiones adoptadas en el Grupo”.
“Yo era el responsable de nombrar los Gerentes generales y representantes de los accionistas en las respectivas compañías y Bancos que integraban el Grupo Velox. La magnitud de las unidades (Banco Montevideo, Banco Velox, Banco Alemán Paraguayo, TCB. Disco y otras compañías adicionales), una digresión para ilustrar el tamaño de los que estaba bajo mi responsabilidad lo que se dice el Grupo Velox al momento que se produjo la intervención de Banco de Montevideo empleaba en forma directa y pagaba sueldos todos los meses a treinta mil personas, por tanto el conocimiento de las operaciones de cada una de las unidades era muy limitado por razones de disponibilidad física y de tiempo”, sostuvo Peirano en su declaración ante la Justicia.
Durante el caso de Juan Peirano Basso, en la fiscalía de Juan Carlos Gómez (archivo, enero de 2024).
Foto: Rodrigo Viera Amaral
Tórtora coincidió con la fiscalía en que “el activo y patrimonio del Banco de Montevideo fue saqueado con intención y voluntad de apoderarse de dichos fondos y transformarlos en su provecho”, y agrega que “en el mes de febrero de 2002 se cortó la cadena de pagos de TCB y el Grupo Peirano derivó capital del Banco de Montevideo para prestar asistencia a las empresas financieras del Grupo, contraviniendo las directivas impartidas por el Banco Central del Uruguay, y ocasionando la mayor crisis financiera en el país, lo que se acredita con la fundamentación del Decreto del Poder Ejecutivo, para decretar el Feriado Bancario el 30 de junio de 2002”.
“Los integrantes del Grupo Peirano realizaron durante los meses previos a la intervención del Banco Central del Uruguay, es más, durante el propio proceso de control de esta institución y habiendo recibido asistencia por parte de la misma, actos dirigidos a ocultar o hacer desaparecer, total o parcialmente, el patrimonio del Banco de Montevideo que determinaron la exposición de dicho banco ante otras empresas del grupo en perjuicio de los ahorristas y del Estado”, agrega el fallo.