Este miércoles comienza el juicio oral contra Alberto Iglesias, en el que el expresidente de la Junta Directiva de Casa de Galicia será juzgado por los delitos de insolvencia societaria fraudulenta y apropiación indebida durante su desempeño en la administración de la institución médica, que fue cerrada por decisión judicial en diciembre de 2021.
La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, estará a cargo del juicio oral, que se estima que llevará unas 12 audiencias y culminará el próximo 31 de julio. En la primera audiencia la fiscalía presentará sus alegatos de apertura y luego lo hará la defensa de Iglesias, que llevan adelante los abogados Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez. Seguirá la etapa de diligenciamiento de la prueba, en la que se presentarán 50 testigos –está previsto que se convoque a unos cinco testigos por audiencia–, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso. Iglesias podrá hacer declaraciones en cualquier momento del juicio, pero para eso debe ser autorizado por la jueza.
En cuanto al debate durante el juicio, la discusión pasará por si Iglesias incurrió en un delito de insolvencia societaria fraudulenta al firmar dos órdenes de pago días antes de que la Justicia decretara el concurso de acreedores, algo que benefició a una de las empresas que participaba en el proceso, que tiene como principio la distribución equitativa de los activos. Si bien ese hecho no fue denunciado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) cuando culminó la intervención del Estado a la institución médica, sí fue denunciado ante la Justicia penal por los síndicos del Poder Judicial que llevaban adelante el proceso de concurso.
El delito de insolvencia societaria fraudulenta está previsto en el artículo 5 del Decreto-ley 14.095 y prevé penas de entre 12 meses de prisión y diez años de penitenciaría para quien “procurase un provecho injusto, para sí o para otro, ocultara, disimulara o hiciese desaparecer, parcial o totalmente, el patrimonio de una empresa en perjuicio de un tercero”.
Sobre este punto, en febrero de 2024, Iglesias dijo que no sabía que no debía firmar esos documentos por la realización del concurso, y agregó que el juez de concurso anuló el acto y que los acreedores a los que les pagó por fuera del concurso no llegaron a cobrar. “Cuando firmé, firmé de buena fe toda la documentación que me mandaron, sin saber que alguna de ella no correspondía firmarla. Ahora hay que dejar bien en claro que yo no tuve responsabilidad”, dijo en una rueda de prensa en la Fiscalía tras conocer que sería imputado por ese hecho.
El otro punto sobre el que se discutirá en el juicio es la responsabilidad penal de Iglesias por el desvío de 180.000 dólares que habrían sobrado de una operación cambiaria vinculada a la compra de un inmueble en Centenario y Luis Alberto de Herrera. Cuando Iglesias declaró ante la fiscalía, en abril de 2023, llevó comprobantes de que ese dinero había sido transferido a la clínica Leborgne, que pertenece en un 51% a la institución, pero la fiscalía considera que esa versión tiene inconsistencias, por lo que decidió acusar a Iglesias por un delito de apropiación indebida.
En la acusación fiscal, por los dos delitos, el fiscal especializado en Delitos Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, pidió una pena de tres años de penitenciaría.
La denuncia la hizo en diciembre de 2021 el MSP, con base en el informe de los interventores del Poder Ejecutivo que concluyeron, luego de dos meses de investigación, que en la administración habían existido “múltiples y presuntas irregularidades” por parte de la dirección comandada por Iglesias “en detrimento del patrimonio de la institución”. Pese a ese informe de los interventores, la fiscalía no logró en principio conectar las conclusiones principales con la documentación presentada en la intervención, por lo que debió pedir ampliación de la información a los interventores en varias instancias del proceso para alcanzar un nivel de solidez en la evidencia respecto de la comisión del delito de estafa. Además, se incorporó a la investigación la documentación presentada por los síndicos del concurso en cuanto a la firma de los documentos a favor de los acreedores, que motivó la primera tipificación de asociación societaria fraudulenta.
En febrero de 2024, un testigo calificado planteó que habían existido presiones del Poder Ejecutivo a los veedores designados durante el proceso previo al cierre de Casa de Galicia, para que modificaran un informe favorable a que la mutualista recibiera un préstamo del banco Santander por 12 millones de dólares para mantenerse abierta. Esto fue desestimado por la teoría de la fiscalía, pero refuerza la base del planteo de Iglesias, que entiende que se montó una trama para acabar con la institución y favorecer a sus competidores.