Conexión Ganadera: fiscal utilizará alerta plateada de Interpol para investigar lavado de activos en el exterior

Las condenas por delitos de lavado de activos en los últimos dos años se cuentan con los dedos de una mano. Se trata de delitos complejos, difíciles de investigar, que mueven sumas importantes de dinero y, por ende, su persecución requiere de recursos y personal especializado.

Además de ser una preocupación del gobierno, que el jueves lanzó la estrategia contra el lavado de activos para el quinquenio, el tema ha estado presente en los debates sobre los casos de los fondos ganaderos, que están en la órbita penal. En el caso de Conexión Ganadera, el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, formalizó el proceso contra el socio fundador Pablo Carrasco por un delito de estafa y lavado de activos, mientras que en el caso de su esposa y socia, Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, socia y viuda del socio fundador fallecido, Gustavo Basso, sólo lo hizo por un delito estafa.

La decisión fue criticada por varios abogados de las víctimas, que entienden que se tuvo que haber pedido la imputación contra los socios de Conexión Ganadera por varios otros delitos, entre ellos, en el caso de Iewdiukow y Cabral, por lavado de activos.

Carrasco fue imputado por lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, previsto en el artículo 30 de la ley integral contra el lavado de activos (19.574), teniendo como delito precedente el delito de estafa, dado que para la fiscalía hay evidencia de que Carrasco y Basso “desviaron y utilizaron” el dinero de los inversores en “la adquisición de bienes e inmuebles suntuosos en beneficio propio o de sus hijos”, pagado “con el dinero que salió de las cuentas bancarias de Conexión Ganadera, Hernandarias XIII, Escritorio Basso o de sus cuentas personales”.

Juan Pablo Decia, abogado de varias víctimas, consideró que podría imputárseles a Cabral y Iewdiukow el delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia y a sus hijos en la modalidad de posesión y tenencia, prevista en el artículo 31 de la misma ley, debido a que “Cabral envió desde su cuenta personal dinero a su hija para comprar un campo en Lavalleja, y Iewdiukow firmó un boleto de reserva para la compra de apartamentos en Punta del Este”.

Si bien la investigación penal que realiza la fiscalía logró determinar que “los tres imputados tenían participación directa en la administración y gestión de la empresa”, el fiscal señaló que una eventual ampliación de la formalización contra Cabral y Iewdiukow por el delito de lavado de activos, u otros delitos, “dependerá de las diligencias destinadas a recolectar evidencia que aún están en trámite”, como los exhortos librados a Panamá, Paraguay y Estados Unidos, además de otras tipificaciones, como la de insolvencia societaria fraudulenta, que requiere la determinación del pasivo y el activo de Conexión Ganadera, en el marco del proceso de concurso.

En cuanto a los mecanismos de intercambio de información utilizados en la causa Conexión Ganadera para detectar movimientos vinculados al lavado de activos, fuentes de fiscalía señalaron a la diaria que se va a concretar un pedido de “alerta plateada” de Interpol, un mecanismo que procura la cooperación entre los países para solicitar información sobre bienes, cuentas bancarias, sociedades y acciones, pero advirtieron que se trata de un mecanismo nuevo sobre el que no hay muchos antecedentes en Uruguay, por lo que aún se desconoce los tiempos de respuesta.

Por otra parte, informaron que además de los exhortos a los países mencionados durante la investigación de Conexión Ganadera se utilizaron otros mecanismos de cooperación internacional, como la red de recuperación de activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el grupo Egmont, integrado por Unidades de Información y Análisis Financiero, que, al no tener valor probatorio, no sustituyen los exhortos enviados a través de las autoridades judiciales.

El caso de Grupo Larrarte

En abril, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1º turno, Alejandro Machado, pidió la formalización del proceso contra Jairo Larrarte, dueño de Grupo Larrarte, por los delitos de estafa, apropiación y cheques sin fondos, y pidió la prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación judicial.

Grupo Larrarte firmó 211 contratos por 12 millones de dólares, entre 2021 y 2024. Los acuerdos firmados con los acreedores eran por un monto mínimo de 15.000 dólares y la rentabilidad prometida era de entre 10% y 11,3% anual. Larrarte admitió ante la fiscalía tan sólo haber alcanzado a comprar 9.000 cabezas de ganado, cuando en los contratos firmados figuraba la compra por más de 16.000 vacunos.

Según planteó la fiscalía durante la audiencia, Larrarte utilizó el mecanismo de “estafa piramidal”, en el que el “ejecutor obtiene grandes sumas de dinero que destina en parte a mantener la apariencia del negocio legítimo en pagar falsas rentabilidades, que no son más que la devolución fragmentada de inversiones, y, por último, a su propio bienestar y sustento”.

El jueves, El País informó que la jueza de 36º turno, Marcela Vargas, extendió el plazo de la prisión preventiva para Larrarte por 30 días, a pedido de Machado. El fiscal informó durante la audiencia que se utilizó la alerta plateada de Interpol mientras continúa con la investigación.

Fuentes vinculadas a la causa explicaron a la diaria que se utilizó por primera vez en Uruguay esta alerta, que es un mecanismo nuevo de Interpol, porque es mucho más ágil que el proceso previsto a nivel judicial, en el que el fiscal realiza un exhorto y requiere una autorización judicial. La demora de respuesta del país al que se le solicita la información mediante un exhorto puede ser, en promedio, de entre seis meses y un año, lo que puede llevar a que desaparezcan los bienes que se están investigando.

Además de aguardar por esa información, la fiscalía a cargo de Machado espera un informe sobre lavado de activos elaborado por un equipo multidisciplinario, integrado por la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central y la secretaría antilavado (Senaclaft). Ese informe será decisivo para determinar si existió o no lavado de activos por Larrarte y culminar la acusación.

El funcionamiento de los mecanismos de cooperación

Consultado por la diaria, el asesor de la Senaclaft, Daniel Espinosa, señaló que hay tres mecanismos de intercambio de información internacional extrajudiciales: la alerta plateada, por la que se pide colaboración entre las oficinas de Interpol del cada país; la colaboración a través del grupo Egmont, que integra las unidades de Información y Análisis Financiero de los bancos centrales de 177 países, y el mecanismo de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat, que conecta con las fiscalías y las secretarías de lavado de países latinoamericanos y europeos.

“Eso te adelanta las investigaciones, después a la larga vas a precisar hacer el exhorto y pedirlo formalmente”, señaló Espinosa, planteando que recurrir previamente a este tipo de intercambios que son más rápidos que el exhorto judicial también permite determinar, con la información, dónde enviar los exhortos y qué solicitar, y puso como ejemplo que a partir de información obtenida extrajudicialmente se puede pedir un exhorto para un congelamiento de cuentas.

“Rápidamente te podés concentrar en los países que te contestan afirmativamente. En estas investigaciones financieras lo que importa es la inmediatez del dato y que vos lo puedas congelar. Si vos lo congelás, después tenés tiempo para pedir el embargo; estos mecanismos alternativos lo que buscan es encontrar datos antes de que sean transferidos”, agregó.

La vía de la cooperación jurídica, si bien es un requisito para presentar como prueba, tiene la desventaja de que sus procesos de certificación la hacen más lenta. Esa información se solicita vía la Autoridad Central de Cooperación Internacional, que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, con los países en los que hay acuerdo, o vía la cancillería en el caso de los países que no están vinculados por la Autoridad Central.

En cuanto a las carencias del sistema en su capacidad para concretar condenas por delitos de lavado, Espinosa señaló que estos casos requieren una investigación financiera y patrimonial paralela al delito precedente. “No está habiendo la cantidad de investigaciones paralelas que debería haber, junto con los delitos precedentes. Investigamos un caso de drogas, encontramos la droga, dos camionetas, y después no encontramos nada más”, señaló.

En esa línea planteó que la iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de eliminar la Fiscalía especializada en Lavado de Activos es llevar las investigaciones de lavado a las fiscalías que trabajan en los delitos precedentes.

Espinosa explicó que para que una persona sea condenada por un delito de lavado no es necesario que sea condenada por un delito precedente o que exista un proceso de ocultamiento de la procedencia del dinero con el que se obtuvo ese bien, sino que lo que se debe probar es que la procedencia de los bienes fue obtenida a partir de los delitos precedentes. En ese sentido, puso como ejemplo que una de las modalidades de lavado es “la simple tenencia” de bienes producto de los delitos precedentes, aunque la persona condenada por lavado no haya realizado ninguna maniobra para ocultar los bienes, por lo que una persona puede ser condenada sólo por delitos de lavado.

La identificación de los activos en el caso Conexión Ganadera

Desde la intervención de Conexión Ganadera, a principios de febrero, la Justicia busca identificar bienes en manos de Carrasco, Basso y su entorno para detectar activos que puedan ponerse a disposición de los acreedores del fondo ganadero, estimados en 4.300. Ese proceso por el que se decretó el concurso y se puso la administración de Conexión Ganadera en manos del síndico Alfredo Ciavatone no determinó el pasivo y activo de la empresa, pero en las últimas reuniones mantenidas con algunas de las defensas se supo que el pasivo será superior a los 300 millones de dólares. El síndico tiene la tarea de preservar el activo, lo que implica vender, en la forma más conveniente posible, las 75.000 cabezas de ganado que se contaron en los campos de Conexión Ganadera, entregar los campos arrendados y buscar la disminución de los costos operativos que superan los 200.000 dólares mensuales. En el proceso de concurso contra Conexión Ganadera también se dispuso un embargo sobre sus representantes por 250 millones de dólares.

La Justicia también determinó el concurso de Carrasco como persona física debido a que el ingeniero agrónomo se constituyó como fiador solidario de Hernandarias XIII, y esa empresa les debe a tres propietarios de los campos que arrendaba unos 83.971 dólares por cuatro padrones en Río Negro y Paysandú, que debía abonar a mediados de 2024.

Por otra parte, en la investigación penal, la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera dispuso, a pedido del fiscal Rodríguez, un embargo por 16 millones de dólares contra los representantes de la empresa. La investigación que realizó la Fiscalía pudo detectar bienes por ese monto, que fueron adquiridos con cuentas que provenían de Conexión Ganadera y que integraban el grupo económico, entre ellos, diez inmuebles y campos en Río Negro, Florida, Durazno, Lavalleja y Montevideo, un inmueble en Madrid, 700.000 dólares provenientes de una venta de un inmueble en Punta del Este, 33.000 dólares incautados en los allanamientos a las oficinas de Conexión Ganadera, los paquetes accionarios de las empresas panameñas Tango y Conga y más de una decena de vehículos. Además, los bienes embargados a terceros, familiares de Basso y Carrasco, entre ellos un inmueble en Punta Carretas por 395.000 dólares; dos padrones en Durazno por 1,5 millones de dólares y otro por 480.000 dólares en la localidad de Pintado, y dos padrones en Lavalleja por 750.000 dólares.

Además, se puso a disposición del concurso la herencia de Gustavo Basso en un proceso que implicó un litigio para sacar de la órbita del juzgado de Florida el proceso de sucesión. Los herederos de Basso, en el afán de mantener la herencia en el proceso de sucesión y evitar que los bienes caigan en el concurso, plantearon que no existía una situación de insolvencia, señalando la existencia de un activo de 41 millones de dólares, contra un pasivo de ocho millones. El juez de Concurso Leonardo Méndez planteó que dentro del activo contabilizado por los Basso se cuentan deudas difíciles de cobrar, como la del frigorífico Casablanca por 21.984.703 dólares y la participación en empresas concursadas por un monto de 13.422.500 dólares, por lo que determinó el activo concreto en 6,5 millones.

En el inventario se encuentra el apartamento en el centro de Punta del Este, donde Cabral está cumpliendo prisión domiciliaria; un apartamento en la Ciudad Vieja de Montevideo; una fracción de campo en el paraje Goñi de Florida; un apartamento en el Centro de Montevideo, en la calle Rondeau, y la participación en las empresas Conexión Ganadera SRL, Sildeka SA, Lerosur SA, Sauce Chico SAS, Menafra SAS, Etranil SA y Del Terruño Ltda.

También incluye 12 automóviles: un Hyundai New Kona de 2024, un Audi Q5 de 2018, una camioneta Chevrolet Silverado de 2023, una Renault Oroch de 2023, una Volkswagen Saveiro de 2023, una Fiat Strada de 2023, una Chevrolet Montana de 2024, una Jeep Grand Cherokee de 2023, un Maserati Gracle de 2024, una Toyota Hilux de 2022 y un Peugeot 208 Allure de 2022, además de un eventual seguro por el Tesla con el que Basso perdió la vida en un siniestro no accidental.

El monto del activo a repartir entre los acreedores podría sumar, eventualmente, otros bienes y dineros que surgen de las investigaciones realizadas a partir de los exhortos y el intercambio de información, entre ellas la investigación sobre cuentas que figuran como parte de la operativa de Conexión Ganadera en Suiza, España, Estados Unidos, Reino Unido, Islas Vírgenes y Vietnam.