El juez de Crimen Organizado de primer turno, Sebastián Amor González, condenó a tres exdirgientes del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) por los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de activos, en el marco de la causa que investiga el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), que brinda apoyo económico para que trabajadores del sector accedan a una casa propia.
Además, se dispuso la prisión por dos años para Fabián Rivero, Santiago Bernaola y Bruno Bertolio, a partir de un acuerdo abreviado con el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, quien investiga la maniobra que fue denunciada a fines de enero de este año por los representantes legales del fondo.
La investigación del caso comenzó el 28 de enero, luego de que el abogado Óscar López Goldaracena presentara ante la fiscalía una denuncia penal con los resultados de una auditoría externa y una investigación administrativa que llevó adelante el Fosvoc, que arrojó que se hicieron transferencias no autorizadas a 14 cuentas bancarias.
La maniobra quedó en evidencia cuando una de las personas implicadas se tomara licencia reglamentaria y la persona que lo reemplazó vio que existían transferencias “extrañas”, más allá de los pagos de sueldos.
Luego de la audiencia, el fiscal especializado explicó en una rueda de prensa que el dinero faltante del fondo asciende a más de un millón de dólares y que la maniobra, a la que calificó de “bastante compleja”, consistía en “movilizar dinero a través de otras personas y luego en la obtención de determinadas partidas que tenían un fin determinado, muchas de las cuales se obtenían a través de la solicitud de prestaciones de dinero de gente que no existía”.
Este jueves, el semanario Búsqueda informó que los tres condenados dijeron al fiscal que no actuaban solos, sino que respondían a órdenes de mandos más altos, entre los cuales hicieron referencia a dirigentes del Partido Comunista del Uruguay (PCU): la secretaria de Finanzas del Sunca y del PCU, Laura Alberti, el senador Óscar Andrade y el diputado Daniel Diverio.
Al respecto, el fiscal dijo que “en principio aparece de manera bastante sólida, consolidada”, la idea “de que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca”. También confirmó que estas personas fueron mencionadas por los condenados y no se descarta citarlos en carácter de imputados, dado que se les está “atribuyendo cierta participación dentro de lo que es toda la investigación de estos hechos”.
El fiscal explicó que “de lo que surge en principio de la investigación y de lo que han dicho los propios imputados, hoy condenados”, surgen elementos que indicarían que las autoridades del PCU y del Sunca estaban en conocimiento de la maniobra. En relación con el financiamiento de la campaña para el plebiscito contra la reforma de la seguridad social, se dieron algunos detalles que apuntan a que “se ayudaba a correligionarios del partido”, a través de “locomoción, transporte y viáticos”, es decir, “todo lo que podría incluir en una campaña electoral”. De todas formas, Rodríguez precisó que si las autoridades del PCU o del Sunca tenían conocimiento o fueron parte de la maniobra es parte de lo que se investigará.
Según supo la diaria, el fiscal cuenta con elementos que apuntan a que los indagados repartían el dinero entre correligionarios del partido o lo destinaban a cumplir determinadas tareas del partido. Asimismo, en la maniobra habría movimientos realizados por las propias autoridades directivas del PCU.
Por su parte, López Goldaracena dijo estar conforme “a medias” con la condena, porque si bien se trata de un “excelente trabajo de la Fiscalía y de la Policía”, a la que coadyuvaron como denunciantes del fondo, solamente han sido condenadas tres personas y él aspira, como representante de las “víctimas”, que “son los obreros a los que se les robó el dinero”, que se continúe con “la investigación hasta determinar efectivamente dónde fueron los fondos y que ese dinero se devuelva”.
“Al haberse celebrado un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y la defensa, no se puede continuar la investigación en este proceso: no hay juicio oral. Se aceptan las responsabilidades por unas penas exiguas. Pero si estamos hablando de más de un millón de dólares y considerando el quantum de la pena, llegamos a la conclusión de que el crimen paga en este país. Porque se les está robando más de un millón de dólares a los obreros y ¿cuáles son las penas que se han puesto?”, sentenció.
“Nosotros planteamos en la denuncia que uno de los delitos, por el que se debía a condenar y por el que se condenó, era el de asociación para delinquir. Porque ya desde un comienzo advertimos que no era la maniobra de una sola persona, sino que había más de una persona involucrada”, afirmó López Goldaracena, que estima que al menos 11 personas participaron en el esquema.
Sobre la acusación de los condenados a Andrade, Diverio y Alberti, López Goldaracena dijo que “no hay ninguna prueba todavía”. “Me alarmaría que desde un sindicato se financie un partido político. Pero no se puede afirmar eso livianamente porque no hay pruebas. Entonces, ¿qué ocurre si una persona acusada lanza esa defensa, pero luego no hay un juicio oral y público donde se pueda comprobar?”, cuestionó, y dijo que se debe “ir hasta las últimas consecuencias”.