Al presentar la solicitud de formalización del proceso contra Jairo Larrarte, el fiscal adscripto Franco López describió el mecanismo por el que el Grupo Larrarte atraía inversiones y cómo desviaba el dinero a fines distintos de los que figuraban en los contratos que firmaba. Durante la audiencia el fiscal señaló que Larrarte admitió haber alcanzado a comprar 9.000 cabezas de ganado, cuando había firmado contratos de inversión por más de 16.000 vacunos.

López detalló que el Grupo Larrarte se creó el 13 de enero de 2021 y que hasta 2024, cuando se declaró en cesación de pagos, firmó 211 contratos por un monto total de 12 millones de dólares, con contratos mínimos de 15.000 dólares, con una rentabilidad de entre 10% y 11,3% anual.

Según señaló el fiscal, los inversores se caracterizaban por desconocer el negocio ganadero y no contar con demasiado capital como para arriesgarlo en un sector no tradicional. “El ofrecimiento resultaba en extremo atractivo, principalmente para aquellas personas con escaso capital en dólares [...] con un escaso conocimiento del mercado. Este tipo de personas, cuyo perfil conservador y escaso capital no le permitía asumir riesgos ni recurrir a instrumentos bursátiles, constituía el público objetivo del emprendimiento [...] por su baja tendencia a ejercer un control exhaustivo de los negocios en los cuales ha invertido capital”.

El fiscal explicó que los inversores firmaban dos contratos. El primero era el de administración, en el que figuraba qué ganado supuestamente se compraba y se le asociaba un número de registro en la Dirección de Contralor de Semovientes del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, el predio en el que el ganado se encontraría, permitiéndole incluso retirar su ganado antes del contrato o visitarlo en los campos en los que se encontraba, en predios de Rivera y Tacuarembó, siempre que avisaran de la visita con diez días de anticipación. Ese contrato también obligaba al Grupo Larrarte a informar al inversor de cualquier movimiento de su ganado y se comprometía a reintegrar el dinero invertido, “en caso de muerte, por mala administración, robo o extravío”. El segundo contrato era el de rentabilidad, que daba cuenta de la forma de pago y los niveles de rentabilidad, que variaban según el monto invertido. La investigación penal determinó que “la transacción de ganado era efectuada por fuera de los dos contratos analizados, y así también el pago por la compra de animales”.

“El imputado desde su inicio tenía pleno conocimiento de que los costos contractuales, así como la cobertura de riesgos que asumía, le impedían utilizar el total del capital invertido en la adquisición de ganado. Naturalmente, parte de esas inversiones debían ser destinadas a cubrir costos operativos, salarios, infraestructura, publicidad, así como solventar los gastos de la operativa ganadera. [...] No se trata de un incumplimiento contractual, sino de la plena certeza por parte de los responsables del Grupo Larrarte de que el negocio se tornaría inviable si cada inversión efectuada era destinada a la compra de animales”, agregó López.

Otro punto señalado por el fiscal es que el dinero obtenido de los inversores “sería distribuido por los partícipes de la maniobra, por ejemplo, en salarios”, y destacó la “arbitrariedad con la que el imputado disponía del dinero depositado en la cuenta del Grupo Larrarte”. El fiscal mencionó la creación, en 2022, de una nueva sociedad, llamada Virtin SA, dedicada a la mejora genética. Larrarte dijo que invirtió 250.000 dólares en la instalación del laboratorio de esa empresa, que en 2024 fue trasladada a su pareja, “todo ello sin motivo aparente y sin que existiera una contraprestación”.

El fiscal señaló que el Grupo Larrarte transfirió en forma oculta dinero a Virtin SA, y señaló que el emprendimiento, “pese a formar parte de la imagen del Grupo Larrarte, nunca tuvo más que un funcionamiento acotado, que no llegó a producir ganancia alguna”. Algo similar ocurrió con la marca de cortes de carne premium que promocionaba el Grupo Larrarte, “cuya operativa consistía en remitir animales a frigorífico para su faena y en solicitarle que produjera cortes de carne de alta calidad empaquetados en forma individual”. El fiscal dijo que Larrarte admitió que ese negocio “no requirió de gran inversión, dado que no existía una actividad productiva real detrás de la marca”.

López dijo que el mecanismo utilizado por Larrarte fue el conocido como “estafa piramidal”, que requiere una alta inversión en publicidad e infraestructura para generar confianza en los inversores. “El ejecutor obtiene grande sumas de dinero que destina en parte a mantener la apariencia del negocio legítimo en pagar falsas rentabilidades, que no son más que la devolución fragmentada de inversiones y, por último, a su propio bienestar y sustento”.

El fiscal destacó el nivel de vida que tenía Larrarte, los salarios que pagaba a sus colaboradores más cercanos –que oscilaban entre 80.000 y 150.000 pesos– y señaló que tras el levantamiento del secreto bancario se detectó que tenía gastos de tarjeta por entre 3.000 y 4.000 dólares mensuales, lo que “evidencia un nivel de vida alto”. Del informe contable realizado por la fiscalía se desprende que, entre marzo de 2023 y julio de 2024, recibió de la cuenta del Grupo Larrarte, en su cuenta personal, unos 70.000 dólares y que hizo gastos por 61.000 dólares. Entre julio y setiembre de 2024 la cuenta personal de Jairo Larrarte recibió unos 540.000 dólares, provenientes de otras cuentas, que fueron destinados al pago de rentabilidades y devolución de capital.

Para ilustrar el mecanismo el fiscal puso como ejemplo el caso de una pareja que en 2022 invirtió 50.000 dólares para la compra de 57 cabezas de ganado. “En junio de 2024 y ante la falta de pago de la rentabilidad correspondiente, los damnificados accedieron al Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) verificando que sólo contaban con 20 cabezas de ganado bajo su titularidad”. “No sólo existía una discrepancia clara y evidente entre la cantidad de cabezas de ganado adquiridas conforme a los contratos suscriptos y los que surgían registrados en el SNIG, sino que la información que surgía de dicho sistema tampoco se relacionaba en absoluto con lo constatado por los inspectores del MGAP en los predios del Grupo Larrarte”, expresó el fiscal.

En cuanto a cómo surgió esa diferencia, el fiscal señaló que, según lo relatado por el ingeniero agrónomo Gabriel Osorio, director del Sistema Nacional de Información Ganadera, quien declaró como testigo en la causa, las caravanas no constituye un registro de propiedad, más allá de que habiliten la realización de un seguimiento, y se otorgan “de buena fe” a “personas habilitadas” por el MGAP, que tenía registrada a una empleada del Grupo Larrarte. Surge de los contratos firmados que el Grupo Larrarte debía administrar 16.996 cabezas de ganado y los relevamientos en los predios constataron la existencia de 3.551. Además, los inspectores manifestaron que todos tenían la marca que adjudicaba la propiedad al Grupo Larrarte y no a los inversores. “Esos animales nunca pertenecieron a nadie más”, señaló el fiscal.