El trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, implicó un antes y un después en la investigación y, posteriormente, juzgamiento de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Desde su creación, en 2018, hubo tres veces más procesamientos y condenas que en el resto del período posdictadura, donde hubo tan sólo 13 condenas y dos procesamientos.

El avance de los procesos judiciales llevaron a muchos represores a ser procesados y condenados por los delitos de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura. Actualmente, según información a la que accedió la diaria, 34 de ellos están privados de libertad en establecimiento carcelarios: 28 en la Unidad 8, conocida como Domingo Arena, y seis en la Guardia Republicana.

Durante el período pasado, Cabildo Abierto presentó un proyecto para disponer de manera preceptiva la prisión domiciliaria a los mayores de 65 años, incluidas las que hubieran cometido crímenes y delitos de lesa humanidad antes de la aprobación de la Ley 18.026, que tipificó en nuestro orden jurídico nacional dichos delitos, es decir, a partir de 2006. El proyecto original fue modificado –se quitó la posibilidad de otorgar ese beneficio de manera automática– y si bien se llegó a aprobar en el Senado, luego naufragó en Diputados.

Uno de los principales promotores de la iniciativa fue el senador Guido Manini Ríos, quien dijo en más de una oportunidad que los presos en Domingo Arena fueron procesados sin garantías y, por lo tanto, consideraba que debían ser liberados, o “al menos” estar en prisión domiciliaria.

Sin embargo, y a pesar de las valoraciones de Manini Ríos, al momento 34 represores que fueron procesados o condenados están en prisión domiciliaria, la misma cantidad de privados de libertad en Domingo Arena y la Guardia Republicana.

El procedimiento para determinar la prisión efectiva o domiciliaria se realiza con independencia de la sentencia de procesamiento o condena, y puede definirse prisión domiciliaria, tanto para el cumplimiento de prisión preventiva, luego del procesamiento o como forma de cumplir condena, una vez definida la pena. Si la defensa de la persona sentenciada entiende que sus condiciones de salud son incompatibles con las condiciones de reclusión, debe presentarle a la Justicia la documentación médica que acredite su estado de salud y luego ser valorado por médicos del Instituto Técnico Forense, que elevan el informe al juez para que este determine. Esa resolución puede ser apelada por cualquiera de las partes, y en cualquier momento puede pedirse la revisión de esa determinación si se entiende que las circunstancias cambiaron.

Hay 15 represores requeridos por la Justicia en el exterior del país

La Justicia uruguaya tiene vigente orden de detención contra 15 militares que han sido requeridos por la Justicia uruguaya y no han comparecido en los procesos en los que se los investiga. En algunos casos se encuentran prófugos, en otros fueron encontrados, pero la Justicia del país de origen negó la extradición a Uruguay o se encuentra en proceso. En dos casos los militares fueron condenados por otras causas en el exterior.

Según la información que tiene la Justicia, a la que accedió la diaria, los militares requeridos son:

1) José Luis Parisi Alegre: es requerido por la desaparición de los militantes comunistas Juan Manuel Brieva y Julio Correa. En estas causas llegó a ser procesado antes de fugarse. También es requerido por la desaparición forzada del militante comunista Luis Eduardo González González y requerido en la causa que investiga torturas en el centro clandestino de detención 300 Carlos.

2) Wellington Sarli Pose: es uno de los militares condenados en Chile por el secuestro del agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura chilena Eugenio Berríos. Sarli, que cumplió condena por ese caso y vive en Chile, está requerido por la Justicia uruguaya por la causa que investiga torturas contra adolescentes en Treinta y Tres, la causa que investiga torturas en La Tablada y por la desaparición forzada de los militantes comunistas Miguel Matto, Omar Paitta y Félix Ortiz.

3) Jorge Grau: es requerido por torturas en La Tablada y las desapariciones de Matto, Paitta y Ortiz. Se estima que vive en Paraguay.

4) José Eduardo Delgado: está requerido por la desaparición forzada de Arpino Vega y en la causa que investiga torturas y privación de libertad en la base aérea Boiso Lanza.

5) Alfredo Ángel Fresia Dubouix: está requerido por la desaparición del militante comunista Arpino Vega y torturas en Boiso Lanza.

6) Roberto Freddy Amorin Maciel: es investigado en la causa sobre la desaparición de Arpino Vega y torturas en Boiso Lanza. Se estima que se encuentra en Miami.

7) José Walter Bassani Sasias: está requerido en la causa que investiga el secuestro y torturas en Brasil contra Universindo Rodríguez, Lilian Celiberti y sus hijos Francesca y Camilo, y en la causa que investiga torturas y privación de libertad contra el dirigente de la Unión Ferroviaria del Uruguay asesinado Gilberto Coghlan. Se estima que vive en Austria.

8) Rubinson Rosas Escalante: está requerido en la causa que investiga el asesinato por torturas del militante del Movimiento de Liberación Nacional Edison Marin. En marzo de 2024 fue ubicado en Brasil por la Policía de Nova Friburgo, un municipio del estado de Río de Janeiro.

9) Pedro Matto Narbondo: es investigado en la causa Plan Cóndor, que integra los asesinatos de Willian Whitelaw, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Zelmar Michelini. Vive en Santana do Livramento. Al ser ciudadano brasileño, la Justicia de ese país negó la extradición a Uruguay.

10) Daniel Maiorano: es requerido en la causa que investiga torturas y privación de libertad Operación Morgan Prefectura Nacional Naval. Se encuentra en España y está en marcha el juicio de extradición.

11) Tabaré Camacho Pastorini: es requerido por la Justicia uruguaya en la causa que investiga torturas y privación de libertad en el Batallón Florida. Se encontraría en España.

12) Juan Manuel Cordero: cumple condena por crímenes de lesa humanidad en Argentina. La Justicia uruguaya lo requiere por el asesinato de Iván Morales, la causa que investiga torturas, privación de libertad y delitos sexuales contra 28 presas políticas y la causa Plan Cóndor. Luego de fugarse de Uruguay en 2005, fue detenido en Brasil en febrero de 2007 y extraditado a Argentina en enero de 2010.

13) Juan Manuel Pagola Alzamora: es requerido por las causas que investigan las desapariciones forzadas de Omar Paitta, Félix Ortiz y Miguel Matto.

14) Juan Carlos Esponda Martínez: es requerido por las desapariciones forzadas de los militantes comunistas Omar Paitta, Félix Ortiz y Miguel Matto.

15) Fleming Gallo: está requerido en las causas que investigan torturas en el centro clandestino de detención y tortura del Cuerpo de Fusileros Navales. Gallo es un exmilitante comunista que fue colaborador de la dictadura contra militantes del Partido Comunista de Uruguay (PCU) y la Unión de la Juventud Comunista. Fue ubicado en España y su extradición rechazada por la Justicia española para una de las causas por las que está requerido.