Tras tomar declaración a Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral a principios de junio, el fiscal especializado en Delitos de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, se reunió con los abogados de los denunciantes y les comunicó que pediría la formalización del proceso en su contra, mencionando como tipificación el delito de estafa, aunque no puede descartarse que la imputación se amplíe a otros delitos como apropiación indebida y lavado de activos.

La audiencia de formalización, si bien aún no está fijada, está prevista para la segunda quincena de julio, una vez culminada la feria judicial de invierno. Allí, la jueza de Crimen Organizado de 2° turno, Diovanet Olivera, definirá sobre la imputación de los tres socios de Conexión Ganadera, el fondo que dejó a unos 4.300 damnificados, tras declarar una diferencia entre el activo y el pasivo de 250 millones de dólares.

La Fiscalía aún tiene varias diligencias pendientes que son claves para la investigación, como la respuesta de los exhortos enviados a Panamá, Paraguay, España y Estados Unidos, que podrían dar cuenta de los mecanismos financieros utilizados para desviar el dinero de los inversores. También un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central sobre la red de cuentas asociadas al fondo ganadero y el informe final del síndico Alfredo Ciavattone sobre la verificación de los créditos, que permitirá conocer la magnitud del pasivo.

Tras las declaraciones de los principales investigados, los abogados de los damnificados fueron llegando a la Fiscalía para acceder a los audios y así conocer cuál fue la estrategia que eligieron las defensas de las contrapartes para intentar eximirse de responsabilidad. Algunos, con cierta indignación por la inverosimilitud de lo que escuchaban, contactaron al fiscal Rodríguez para tener la certeza de que, pese a las negaciones de Carrasco, Iewdiukow y Cabral, la causa seguía su rumbo.

En síntesis, Carrasco atribuyó a Basso la responsabilidad de los negocios, señalando que su rol en Conexión Ganadera era de “vaquero del grupo”, mientras que Basso era el referente comercial, por lo que consideraba “innecesario” controlarlo, limitando su margen de acción al tratamiento del ganado. “Hoy soy otra persona después de la muerte de Basso; estoy dolorido, desilusionado, triste y en shock”, señaló ante el fiscal Rodríguez. Su esposa, Ana Iewdiukow, admitió haber comprado un apartamento para sus hijos como una forma de asegurarles un futuro y que vendió un apartamento para pagar dinero que había recibido de la hermana de Carrasco.

Cabral se definió como “ama de casa” y que en un momento le pidió a su esposo “colaborar en algo para sentirse útil”. “Me dijo que podía encargarme de la decoración de la oficina, que si recibían a alguien podía agasajarlo, servir un cafecito, y ese fue mi metié dentro del escritorio”, comentó. Al ser consultada sobre su actividad en los pagos y su participación en la empresa -tenía un 25%-, Cabral dijo que “se limitaba a la parte operativa”, que los pagos eran auditados y que Basso le informó sin consultarle sobre su participación en Conexión Ganadera. “A mi esposo no le gustaba que yo le preguntara demasiadas cosas”, aclaró.

A pesar de señalar a Basso como responsable -fallecido en noviembre de 2024 en un siniestro de tránsito “no accidental”-, los tres aportaron elementos que fueron valorados por las defensas de los damnificados como evidencias a favor de los damnificados, principalmente en cuanto a los mecanismos utilizados para desviar el dinero de los inversores. Carrasco y Iewdiukow admitieron la compra de inmuebles para sus hijos, en Madrid y Punta del Este, aun cuando se acumulaban deudas por siete millones de dólares, y utilizar para gastos personales la cuenta de la empresa administradora de ganado Hernandarias XIII. Otro punto que fue aclarado fue la aparición de contratos con la firma de Basso después de muerto, dado que -según Carrasco- Basso dejaba las renovaciones firmadas con antelación.

En diálogo con la diaria, uno de los abogados denunciantes, Camilo Silvera, expresó su confianza en que el fiscal Rodríguez no les creyó a los indagados en cuanto a que desconocían los aspectos financieros de Conexión Ganadera y calificó como “apropiación indebida” la compra de los apartamentos en Punta del Este y en Madrid y como estafa la propia lógica del negocio: “Ellos sabían muy bien que la empresa ya hacía años que venía dando pérdida e igualmente seguía estructurando el esquema Ponzi, pidiendo más dinero a cambio de tasas gigantescas que son imposibles de cumplir dentro del rubro”. Silvera señaló también a otros profesionales que podrían haber incurrido en asistencia al lavado de activos y fueron “más allá de sus responsabilidades como asesores”.

Ignacio Durán, que representa a varios damnificados, dijo que las declaraciones de los indagados fueron “bochornosas” y lamentó que a Cabral “la hicieron pasar prácticamente como incapaz”. “Lo único que hicieron fue confirmar plenamente los delitos y las maniobras que denunciamos”, agregó. El abogado dijo que “ninguno de los tres era incapaz” y señaló que “la estrategia de que la culpa es del muerto es una verdadera tomada de pelo a la Fiscalía y a todas las víctimas”. Durán dijo que la Fiscalía tiene “elementos de sobra” para tipificar -además de estafa- lavado de activos, aunque en coincidencia con Silvera señaló que si en esta audiencia no hay una imputación por esos delitos se va a dar más adelante.

Además, destacó el trabajo de la Fiscalía, que “con un escarbadientes” debe analizar informes técnicos que requieren de una expertise contable que los abogados no tienen, y planteó la necesidad de “transmitir tranquilidad y que la gente sepa que hay a cargo un fiscal que realmente está estudiando el tema y se está poniendo en el papel de las víctimas”. Durán confió en que habrá más personas imputadas en la causa y abogó por medidas cautelares más severas de las que les fueron impuestas en febrero, como son la fijación de domicilio y el cierre de fronteras.

Para el abogado Juan Pablo Decia, “hay sobrados elementos” para imputar en la próxima audiencia delitos de estafa, quiebra fraudulenta, apropiación indebida y lavado de activos. “El fiscal tiene informes que dan cuenta de que los imputados transfirieron dinero de las cuentas de Conexión Ganadera y Hernandarias XIII para la compra de apartamentos, autos de alta gama, establecimientos rurales puestos a nombre de terceras personas, en la gran mayoría de los casos, los hijos de los matrimonios”, expresó. Destacó que “quien recibe un bien adquirido con dinero ilícito queda inmerso en una figura de lavado”. Decia destacó que en los delitos de lavado “el dolo se infiere” y la “prisión preventiva es preceptiva”. Además, dijo que los familiares de los indagados “deben quedar en el radar”.