La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, inició este miércoles el juicio oral contra Alberto Iglesias, que se estima que durará hasta finales de julio, debido a la magnitud de la causa y el volumen de prueba que se presentará en el juicio, que involucra a unos 50 testigos.

La primera audiencia comenzó con los alegatos de apertura de la fiscalía de Delitos Complejos de tercer turno, a cargo de Gilberto Rodríguez, quien acusa a Iglesias por los delitos de insolvencia societaria fraudulenta y apropiación indebida durante su desempeño en la administración de Casa de Galicia, que fue cerrada por decisión judicial en diciembre de 2021.

Para la fiscalía, Iglesias incurrió en un delito de apropiación indebida al desviar 180.000 dólares que habrían sobrado de una operación cambiaria vinculada a la compra de un inmueble en Centenario y Luis Alberto de Herrera. En la audiencia, el fiscal detalló que el monto fue retirado el 10 de febrero de 2021 por Iglesias en pesos, unos 7.596.000. “Este dinero pasa a estar a disposición del señor Iglesias, que a la postre era el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil Casa de Galicia”, señaló Rodríguez, quien destacó que el dinero “nunca fue redireccionado con los fines propios a los que tenía que ir, que era ser ingresado a las arcas de Casa de Galicia”.

Además, el fiscal señaló que en diferentes partes del proceso de investigación penal se dieron razones distintas del desvío, como que el dinero fue redireccionado a otras áreas de la institución, que Iglesias era acreedor de Casa de Galicia y que se lo quedó, algo que, según el fiscal, no tiene registro. Además, mencionó el suicidio de un contador amigo de Iglesias al que acudió para plantear la trazabilidad de ese monto. También señaló que la fiscalía “pudo corroborar que hay una serie de transferencias bancarias que no se corresponden con el destino” alegado por Iglesias.

Iglesias también es acusado por el delito de insolvencia societaria fraudulenta al firmar dos órdenes de pago días antes de que la Justicia decretara el concurso de acreedores, algo que benefició a una de las empresas que participaba en el proceso, que tiene como principio la distribución equitativa de los activos.

El fiscal planteó que la ley que plantea el delito de insolvencia societaria fraudulenta alcanza a todas las organizaciones que tengan proyectos, inversiones y administración y no se restringe a empresas con fines de lucro. Rodríguez planteó que cuando se va a concurso, no se puede movilizar “cualquier aspecto que tenga que ver con el patrimonio”, porque se está pidiendo la asistencia de un órgano jurisdiccional que evalúa la continuidad de la institución, además de proteger a los acreedores, y comparó la situación con que alguien sea atendido sin sacar número.

Por parte de la defensa del imputado, concurrieron a la audiencia los abogados Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, quienes intentarán demostrar que su cliente fue víctima de una maniobra en la que se utilizó la intervención estatal para provocar el cierre de Casa de Galicia y beneficiar a sus competidores dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.

En su alegación, el abogado Fernández dijo que, pese a haber tomado la defensa después de la audiencia de control de acusación, “no va a cambiar el libreto” respecto de sus antecesores y que en esta causa es necesario diferenciar “cuándo hay irregularidad contable, cuándo hay desprolijidades y omisiones y cuándo comienza el delito”.

Además, señaló que Casa de Galicia tenía deudas que ascendían a los 75 millones de dólares cuando asumió Iglesias y que, a 30 días de asumir, en 2018, se entera de que tiene que pagar seis millones de dólares de salarios. Fernández sostuvo que la fiscalía omitió decir que, por las “urgencias económicas y financieras” que tenía la institución, Iglesias, “de su bolsillo, dio un préstamo de 200.000 dólares que nunca le fue devuelto” y que no se presentó a verificar el crédito porque “sabía que no iba a poder” cobrar con el concurso, pero destacó que en el juicio está prevista la declaración de la persona que fue a buscar los 200.000 dólares a la casa de Iglesias.

En cuanto al delito de insolvencia societaria fraudulenta, que comete una persona cuando para “procurarse un provecho injusto, para sí o para otro, ocultara, disimulara o hiciese desaparecer, parcial o totalmente, el patrimonio de una empresa en perjuicio de un tercero”, Fernández puntualizó que se trata de “una acción que causa un resultado” y ese resultado “es una insolvencia aparente, no real”. En ese sentido, argumentó que “nadie puede discutir” que Casa de Galicia “estaba en una situación real de insolvencia: debía 75 millones de dólares, por lo tanto, la conducta de nuestro defendido no causó nada”.

En esta primera audiencia, declararon Iglesias, cuya defensa pidió que se tomara su testimonio; el entonces director de Jurídica de la cartera, Martín Thomasset, que asesoró a las autoridades para hacer la denuncia penal; el exministro de Salud Daniel Salinas y el presidente de la Junta Nacional de Salud, Alberto Yagoda.

La causa comenzó en diciembre de 2021, luego de que el Ministerio de Salud Pública denunciara irregularidades en la gestión, con base en el informe de los interventores del Poder Ejecutivo que concluyeron, luego de dos meses de investigación, que en la administración habían existido “múltiples y presuntas irregularidades” por parte de la dirección comandada por Iglesias “en detrimento del patrimonio de la institución”.