La jueza en lo penal de 36° turno, Marcela Vargas, formalizó el proceso contra el socio fundador de Grupo Larrarte Jairo Larrarte por los delitos de estafa, apropiación indebida y cheques sin fondos, en la causa que investiga la caída del Grupo Larrarte, el primero de los fondos ganaderos en declararse insolvente a mediados del año pasado.
La defensa de Larrarte, que lleva adelante el abogado Enrique Möller, no se opuso a la formalización del proceso, pero sí a las medidas cautelares pedidas por el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, quien pidió prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación judicial. Möller argumentó que Larrarte estuvo siempre a disposición de la Justicia y prestó colaboración a la fiscalía, por lo que entendía que era suficiente la prisión domiciliaria con dispositivo electrónico para mantenerlo sujeto a proceso.
Por su parte, la fiscalía, que estuvo representada por los adscriptos Leonardo Rosas y Franco López, planteó que existe riesgo de fuga, entre otros argumentos, porque Larrarte vive en la frontera con Brasil, en la ciudad de Rivera, y por la pena que podría alcanzar un eventual juicio dada la magnitud de los delitos por los que podría ser condenado.
Möller señaló que, según el nuevo Código del Proceso Penal, la prisión preventiva se reserva para los casos en los que no son suficientes otros tipos de medidas limitativas para mantener al imputado sujeto a proceso, y que el código de 2017 “procura evitar por todos los medios posibles la imposición de la prisión preventiva regulando un amplísimo abanico de alternativas”.
El abogado de Larrarte señaló que los delitos por los que fue imputado su cliente no se encuentran entre los que tienen prisión preventiva preceptiva, establecidos en el artículo 224.2 del Código de Proceso Penal. “Se ha hablado acá de que Jairo Larrarte vive en el campo, sí vive en el campo, pero está desde el 25 de setiembre con dos medidas cautelares, declaró ante la fiscalía [...] y sigue estando a disposición. Esto no hay que verlo sólo desde el proceso penal [...] sino en el contexto de los dos juicios que se están llevando a cabo”, señaló en referencia al proceso de Concurso en el que dijo que sólo el “78% de los damnificados se presentaron a verificar los créditos” y que Larrarte “todos los días” habla con el síndico para colaborar con la causa.
Möller ofreció un domicilio en Montevideo para que Larrarte cumpla con la prisión domiciliaria propuesta por la defensa y descartó que Larrarte comience a entorpecer la investigación penal porque “podría haberlo hecho desde el principio, cuando sabía que se le venía la noche”. “Él procuró siempre mantener todo lo que quedaba, en ningún momento dejó de atender el ganado” y destacó que hay negociaciones para que Larrarte alcance un acuerdo con los acreedores.
“Es verdad, usted hasta ahora ha comparecido, eso tiene un peso a la hora de tener que evaluar una medida cautelar, pero la situación ha cambiado cuando se pide la formalización”, señaló la jueza Vargas, quien destacó la “contundencia” de la evidencia presentada por la fiscalía, que incluye constataciones fácticas realizadas por organismos públicos.
Vargas dijo que el riesgo de fuga está “más que acreditado”. “Usted, sin lugar a dudas, es una persona muy inteligente, que tiene mucha astucia para los negocios, que se movió de forma tal que captó 134 víctimas y llegó a mover 12 millones de dólares que no se sabe dónde están; todo ese contexto impacta en el riesgo procesal”, agregó la jueza. “Si usted va a un arresto domiciliario a Rivera con tobillera electrónica, el evento que uno se puede representar es que se va a sacar la tobillera y que con esos 12 millones de dólares, que uno puede suponer razonablemente que no están en Uruguay, usted se puede ir”, planteó.
Durante la investigación penal, Larrarte admitió el faltante de dinero y el desvío de los fondos de los inversores que debían ser destinados a la compra de ganado y habrían sido derivados a otros rubros en pos de “mantener el sistema que había creado”. “La empresa toma la decisión, fue una decisión que tomé yo. Esos capitales se vuelcan a todo el sistema productivo que tiene la empresa, eso fue lo que aconteció. No se le da información directa al cliente, pero fue lo que pasó”, expresó Larrarte en declaraciones realizadas en octubre ante la fiscalía.
Según declaró ante el fiscal Machado el síndico Alfredo Ciavattone, que actúa en la causa de concurso de la empresa, el Grupo Larrarte tiene pérdidas por unos 12 millones de dólares, lo que afectó a más de 130 damnificados.
En esta causa también está siendo investigado el contador Rafael Vinzia, quien declaró a fines de marzo ante el fiscal Machado. Además de Ciavattone, que dio cuenta del estado patrimonial en el que encontró al grupo, declaró como testigo el ingeniero agrónomo Gabriel Osorio, director del Sistema Nacional de Información Ganadera, dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), quien explicó el mecanismo de registro de los animales. El informe del MGAP concluyó que faltaban 13.445 cabezas de ganado.