El ministro del Interior, Carlos Negro, y la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, comparecieron este jueves a la comisión especial de seguimiento carcelario, luego de que la semana pasada murieran cuatro personas privadas de libertad a causa de un incendio en el módulo 11, de la unidad 4, Santiago Vázquez.

A la salida de la sesión, que se extendió por cuatro horas, el ministro contó que plantearon la “inquietud” de llegar a “acuerdos para avanzar en este tema en políticas de Estado” y señaló que “eso sólo se va a poder dar si tenemos un diálogo fluido entre todos los partidos políticos”. En ese sentido, planteó que es necesario arribar a “acuerdos programáticos” que permitan posteriormente hacer “reformas normativas” e “incluso asignaciones presupuestales”, de cara al proyecto de Ley de Presupuesto. También reiteró que las cárceles no deben depender del Ministerio del Interior (MI) y que el Instituto Nacional de Rehabilitación debe pasar a ser un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

“Este ministerio está preocupado por la incidencia del hacinamiento carcelario y el trato carcelario en la seguridad pública”, advirtió, y agregó que eso “se traduce en tres aspectos fundamentales”: el incremento de las personas en situación de calle, el fortalecimiento de delito dentro y fuera de las cárceles, y el aumento de la reincidencia, que actualmente asciende a 65%.

Sobre el primer punto, Negro ejemplificó: “Cuantas más personas privadas de libertad hay, más personas en situación de calle se van generando, sistemática y progresivamente”. Por otra parte, el jerarca explicó que “el hacinamiento carcelario permite o provoca que los líderes de las bandas tengan contacto entre sí y puedan llegar a organizarse en bandas más complejas, con organizaciones más grandes, que terminen siendo incluso más peligrosas para la seguridad del país”. Asimismo, en cuanto a la reincidencia, explicó que el MI puso el foco en que “las cárceles no inhabilitan para el delito” y “se siguen cometiendo delitos fuera de la cárcel”, por lo que el “crimen crece y los índices delictivos avanzan”.

En suma, el ministro puntualizó que la respuesta que se le está dando a la “criminalidad mediante la prisionización no es la correcta”. En ese sentido, dijo que se debe “manejar el hacinamiento que existe actualmente”, “seguir trabajando en el diseño que permita que las personas que no deben ingresar al sistema carcelario no lo hagan”, “y también atrapar a aquellos que no están siendo objeto de prisionización”, en referencia a los delitos de estafas que, según dijo, están “absolutamente subregistrados”.

Las medidas urgentes para los módulos hacinados

La directora del INR contó que presentaron ante los legisladores ocho medidas focalizadas en la unidad 4 Santiago Vázquez y, en particular, en sus peores módulos, el 3, el 4, el 10 y el 11. Juanche puntualizó que el ex Comcar aloja a 5.200 personas, un 30% de la población total privada de libertad, y señaló que sólo en estos cuatro módulos hay 3.500 personas.

“En ese sentido, lo primero que comenzamos a hacer esta semana es el relevamiento de algunas personas que van a ser realojadas en el complejo Santiago Vázquez y que van a ser trasladadas a otras unidades que componen el sistema”, dijo el jerarca.

Además de esos “traslados progresivos”, Juanche adelantó que se incrementará el personal penitenciario durante este año. “Concretamente, vamos a proveer vacantes que tenemos disponibles en los tres escalafones: el policial, el civil y el técnico. Aproximadamente, 600 vacantes, entre operadores, policías y técnicos”, adelantó.

Un tercer cambio que buscarán implementar es mejorar la alimentación, que, según dijo Juanche, “es uno de los aspectos más deficitarios y más nombrados en los [recursos de] hábeas corpus correctivos, así como en los diversos informes del comisionado parlamentario y la Institución Nacional de Derechos Humanos”.

En ese sentido, adelantó que se “descentralizará el servicio de provisión de alimentos, con la construcción de centros de acopio y también cocinas que van a estar disponibles” en tres unidades. “Con esto vamos a mejorar el proceso y evitar que la comida tenga que hacer un recorrido de aproximadamente 700 metros en condiciones bastante deficitarias desde la perspectiva sanitaria, y además en condiciones de distribución desigual”, señaló.

Por otra parte, el MI trabajará en “mejorar las condiciones para la visita, porque esto es un nudo fundamental en el proceso de reinserción de las personas privadas de libertad, fortalecer los vínculos positivos con el entorno social próximo y con el entorno familiar”. Asimismo, señaló que “para eso vamos a hacer obras de mejoramiento en el sector de ingreso al complejo y también vamos a reacondicionar y equipar 17 salones de visitas en los módulos 3, 4, 10 y 11”.

En materia de intervención penitenciaria, en lo que refiere al “trato pero también al tratamiento” de adicciones y de salud mental, se buscará trabajar con “áreas programáticas en las unidades” y se crearán nuevos cupos mediante acuerdos con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, la Junta Nacional de Drogas y la Administración de Servicios de Salud del Estado.

Juanche dijo que se hará un “shock de inversión en tecnología para el control” a través de la videovigilancia, para lo que será necesario “cablear todo el perímetro de la unidad del complejo”, al mismo tiempo que se incorporarán cámaras en las “planchadas” y en los “salones de visita de las unidades especialmente complejas”.

“Con este paquete de medidas de urgencia, que entendemos imprescindibles y básicas, creemos que, además de poder maximizar los recursos existentes, estamos también agregando un shock presupuestal para esto y con eso, como resultado, acelerar los procesos destinados a humanizar las condiciones del sistema”, concluyó.

La mirada de la oposición

La diputada nacionalista Patricia Rodríguez, expresidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, destacó que Negro fue a la comisión con “un espíritu de compromiso al diálogo, de trabajar en conjunto los temas que atañen a la seguridad y, en este caso, obviamente en relación con lo que está pasando con el sistema carcelario”.

Asimismo, señaló que desde la oposición le transmitieron que esperan que estas medidas “no se vayan sólo en palabras” y cuestionó que si bien el ministro reconoció en la comisión que el problema “es de larga data”, el lunes “asoció lo que pasó con el incendio y la muerte de los internos con la ley de urgente consideración”.

Rodríguez señaló que si bien en la comparecencia se hizo un detalle pormenorizado de los cambios que se buscará implementar a la brevedad, se “habló poco de los funcionarios”. Por otra parte, consideró “que si las cárceles en Uruguay se sostienen, es por sus funcionarios, tanto civiles como los ejecutivos, porque la verdad es que a veces con dos funcionarios para 700 internos, como sabemos que hay muchas veces en la planchada, van a la guerra con un tenedor”.

La diputada nacionalista señaló que le dijo al ministro que “más allá de que se habla de una incorporación nueva de personal, también se habla de las carencias de personal en torno a las certificaciones”. “Si no atacamos el riesgo, la salud mental y cómo trabajan esos funcionarios en las cárceles, por más que tomemos funcionarios nuevos, vamos a seguir con el problema de las certificaciones o la falta de personal, porque son indignas las condiciones de trabajo de los funcionarios en las cárceles, así como son indignas las de los internos”, dijo.