El lunes, la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2ª turno, Sandra Fleitas, pidió la formalización del proceso contra el exsenador Charles Carrera por los delitos de fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada, en la causa que lo investiga por irregularidades durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior [MI] (2010-2017).

La denuncia fue presentada el 13 de julio de 2022 por el MI, que denunció a Carrera por la entrega de tickets de alimentación por 20.000 pesos a Víctor Hernández, quien fue víctima de una bala perdida, presuntamente disparada desde la casa de un funcionario policial en La Paloma, en noviembre de 2012, y por habilitar la asistencia de Hernández en el Hospital Policial, incluyendo asistencia médica, psicológica y rehabilitación, desde julio de 2013 hasta diciembre de 2016.

El caso fue denunciado como un presunto delito de abuso de funciones innominado, previsto en el artículo 162 del Código Penal, para el funcionario público que, con abuso de su cargo, “cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares”. Desde el inicio, la defensa de Carrera rechazó tener responsabilidad penal en el hecho, planteando que se trató de una actitud con la que intentó ayudar a alguien que presuntamente había sido dañado por la Policía, algo que no pudo determinarse en la causa que investigó el hecho por el que Hernández resultó herido. El debate en la causa, que comenzó con el fiscal Ricardo Lakner, se basó en si Carrera, al darle acceso a la asistencia y tickets de alimentación a Hernández, se había excedido en las facultades de su cargo. En febrero de 2023 asumió como fiscal de Delitos Complejos la fiscal Silvia Porteiro, que investigó el caso hasta que pidió traslado a mediados de mayo.

El 24 de setiembre de 2024, Porteiro envió a la Justicia el pedido de desafuero del entonces senador Charles Carrera. En el documento que envió al Senado por intermedio del Poder Judicial, la fiscal Porteiro fundamentó su pedido a los legisladores diciendo que tenía elementos suficientes para pedir la imputación de Carrera por un delito de abuso de funciones y daba los detalles de la investigación que la llevaban a esa conclusión. El 25 de setiembre, Carrera renunció a su cargo como senador y luego fue quitado como elegible en la lista del Movimiento de Participación Popular, faltando menos de un mes para las elecciones. La fiscal nunca concretó el pedido de formalización y en mayo, luego de que Carrera la recusara al ver que no concretaba ni el archivo ni la formalización, aún teniendo el respaldo de la fiscal de Corte, pidió traslado de fiscalía, sin dar explicaciones públicas ni a las partes sobre su actuación.

Su lugar lo ocupó la fiscal Sandra Fleitas desde el 19 de mayo. Al día siguiente, la defensa de Carrera, que lleva adelante el abogado Juan Manuel González Rossi, pidió una reunión con la nueva fiscal para conocer cómo continuaría la causa, en la que había realizado varios pedidos de archivo. Fleitas respondió el pedido señalando que en unos diez días los convocaría a una reunión, pero a cambio de eso recibieron una citación a una audiencia de formalización que se concretará el 11 de junio.

“La recibimos con mucha sorpresa y con mucha insatisfacción porque escapa a toda lógica. Lo lógico y lo racional es que a un fiscal que asume una Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, que son todos casos con una importante dosis de complejidad, le insuma un tiempo ponerse a tiro con todos los casos, comprenderlos y empezar a definirse, a decantarse una posición en cada uno”, expresó el abogado en diálogo con la diaria.

El punto central del cuestionamiento, más allá de no haber mantenido una reunión con el investigado, es el cambio de tipificación y el uso de la evidencia vinculada a un delito para sustentar la comisión de otro. “Si vos a mí me informás unos cargos, yo declaro en función de esos cargos y después los cambiás y te vas a un cargo opuesto, y utilizás como evidencia lo que yo dije sobre el primer cargo, me hiciste una emboscada y me forzaste a declarar en mi contra”, señaló González.

Hasta ahora, la defensa de Carrera apuntaba a probar que no había perjudicado a Hernández con su accionar ni se había beneficiado a sí mismo o a un tercero, en función de lo que plantea el delito de abuso de funciones que Porteiro investigaba, pero Fleitas toma esas declaraciones y otras evidencias en la causa para pedir la imputación por fraude, falsificación de documento y utilización de información privilegiada, apuntando a que el exsenador hizo un daño al Estado.

González explicó que un cambio de tipificación en delitos que se incluyen, como pasar de hurto a rapiña, no cambia la estrategia de defensa, pero en este caso se trata de una imputación “diametralmente opuesta” que implica una nueva teoría del caso de la fiscalía y el abandono del rumbo que tuvo la investigación, con sus declaraciones y pericias consecuentes, durante los casi tres años que lleva la causa.

“No es razonable que haya un cambio de paradigma así tan grande y, si lo hay, tiene que empezar de vuelta el proceso, para permitirle al imputado armarse frente a esta nueva imputación. La fiscalía debería haber dicho: 'Miren, estuve estudiando, para mí no es lo que dice Porteiro, para mí es otra cosa, son estas tres figuras. Tengo pensado formalizar; me traen las evidencias que les parezca, me plantean lo que quieran, les tomo declaración. Todo ello debió haber ocurrido y no ocurrió”, afirmó. Además subrayó que conocer los cargos por los que es investigado “es el primer derecho que tiene cualquier persona que va a ser sometida a un proceso penal“.

En cuanto a la posibilidad de que Carrera sea imputado por la jueza Diovanet Olivera por los delitos señalados por Fleitas, González Rossi hizo hincapié en lo que implica la formalización desde el punto de vista de su conexión con los hechos. “Generalmente, se malinterpreta lo que es la formalización dispuesta por un juez y se suele decir que implica un pronunciamiento de la Justicia respecto de lo que hizo una persona. Eso de ningún modo es así. En la formalización, lo único que un juez puede controlar es que el planteo que hace el fiscal encuadre a grosso modo en un delito, no la correspondencia entre los hechos y las pruebas. La formalización no significa nada respecto a que una persona haya cometido un delito o no lo haya cometido. Desde la teoría se puede sostener otra cosa, pero en la práctica es exactamente así”, señaló.

Consultado si debería haber cambios en el código de proceso para que el juez, que es el único actor imparcial en una causa, pueda tener una valoración del fondo del asunto para definir la formalización, González respondió: “El Código de Proceso Penal le da un protagonismo y una relevancia desmedida y muy poco controlada a la actuación de un fiscal. Si a un fiscal le parece que alguien cometió un delito, eso es suficiente para formalizar a una persona y, por ende, para causarle muchísimos daños, sin que un juez se haya pronunciado y haya dicho nada sobre eso, y una formalización es un gran problema para la vida de una persona”.

¿Cómo puede seguir el caso?

En la audiencia del 11 de junio, el abogado planteará la situación a la jueza Diovanet Olivera en cuanto a la vulneración del derecho de defensa por los cambios de tipificación. La fiscal Fleitas planteará en su solicitud de formalización que Carrera incurrió en un delito de falsificación ideológica de funcionario público en un documento público, al registrar a Hernández con un cargo policial en la planilla de ingreso al hospital, y que generó un daño al Estado por el gasto que implicó su atención. Además, planteará que Carrera hizo uso de información a la que accedió por el cargo que ostentaba para otorgar tickets de alimentación por 20.000 pesos mensuales entre enero de 2013 y el 31 de octubre de 2016.

Si bien en esta etapa del proceso no se discutirá sobre el fondo del asunto, la carpeta de investigación tiene pericias y declaraciones de testigos que apuntarán a derribar el planteo de Fleitas. Uno de ellos es la declaración del policía retirado José Pedro Delgado, que fue director de la división de sanidad policial, quien dijo que era un procedimiento “de rutina” registrar con un grado funcional a las personas ajenas a la policía que iban a atenderse para que el sistema les pudiera cobrar el ticket. Por otra parte, la defensa de Carrera presentó la pericia del economista Michael Borchardt, que fue consultado acerca de si la atención que recibió Hernández en el Hospital Policial implicó algún costo para el Estado.

La respuesta de Borchardt es que estos hechos no significaron ningún “daño patrimonial al Estado”. En su opinión, si bien hubiera sido correcto que se lo atendiera en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la opción que se tomó en aquel momento no implicó costos adicionales para el Estado. “Entendemos que es erróneo cuando en forma simplista se procura asimilar, como si fuera un costo para el Estado, el gasto que asumió el Hospital Policial por la atención de esta persona, sin considerar el ‘ahorro’ que hizo ASSE por no haber asumido su atención”, expresó.

La recusación de la fiscal Fleitas

Este viernes la defensa de Carrera presentó el pedido de recusación de la fiscal Fleitas, algo previsto en el artículo 56 de la ley orgánica de la Fiscalía, que establece que el fiscal “podrá ser recusado si se comprobare interés personal en el proceso en que interviene, afecto, parentesco o enemistad en relación a las partes”. Para fundamentar una presunta “enemistad” por parte de Fleitas contra Carrera, la defensa del exlegislador presentó varias declaraciones de la fiscal en redes sociales, las republicaciones de declaraciones públicas de los exsenadores de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y Raúl Lozano, una nota de prensa en la que el exsenador Guillermo Domenech la señala como la candidata de Cabildo Abierto a integrar un triunvirato para dirigir la Fiscalía General de la Nación, pero señala que es “votante del Partido Nacional”, además de testimonios surgidos de distintas investigaciones administrativas en las que personas señalan a Fleitas por perseguir intereses políticos desde su actuación como fiscal.