Maximiliano Rodríguez declara como indagado este viernes ante el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, en la causa que investiga penalmente a los responsables de Conexión Ganadera Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral por los delitos de apropiación indebida y estafa. La audiencia se iba a realizar el martes, pero fue postergada a pedido del abogado de Rodríguez, Carlos Andrés Balbi, quien advirtió que no había podido acceder adecuadamente a la carpeta.
Rodríguez había planteado declarar en calidad de testigo protegido, debido a que tenía para aportar información sobre los movimientos bancarios de los socios del fondo ganadero y particularmente sobre la existencia de una cuenta bancaria en Andorra vinculada a Conexión Ganadera, en cuya apertura participó su gerente general, Martín Bartol.
Los responsables de Conexión Ganadera tenían dos sociedades anónimas en Panamá, presididas por su director y cofundador Pablo Carrasco, y la compañía Del Terruño LLC, registrada en Delaware (Estados Unidos), que es la empresa a cargo del proyecto Stradivarius, cuyo gerente de operaciones era Bartol, que la semana pasada declaró que, por su cargo, no tenía forma de saber cuáles eran las maniobras que se realizaban con el ganado ni cuánto ganado había en cada campo.
Sin embargo, la fiscalía decidió convocar a Rodríguez como indagado en la causa, dado que fue señalado por varios de los denunciantes como el responsable de administrar el ganado comprado con los fondos de los inversores.
Fuentes judiciales señalaron a la diaria que una de las claves de la audiencia será conocer qué rol jugó Rodríguez como administrador del ganado, dado que, como responsable de la empresa administradora de ganado Pasfer SA, era el encargado de registrar y mantener el ganado, y ahora enfrenta la desaparición de su amplia mayoría.
Según publicó el periodista Eduardo Preve, Pasfer tenía créditos con el Banco República con unas 3.750 vacas como garantía, pero las autoriades del Ministerio de Ganadería encontaron que había 50 vacas en los predios, por lo que también se investiga si efectivamente esas vacas fueron compradas. Las fuentes señalaron que, en caso de que hubiera sido víctima de abigeato, tiene la responsabilidad de informar al inversor.
En una de las denuncias presentadas al incio de la causa, Rodríguez es mencionado como el interlocutor directo con los compradores de bonos ganaderos para conocer el estado del ganado, y presentaron conversaciones con Rodríguez en las que les asegura que el ganado está en buenas condiciones y que los inversores pueden visitar los campos para asegurarse de que el ganado está. Además, denuncian que habría intentado comprarles el ganado luego del llamado a concurso de acreedores.
la diaria accedió a una nueva denuncia por apropiación indebida contra Conexión Ganadera que apunta a Rodríguez como administrador de Pasfer, además de denunciar a Carrasco, Iewdiukow, Cabral y los hijos de Carrasco y Basso, y Bartol. La denuncia fue presentada por el abogado Claudio Chaben, que defiende a una pareja de pequeños inversores que compraron un bono ganadero en 2013 por 19.000 dólares a una tasa anual del 12% en los primeros dos años, y luego al renovar el contrato los intereses se iban reduciendo. En 2016 la pareja invirtió 25.300 dólares y fue realizando nuevos contratos cada dos años, con un interés nunca menor al 9% anual. En total tenía 153 cabezas de ganado tomadas por diferentes administradores con los que operaba Conexión Ganadera, entre ellos Hernandarias XIII y Pasfer, valuadas en 93.000 dólares. Los denunciantes, que no tienen información sobre qué pasó con el ganado en el que invirtieron, señalaron que en algunos casos los cheques los giraron a las cuentas personales de los responsables del fondo ganadero.
Abogado reclama estar presente en las declaraciones de Fiscalía
El abogado Ignacio Durán presentó un escrito reclamando la suspensión de las indagatorias en Fiscalía hasta que no se asegure la presencia de los abogados de las víctimas en las citaciones del fiscal Rodríguez, dado que los abogados de las víctimas podrían intervenir en el interrogatorio. Dada la gran cantidad de abogados que representan a la parte denunciante –hay unos 4.300 damnificados–, propone que las declaraciones en fiscalía se tomen en una sala acorde donde todos puedan participar. El fiscal no tiene la obligación de convocar a todas las partes cuando llama a alguien a declarar en fiscalía, y puede solicitar la citación aun sin comunicarlo a los denunciantes.