Ministerio del Interior va el jueves al Parlamento por incendio en cárcel y evalúa medidas para módulos hacinados

“Ahí donde están esos privados de libertad no puede haber ni perros”, reclamaba con desesperación un padre que se había acercado a la Unidad 4 Santiago Vázquez para saber si alguna de las personas que habían muerto prendidas fuego era su hijo. El lunes a las 13.00, después de que la noticia circulara en diversos medios, decenas de familiares fueron hasta las puertas del ex Comcar para que les dijeran qué había pasado en el módulo 11, qué celda había sido incendiada, si sus hijos, sus hermanos o sus padres estaban bien.

La noticia llegó tres horas después. Un policía los hizo pasar al contenedor donde reciben las visitas y les comunicó a los referentes de cada núcleo familiar los nombres de los fallecidos. Luciano Flores, de 23 años; Emanuel Alexander Porciúncula, de 27 años; Yony Francisco Sosa, de 34 años; y Walter Javier Ocampo, 47 años, murieron calcinados, luego de un enfrentamiento con los que estaban en la celda de al lado.

Más tarde, la directora nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, dio detalles en una conferencia de prensa del episodio y dijo que “fue protagonizado por dos grupos de personas que rompieron los candados y salieron a enfrentarse con cortes carcelarios”. Una vez que la Policía se enteró de lo que sucedía, “recurrió a reprimir con munición menos que letal y con agentes químicos”, pero “fue frenada con colchones”.

En ese momento, cuatro personas se encerraron en la celda para resguardarse, pero alguien tiró un trozo de colchón prendido fuego, que hizo arder la celda. En total hay nueve personas involucradas: las ocho personas de la celda contigua y el fajinero del módulo. El caso está siendo investigado por la fiscal de Homicidios de 4° turno, Silvia Naupp.

El módulo 11 del ex Comcar es uno de los peores del sistema carcelario, junto al 4 y al 10. El comisionado penitenciario, Juan Miguel Petit, en su informe de 2023, advertía que el hacinamiento en ese lugar “es crítico” y la “carencia de personal es extrema” –el sindicato policial informó esta semana que en el momento del incendio había sólo cinco funcionarios para 700 personas–. Luego, en rueda de prensa el lunes, Petit enfatizó: “Ese módulo tiene que ser reestructurado, cerrado o transformado. Sin duda que no está bien. No está en la lógica de Uruguay algunas cosas de nuestro sistema penitenciario, más allá de todos los esfuerzos que se hacen”.

Las medidas urgentes que maneja el Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Carlos Negro, que encabezó la conferencia de prensa del lunes, adelantó que concurrirá a la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria para hablar de la problemática. Sostuvo que “las medidas a tomar son de tipo estructural” y expresó que es necesario “afrontar un cambio de matriz normativa en materia de sistema carcelario, que vaya incluso en contra del seguido hasta ahora”.

También dijo que están elaborando un plan de acción para atender la “emergencia” que se vive en algunos módulos, como el 11, que son “insostenibles”, y que las medidas contemplarán cambios de infraestructura, alimentación, atención de la salud mental y de la salud en general.

Las autoridades del Ministerio del Interior (MI) se encuentran revisando las penas, sobre todo las impuestas por la ley de urgente consideración, y están a la espera de lo que resulte del grupo que trabaja en la modificación del Código del Proceso Penal para analizar si envían los cambios propuestos al Parlamento desde ese ámbito o si lo hacen por separado, informaron fuentes de la cartera a la diaria.

Asimismo, la cartera está trabajando por cambios a corto plazo para atender la urgencia y, en concreto, buscarán trasladar algunos presos de los módulos más hacinados, así como mejorar rápidamente la alimentación y algunas cuestiones de infraestructura. En el ex Comcar hay una población de aproximadamente 5.000 personas, aunque su capacidad es para 3.000.

La citación de las autoridades ministeriales a la comisión de seguimiento está prevista para el jueves 26. El diputado Pablo Inthamoussu, que integra el ámbito parlamentario y fue uno de los legisladores presentes en el ex Comcar cuando ocurrió el incendio, contó a la diaria que ese día se dio una reunión en forma espontánea, que incluyó al director de la unidad, a los parlamentarios, al comisionado parlamentario y a la directora del INR. “Quedamos en que desde la Comisión del Seguimiento del Sistema Carcelario vamos a intentar hacer una especie de grupo de trabajo para atender estos temas y que estén todos los actores”, que incluya “también al Poder Judicial, que son quienes toman las decisiones de utilizar la prisión”.

Familias Presentes: “Las cárceles no son para mortificar”

Gabriela Rodríguez es integrante de Familia Presentes, un colectivo que nuclea a familiares de los privados de libertad, y estuvo presente el lunes en la puerta del centro penitenciario. Resaltó que tienen “un estado de consternación, de angustia, de impotencia, de bronca, todo junto, que además es reiterado porque no es la primera vez que sucede”. Los casos han sido similares y las consecuencias también: desde 2021, 18 personas privadas de libertad murieron por incendios intencionales, según consignó el martes El País.

“Y eso si hablamos de estos grandes eventos trágicos, pero después suceden en forma periódica situaciones de personas que mueren y no queda nada claro si tuvieron la atención que tenían que tener de salud, en qué condiciones fallecieron e incluso hay suicidios que son dudosos. Entonces, en lo que va del año, desde el 1° de enero a la fecha, llevamos contabilizadas en forma casera 19 personas fallecidas”, sentenció.

Rodríguez dice que sienten impotencia y se preguntan cuándo el sistema político va a empezar a trabajar en “medidas de trabajo integrales que permitan salir de esta situación crítica que estamos con el sistema carcelario”. La integrante de Familias Presentes dijo que sabe que se necesita presupuesto y cambios legislativos, pero también entiende que se pueden tomar medidas concretas, de gestión, que cambiarían la realidad de muchas personas presas.

“No hay psicólogos, no hay trabajadores sociales, no hay educadores sociales, no hay duplas para trabajar en lo que tiene que ver con la evaluación de las personas para saber a qué módulo pueden ir. Nosotros planteamos el año pasado y este año que se podrían hacer prácticas preprofesionales de la Universidad de la República [Udelar] en el sistema penitenciario”, señaló, y puso como ejemplo la posibilidad de que estudiantes de Medicina, Odontología, Trabajo Social y Educación Física puedan cubrir ese “déficit” de falta de técnicos que existe en las cárceles, al tiempo que se “estaría formando personal con otra sensibilidad y conocimiento del sistema”.

En esa misma línea, apuntó que la alimentación dentro del sistema carcelario es “pésima en todos lados”, salvo en la cárcel de Juan Soler, en San José, “donde la alimentación es balanceada y autosuficiente, ya que en buena medida comen lo que plantan dentro de la propia unidad. El resto es lamentable”. Indicó que existen tres estudios de la Escuela de Nutrición de la Udelar que hacen recomendaciones y les “consta que hay interés y compromiso de la institución para aportar a la mejora del sistema, para cocinar mejor y dividir cocinas”.

Por otro lado, planteó que la “atención a las familias nunca existió en términos de asesoramiento y contención” y sólo se brinda una “atención administrativa en la calle Cerrito, y para cualquier trámite que se quiera hacer como familiar, hay que gastar boleto de ida y vuelta hasta ahí, cuando muchísimas cosas se podrían resolver con una centralita telefónica”.

“Todas las personas tienen los mismos derechos humanos, independientemente del delito que hayan cometido. El delito lo juzgó la Justicia y por eso se les dio determinada pena. Todo lo demás que viven son tratos crueles, inhumanos y degradantes, especialmente en el módulo 4 y 11. En el módulo 11 las personas están días, semanas y meses sin salir de sus celdas, sin salir del sector, sin estar al aire libre, sin tener una hora de patio”, indicó.

Rodríguez explicó que la carencia de funcionarios repercute en que los privados de libertad puedan acceder al patio. “Hay personas privadas de libertad que te dicen: ‘Si en los lugares donde tiene que haber un guardia, día y noche, dentro de cada módulo, efectivamente estuvieran esos funcionarios, se estarían eliminando una cantidad enorme de problemas’. Entonces, la capacidad de respuesta que tiene el sistema ante un conflicto es mínima”, señaló.

Expresó que “muchas veces toda la sociedad y todo el sistema político, cuando se habla de cárceles, mira al INR y al MI. Por supuesto que hay que mirarlos y que tienen responsabilidad, pero también tiene responsabilidad el Poder Legislativo, porque desde hace 30 años a esta parte la inflación punitiva ha sido atroz y han levantado la mano para votar esas leyes parlamentarios de todos los partidos; el Poder Judicial, que tiene que aplicar la ley, pero luego manda a las personas a un INR que tiene que colocar a las personas en estas condiciones. El artículo 26 de la Constitución, que es de un siglo atrás, dice que la cárcel nunca puede ser para mortificar, que tiene que ser para rehabilitar y reeducar. ¿Quién se reeduca en estas condiciones?”.

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