Cada mañana, antes de ponerse en marcha a su lugar de trabajo, Gloria Coronel recibía una videollamada de su hermano, Humberto Coronel, periodista radial de 33 años que trabajaba en la emisora local de Radio Amambay. El periodista paraguayo, el menor de nueve hermanos, procedía de una familia numerosa y unida que vivía en Pedro Juan Caballero –o, simplemente, Pedro Juan, como se conoce localmente a la ciudad–, en la frontera de Paraguay con Brasil. Como hermana mayor, Gloria Coronel se sentía una especie de segunda madre. “Sólo te llamo para verte”, solía decirle el periodista. “Me hace feliz verte feliz”.

Pero en la mañana del 6 de setiembre de 2022 Humberto Coronel no llamó. Aun así, su hermana abandonó su domicilio, como cada día. Pero horas más tarde, durante una pausa, vio que tenía dos llamadas perdidas del número de su hermano. Le envió una nota de voz, en lengua indígena guaraní (oficial junto con el español en Paraguay), bromeando: “Ya sos grande, bobito, ¿pensás que me podés llamar así en horario laboral?”.

La situación no hizo sino empeorar, y la siguiente vez que revisó su teléfono Gloria Coronel casi se precipitó de la silla. Descubrió decenas de llamadas perdidas de sus familiares y amigos. Fue entonces cuando se enteró de la noticia: su hermano había sido asesinado a balazos. “Nunca voy a olvidar esa fecha, el 6 de setiembre”, recordó. “Para mí fue mortal, porque jamás jamás pensé que algo así podía pasarle a él”.

Coronel recibió ocho disparos a manos de una persona que se desplazaba en motocicleta cuando salía de la emisora para la que trabajaba, Radio Amambay. Se convertía así en el periodista número 18 asesinado en Paraguay desde 1991 –casi la mitad, un total de siete, en Pedro Juan Caballero–.

La ciudad paraguaya comparte una frontera seca con Ponta Porã, en Brasil. En la polvorienta urbe de 127.000 habitantes, el español se mezcla con el portugués y el guaraní, y los vehículos cruzan entre ambos países sin ningún tipo de control.

Por su ubicación estratégica en el corazón de Sudamérica, Pedro Juan Caballero es un nexo clave en los circuitos de tráfico ilegal –incluyendo armas, cigarrillos, vehículos y drogas– que van desde Bolivia hacia Brasil, y hacia puertos europeos. La situación de seguridad de la ciudad se agrava, especialmente, para los periodistas, que son asesinados allí en un porcentaje similar al de Acapulco, México –conocida por la violencia de los cárteles y donde los comunicadores también suelen ser blanco de ataques–. Entre los supervivientes, hay quienes se han visto obligados a huir del país. Los que se quedan se ven condenados a la autocensura.

En los primeros meses de 2024, Forbidden Stories, cuya misión es continuar el trabajo de periodistas asesinados, encarcelados o secuestrados por el ejercicio de su trabajo, lanzó la Alianza Paraguay junto a sus socios del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y diez medios de comunicación en América Latina y Europa. El consorcio de periodistas internacionales fue convocado para continuar el trabajo de los reporteros silenciados en Paraguay. En el foco: cómo la corrupción y la mala gestión han convertido al país en una zona de peligro para los trabajadores de la prensa y, al mismo tiempo, en un refugio para todo tipo de actividades criminales.

Nuestra investigación, que se prolongó durante varios meses y finalmente ve la luz hoy, se basa en decenas de entrevistas, trabajo de campo, así como en documentos relacionados con casos judiciales clave en Paraguay a los que nuestro equipo tuvo acceso.

Estos documentos consultados por Forbidden Stories y sus socios sugieren que los principales fiscales de Paraguay –entre cuyas funciones se incluye indagar en la cuestión del crimen organizado– no investigaron adecuadamente la impunidad generalizada en el país. Así, revelamos cómo la Fiscalía ignoraba con regularidad las solicitudes de colaboración de países vecinos para investigar actividades criminales o para extraditar a conocidos narcotraficantes. En esta misma línea, familiares, defensores y allegados denuncian que las investigaciones sobre la muerte de periodistas han quedado estancadas en la mayoría de los casos.

En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado paraguayo responsable por no investigar el asesinato de Santiago Leguizamón Zaván, periodista que se destacó por su valía y que cubría el crimen organizado en Pedro Juan Caballero, en 1991.

Su hijo, Dante Leguizamón –que tenía tan sólo 13 años cuando su padre fue asesinado a tiros en la ciudad paraguaya–, afirmó que la Fiscalía paraguaya no respondió en múltiples ocasiones a solicitudes sencillas, como la traducción de documentos, lo que evidencia su reticencia a la hora de investigar casos vinculados con el crimen organizado.

El doctor Camilo Cantero, que tenía 28 años cuando su hermana, la periodista radial Yamila Cantero, fue asesinada el 6 de julio de 2002 en San Patricio, cerca de la frontera con Argentina, expresó esta misma frustración. En las más de dos décadas transcurridas desde el crimen, la Fiscalía paraguaya nunca contactó con ellos y, según denuncia Cantero, incluso extravió el expediente físico del caso. “Tarde o temprano, el Estado paraguayo debe darle a nuestra familia una respuesta adecuada”, expresó. “La versión oficial de hace 23 años, que se trató de un ‘crimen pasional’, nunca nos convenció”.

En una escena similar, el 12 de febrero de 2020, Cintia González estaba cenando con su esposo, Lourenço Léo Veras, cuando dos sicarios entraron y le dispararon frente a ella. Pese a haber sido testigo del crimen, sostiene que en el período de casi un año que transcurrió tras el asesinato los fiscales nunca la llamaron a declarar.

La Fiscalía General de la República del Paraguay no respondió a nuestras preguntas específicas. La institución proporcionó una declaración general en la que se describe el estado de varios casos relacionados con asesinatos de periodistas. La Policía Nacional y los fiscales y exfiscales mencionados en esta investigación no respondieron a nuestras solicitudes para expresar su versión de los hechos.

Nuestro consorcio continúa hoy el trabajo de Veras y su compañero y amigo Cándido Figueredo Ruíz. Durante casi tres décadas, Figueredo informó sobre el crimen organizado en la frontera, lo que le costó múltiples intentos de asesinato y constantes amenazas de muerte –por lo que contaba con protección policial las 24 horas–. Sin embargo, en sus propias palabras, todo cambió tras el asesinato de Veras, con quien trabajaba en aquel momento en una investigación sobre el tráfico de armas. Por razones de seguridad tuvo que huir del país. Forbidden Stories habló con él desde su exilio en Estados Unidos y ahora saca a la luz la investigación sobre tráfico de armas que ellos nunca pudieron publicar.

La Alianza Paraguay también dio continuidad al trabajo de los periodistas locales sobre la organización narcotraficante brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC), y revela hoy cómo fiscales paraguayos demoraron e incluso rechazaron investigar casos de corrupción de alto nivel, como el soborno de funcionarios por parte de un capo grupo narco apodado “Minotauro”.

Por último, Forbidden Stories y sus socios investigaron las circunstancias que rodearon la vida y muerte de Eulalio Lalo Gomes Batista, un político paraguayo que falleció de madrugada en un tiroteo durante un impactante allanamiento policial en su domicilio. Meses después de este episodio, la autopsia forense de su teléfono revelaría un presunto esquema de manipulación judicial y encubrimiento político que se extendía a legisladores, fiscales y jueces.

Los periodistas locales relatan el temor persistente a la hora de informar desde la frontera. Aníbal Gómez Caballero, un veterano comunicador de Pedro Juan Caballero que trabajó junto a Santiago Leguizamón “hasta su último día”, habló con nuestro consorcio sobre los riesgos que supone el ejercicio de su profesión. “Ser periodista aquí es como vivir en un hilo que puede soltarse en cualquier momento”, afirmó.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, desde 2023 no se ha registrado ningún asesinato de periodistas en Paraguay. Sin embargo, y según afirma José Pepe Costa –director de la Mesa de Seguridad para Periodistas, organización sin fines de lucro que vela por la libertad de prensa en Asunción–, para quienes deciden continuar con esta labor cada día, los riesgos siguen siendo significativos. Además, señala que los autores intelectuales no han sido identificados en aproximadamente nueve de cada diez casos en el país. La Mesa de Seguridad para Periodistas ha registrado más de 400 ataques contra comunicadores en Paraguay desde 1991.

“Ejercer la libertad de expresión y ejercer el periodismo es una actividad de riesgo, sobre todo en la zona fronteriza con Brasil”, dijo Costa en una entrevista con Forbidden Stories. “Cada vez más periodistas deben trabajar con cautela y autocensurarse para evitar ser atacados, agredidos o amenazados”.

Paraguay ocupa actualmente el puesto 84 de 180 países en el ranking anual de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, muy por debajo de Brasil y otros países latinoamericanos. Aun así, los periodistas continúan enfrentándose al poder para sacar a la luz la verdad, exponiéndose a un enorme riesgo.

Así recuerda Gloria Coronel a su hermano. “A él le gustaba esto, me hablaba de la discriminación y de las cosas ilícitas que sucedían en el país [...] Siempre quería investigar y conocer. Y cuando yo le decía que era peligroso, él me respondía que había que conocer la verdad, que la gente tenía que enterarse de lo que sucedía a su alrededor”.

Alianza Paraguay es el resultado de una coordinación de Forbidden Stories y del OCCRP; en colaboración con Cuestión Pública (Argentina), Revista Piauí (Brasil), La Nación (Argentina), la diaria (Uruguay), IrpiMedia (Italia); y con DDosecrets. El grupo ABC Color (Paraguay) colabora como socio en la republicación de los reportajes.