La jueza en lo penal de 36° turno, Marcela Vargas, aprobó la extensión del plazo para que la fiscalía acuse al exsenador Gustavo Penadés hasta octubre de este año, cuando se cumplirán dos años de la formalización del proceso en su contra. Para Vargas quedó “más que acreditado” que es necesario continuar con la investigación, y destacó la actividad que tiene la causa.

Durante la discusión de la medida, la fiscal Alicia Ghione planteó la necesidad de prorrogar la investigación en función de todas las pericias pendientes, afirmó que “la fiscalía no pide una prórroga porque no tiene evidencia” y detalló que tiene “casi dos millones de páginas” surgidas de las pericias de los teléfonos. Ghione acusó a la defensa de “abusar de los tiempos procesales” y señaló que actuó con “mala fe” durante el proceso, denunciando que no tienen acceso a la carpeta cuando, según su versión, sí lo dio.

Ghione dijo que en causas de delitos sexuales “las pericias hay que hacerlas cuando las pueden hacer las víctimas” y rechazó las acusaciones de la defensa de Penadés. “Se nos ha tratado de corruptos, de recibir plata, de un ataque personal, cuando he escuchado a la doctora [Laura] Robatto en medios de comunicación atacar al equipo fiscal”, afirmó. “Si tuviera evidencia, no estaría perdiendo el tiempo en denigrar al equipo fiscal”, agregó. Por otra parte, Ghione recordó que todavía está en curso una investigación vinculada a amenazas de muerte contra el equipo de la fiscalía.

La fiscal agregó que la aparición de nuevas víctimas fue la causa de “todo este atraso de todos estos meses”, señaló la declaración de nuevos testigos y destacó que la fiscalía tiene “millones de evidencias” para sustentar la acusación. Además, defendió la posición de la fiscalía en cuanto a la administración del acceso a la evidencia. Ghione mencionó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, vinculada al artículo 265 del Código de Proceso Penal, que prevé la atribución de nuevos hechos como justificación para ampliar la investigación, algo que se concretó con la presentación de nuevas víctimas.

Ghione dijo que la complejidad de la causa se refleja en la cantidad de imputados, que son nueve, y en las 16 declaraciones anticipadas que se tomaron a 14 víctimas y dos testigos. “Lo que complejiza, además de la falta de recursos, tiene que ver con la corrupción que nos impide que algunas cosas se hagan con otra agilidad”, señaló en referencia a la investigación parapolicial montada por Penadés para favorecer su posición.

“Las evidencias están claras, los testimonios están claros y no es cualquier mamarracho que estamos presentando, son evidencias trabajadas y claras”, afirmó, en respuesta a la defensa de Penadés.

La abogada a cargo de la defensa de las víctimas, Soledad Suárez, dijo que “se trata de un caso complejo” y mencionó la trama de corrupción en torno a la investigación, en referencia a la investigación parapolicial en la que “hubo personal policial de jerarquía implicado en la trama”. Además, señaló que hay “volúmenes enormes” de información que surge de las pericias de los celulares: “Es un caso que tiene muchas víctimas y sobre delitos que datan desde hace muchos años”. Por otra parte, mencionó la existencia de cuatro nuevas víctimas.

Suárez también recordó que desde que se habilitó la última prórroga, en setiembre del año pasado, hubo 15 recursos presentados ante la Justicia, lo que provocó “toda una actividad de respuesta a la oposición, de respuestas de recursos; todo eso es tiempo que se desvía del tiempo, con recursos limitados” para avanzar en la investigación. “Tienen derecho a hacer eso”, aclaró. Por otra parte, la abogada dijo que desde la última prórroga hubo 27 horas de audiencia. “El horario de audiencia supone, para todos los que trabajamos acá, muchas horas de preparación”, señaló.

Por su parte, Juan Raúl Williman, quien también es abogado de las víctimas, destacó que la extensión del plazo se justifica en función de las diligencias que aún están pendientes, entre ellas la declaración de una víctima que está en España, lo que requiere cooperación internacional, así como otras pericias y análisis de información que están pendientes.

“Son muy pocas las causas que tienen tanta cantidad de víctimas o de imputados, sólo recuerdo Océano. No es cuestionable la complejidad, es [algo] objetivo”, agregó.

En tanto, la abogada Rossana Gavazzo, que defiende al profesor de Historia Sebastián Mauvezin, señaló que la investigación “comenzó con delitos sexuales y continuó con la investigación de la llamada trama”, y planteó que su cliente es perjudicado por la prórroga de la investigación, cuando no está siendo investigado en esa causa. “Yo no comparto que esta fiscalía ha sido diligente en la investigación, sino todo lo contrario [...] se pretende cargar la inoperancia y la falta de diligencia del Estado a los imputados”, agregó.

Además, Gavazzo dijo que Ghione no trajo “nada nuevo” a la audiencia y “pretende ganar tiempo para reforzar su teoría, que no debe tener muy fuerte”, al tiempo que calificó de “muy poco seria” la investigación de la fiscalía. Otro punto mencionado por la abogada fue que los imputados no están debidamente protegidos en el nuevo proceso. “Estas dos personas que están acá están sometidas nada más y nada menos que al poder punitivo del Estado”, agregó.

Por su parte, la abogada Robatto rechazó que la defensa haya buscado “trancar” el proceso con la presentación de recursos. “Nosotros pedimos una sola prueba anticipada y se nos negó”, expresó. La abogada dijo que durante las audiencias hubo “faltas de respeto”. “Si uno las escucha, hay un odio visceral de la titular de la fiscalía contra el imputado, y el pedido de extensión es seguir destilando ese odio”, expresó.

Además, señaló que el hecho de no conocer a las víctimas no les permite producir evidencia como defensa de los imputados, por lo que entiende que no tiene sentido prorrogar el tiempo para la acusación. “¿Vamos a extender el tiempo y vamos a seguir escuchando lo mismo seis meses más?”, cuestionó, y subrayó que el Ministerio Público “debe resguardar su propia investigación sin poner en riesgo los derechos del imputado”. En ese sentido, dijo que la fiscalía, en el caso, fue “superpoderosa” y llevó adelante una “carnicería dogmática y jurídica” contra Penadés. “Este proceso será recordado como el principio del fin del derecho de defensa”, afirmó.