El lunes se hizo el lanzamiento de los Encuentros por Seguridad, un proceso de diálogo en el que participarán más de 100 organizaciones de la sociedad civil, representantes de las empresas y los trabajadores, la academia y los partidos políticos durante este año. El Ministerio del Interior (MI) prevé tomar como insumo las medidas que surjan de esas mesas de trabajo y elaborar un Plan Nacional de Seguridad Pública, que se presentará durante los primeros meses de 2026.
El sociólogo Emiliano Rojido, que asesora al ministerio y coordina el proceso de elaboración de la política pública, explicó en entrevista con la diaria que el gobierno definió como prioridades la reducción de homicidios, el control de las armas de fuego y la reforma del sistema penitenciario. Sin embargo, desde el MI entienden que un plan de “arriba hacia abajo” tendría pocas “chances de éxito en el mediano y largo plazo” porque carecería de apoyos. “No es que solamente queremos la legitimidad para viabilizar lo que ya sabemos que vamos a hacer. Tenemos muchas ideas, pero nos interesan las que no tenemos, porque de ahí va a salir lo mejor”, sostiene.
Sobre la posibilidad de que los partidos de la oposición decidan no participar en el proceso, Rojido puntualizó: “Si no tenemos apoyo de los partidos de la oposición, esperamos que en este proceso y trabajando de esta manera la discusión que demos en seguridad esté en un nivel de sofisticación tal que para sacar ese plan de órbita tengan que poner algo mejor en el lugar, y eso ya va a ser un avance”.
En estos meses se desarrolló la primera fase del plan de seguridad, que implicó un diagnóstico de las principales expresiones de criminalidad y violencia en Uruguay en los últimos años. ¿Cuáles son los principales cambios en el mapa de la criminalidad en los últimos diez años?
El ciclo de las políticas públicas nos dice que se tienen que diseñar a partir de un diagnóstico que sirve para identificar problemas, causas, factores asociados. Luego de que tenés los problemas identificados con un diagnóstico, diseñás instrumentos de política, que son hipótesis para cambiar la situación de partida. Después viene la implementación, la gestión y luego la evaluación, que produce información y de alguna forma nos permite contrastar empíricamente esa hipótesis. Digo esto porque esta lógica, que suena bastante sensata, es ajena, en particular, a las políticas de seguridad pública. Entonces muchas veces escuchamos decir que los problemas de seguridad están sobrediagnosticados y en realidad lo que estamos queriendo decir es que los problemas son persistentes. El diagnóstico nos muestra que los problemas permanecen en el tiempo y se van agravando. No dependen de una administración de gobierno o de un partido, tampoco de la gestión de un ministro. Es decir, asumir con una retórica más punitiva, con cara enojada, o cambiar de partido, no cambia la realidad delictual o de la violencia. En segundo lugar, nos habla de la aparición de nuevos delitos. Hasta hace muy poco tiempo, y es una cosa muy llamativa, estábamos acostumbrados a vivir con que se publicaran datos de denuncias de cuatro o cinco delitos, y si uno ve el Código Penal, hay muchísimos más. Algunos delitos ya estaban rompiendo los ojos, como el de estafa, que más que compensó la reducción de las denuncias de rapiña durante la administración pasada, y son delitos que además generan más daño patrimonial y que no se pueden abordar con las herramientas tradicionales que tenemos en el campo de la seguridad. Entonces, más allá de la persistencia de algunos problemas criminales y de una tendencia en general al aumento de modalidades violentas de delitos, como en el caso de los homicidios y la violencia doméstica, vemos la irrupción de los ciberdelitos y las estafas. En la pandemia cambiaron las oportunidades criminales y esto pasó a tener un protagonismo mayor en Uruguay y en otras partes del mundo.
Otro de los hallazgos del diagnóstico son los cambios de los delitos contra la propiedad en los últimos años. Mientras que crecen las estafas y los ciberdelitos, hay un descenso de las rapiñas, los hurtos y los abigeatos. ¿Esto tendría que implicar un cambio en la forma en la que se desarrolla la estrategia de seguridad del país?
Absolutamente. Las herramientas tradicionales no son útiles para abordar este tipo de problemas, entonces este caso es un buen ejemplo de una oportunidad de sinergia con el sector empresarial. En Uruguay hay un sector de desarrollo de la industria de software que es muy importante, al que le podemos decir: “Hay un fenómeno nuevo y necesitamos herramientas tecnológicas para poder prevenir, identificar y perseguir este delito”. Tenemos un sector pujante que debería tratar de dar respuestas útiles, no solamente para el gobierno de Uruguay, porque no es un problema solamente nativo, sino también para los países de la región y el mundo.
En la presentación del Plan Nacional de Seguridad ponías otros ejemplos de lo que podría ser el trabajo coordinado con los ministerios, como Salud Pública con los heridos por armas de fuego. ¿En qué otros casos se podría trabajar coordinadamente en seguridad?
En muchísimas áreas. Muchas veces pensamos en seguridad pública y la primera imagen que se nos viene es el arresto de las personas que cometieron delitos y la aplicación de una sanción penal. Eso es importante, hace al problema y hay que hacerlo bien, pero la seguridad pública es garantizar el ejercicio de derecho de las personas, y eso trasciende al MI, que es un actor protagónico, pero no es el único. Hay muchos abordajes e intervenciones posibles para producir seguridad que requieren de corresponsabilidad, y esta convocatoria a los encuentros está justificada en eso. Por ejemplo, la violencia es un problema de salud y de seguridad. Una buena atención médica en los tres o cuatro centros de emergencia médica donde se concentran los heridos por armas de fuego, donde la gente llega a morir por una herida de arma de fuego, transformaría esos homicidios en heridos. Claro, no es que resolvemos la seguridad pública, pero es un gran paso, estamos salvando vidas. En la literatura internacional sabemos que una mujer que llega a un centro de emergencia con los dedos marcados en el cuello en un intento de estrangulamiento es muy probablemente una víctima futura de femicidio, porque el estrangulamiento es un mecanismo que tiene mucho más incidencia en los casos de femicidio. Los niños que son víctimas de abuso sexual o que son víctimas de violencia doméstica lo demuestran. Hay que estar atentos a leer esas señales y hay que tratar de tener una respuesta articulada desde el Estado, que no es poner un policía en la puerta de la escuela, es tener a las maestras entrenadas para que cuando vean algunas de estas señales, activen un sistema de respuesta cuidadoso, que hoy los protocolos no garantizan. Podemos poner mil ejemplos, la articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el crimen organizado es transnacional, o con el Ministerio de Economía, por el tema de lavado de activos.
La extorsión también ha crecido de manera significativa en los últimos años y es un delito que está vinculado con otros más complejos, como el crimen organizado. ¿Este aumento nos está diciendo que tenemos un problema más grande de lo que pensamos con el crimen organizado?
Es un buen ejemplo de cosas que tenemos que empezar a preguntarnos. De hecho, hasta hace poco no sabíamos cómo evolucionaban las extorsiones. Hay parte de las extorsiones que pueden tener que ver con el crimen organizado y otras que no. Pero, además, son delitos particularmente difíciles de medir, porque la extorsión no se denuncia en la misma medida que otros delitos, se denuncia muchísimo menos. Incluso las encuestas de victimización, que son nuestra solución para medir el subregistro de delitos, si no están bien diseñadas, no funcionan. Por ejemplo, si uno va a la puerta de la casa de alguien que está siendo extorsionado por un grupo del barrio y le pregunta: “¿es usted víctima de extorsión?”, te va a decir que no, porque si lo escuchan, la queda. Entonces requiere investigaciones específicas, con abordajes metodológicos específicos. Es muy básico y, al mismo tiempo, por ser básico no es menos importante: si no hay datos, no hay discusión pública ni hay demanda ciudadana para la implementación de políticas.
¿Qué se puede decir entonces del avance del crimen organizado en el país?
El crimen organizado es un concepto que es muy vago, pero que al mismo tiempo es muy sexy. Es muy sexy para consultores, políticos y medios de comunicación. Sabemos mucho menos de lo que creemos sobre el crimen organizado. Tiene muchas caras distintas. No es lo mismo hablar de crimen organizado con dominación territorial que, por ejemplo, hablar de ciberdelito. Cuando hay dominio territorial, el vínculo con la violencia es mayor. Pero aun así, no es simple, porque cuando los mercados criminales se desarrollan y hay actores que empiezan a consolidarse, tiende a bajar la violencia. Lo vemos en muchos ejemplos regionales, como San Pablo o Medellín. La violencia es un instrumento que tienen los actores en mercados segmentados para imponerse, entonces cuando el crimen organizado madura y hay un actor que prevalece, la violencia baja. Tenemos que estudiar más al crimen organizado y a las extorsiones. Una de las cosas que tenemos que empezar a hacer y es costo cero es llamar a las universidades, a los programas de formación de posgrado y decirles: “Tenemos estos datasets sobre distintos delitos, estas preguntas, hagan sus tesis sobre esto”. Ellos se garantizan de tener datos e investigaciones que van a tener un impacto social y nosotros nos garantizamos de que los datos que producimos se transformen en información y en conocimiento.
En la presentación del plan, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el objetivo era tener un modelo uruguayo de seguridad. ¿Qué características tendría que tener ese modelo?
El modelo uruguayo al que se refiere el ministro implica nada más ni nada menos que atender los problemas de los uruguayos haciendo un uso intensivo de los recursos más fuertes que tiene el país. Esos recursos son la madurez política, la democracia plena, la fortaleza de nuestras instituciones, la seriedad en la manera de trabajar y algo que queremos apuntalar, que es el uso intensivo de la evidencia científica a la hora de desarrollar las políticas públicas en esta área. Entonces, el modelo uruguayo es una idea, es algo que queremos especificar a través de este proceso, que incluye la participación de diversos actores. El diálogo de este modelo es algo que permite este país y que no permitirían otros. Estas fases de trabajo que estamos haciendo en Uruguay, por ejemplo, en Brasil no las podés hacer. Entonces, podés tratar de mapear recursos que están en el sector productivo, en la academia, en la sociedad civil organizada, en las distintas agencias del Estado y, a partir de allí, producir seguridad, y no dejar al MI solo, sino al revés, darle apoyo y construir legitimidad.
Los dirigentes de algunos partidos de la oposición, como Andrés Ojeda y Álvaro Delgado, manifestaron reparos con el proceso de los encuentros y criticaron que recién a principios de 2026 esté elaborado el plan. ¿Cómo piensan acercar a los partidos de la oposición?
Estos encuentros no tienen como único norte, ni siquiera como norte principal, los consensos. Nuestro norte es tratar de hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos, ir atrás de las mejores ideas, buscar socios, y para eso apelamos a los aportes de actores que creemos que tienen contribuciones para hacer. El gobierno no renuncia ni transfiere su obligación y su derecho de gobernar, que se lo dieron las urnas hace muy poquito. Entonces, teniendo la gestión por delante, apenas pasadas las elecciones, creemos que es el mejor momento para tratar de deslindar estos procesos de la lógica política partidaria y de cuánto reditúa esto a cada actor político. No tengo ninguna capacidad de garantizar que los partidos políticos van a acompañar este proceso. Estamos tratando de generar condiciones, se está tendiendo la mano, se está tratando de ser sensible a los planteos, pero después cada partido decidirá si se guarda las contribuciones que tiene para hacer o si se las da al país, y deberá rendir cuentas a la ciudadanía. Nosotros esperamos que todo este proceso sea transparente y tenga control ciudadano, que se vaya documentando pasito a pasito lo que estamos haciendo y que se entienda la lógica de por qué lo hacemos. No vamos a ofrecer soluciones mágicas ni vamos a trabajar entre gallos y medianoches en acuerdos multipartidarios. De la misma forma, queremos documentar los disensos. Nosotros creemos que los disensos son importantes. De hecho, el conocimiento avanza en el disenso, en el contrapunto.
Sin embargo, el gobierno ha insistido en la necesidad de generar una política de Estado y justamente el plan es a diez años. ¿No fracasa si no participan los demás partidos políticos?
Fracasamos si no lo hacemos. Fracasamos si seguimos aplicando las recetas que aplicábamos hasta ahora. Hasta hace unos meses todos los partidos hablaban de la importancia de avanzar en una política de Estado en materia de seguridad. Pasaron cinco meses, ¿por qué cambiarían de opinión? ¿Resistimos todos el archivo? Tenemos un gobierno por delante que recién empieza y que desde el primer día está trabajando en esto. El diagnóstico no salió de la galera. Hay un trabajo que se empezó desde el primer día y que es paralelo al trabajo cotidiano de gestión del MI. Estamos haciendo esto en un tiempo muy exigente, porque las bases de legitimidad social y política que estamos planteando, el respaldo en la evidencia científica internacional de las políticas, la convocatoria a un consejo internacional de observación y de cooperación es un cambio muy importante. Vamos a seguir adelante con los que quieran estar. La decisión de avanzar en este sentido, con seriedad, inclusividad y transparencia, apelando a lo mejor de los demás, es del gobierno nacional. Yo espero tener eco y de hecho en la reunión que tuvimos con el ministro [y los partidos políticos] fue lo que encontramos, aunque después las declaraciones no siempre son iguales a lo que se habla en privado. Si no tenemos el apoyo o lo tenemos parcialmente, que es lo que seguramente ocurra, vamos a seguir igual. Si no tenemos apoyo de los partidos de la oposición, nosotros esperamos que en este proceso y trabajando de esta manera la discusión que demos en seguridad, y ya lo estamos haciendo, esté en un nivel de sofisticación tal que para sacar ese plan de órbita tengan que poner algo mejor en el lugar, y eso ya va a ser un avance. La ciudadanía no va a permitir que se saque el plan y que se pongan caras malas o frases vacías en el lugar. Los ciudadanos tienen el derecho de identificar problemas específicos de seguridad, que se realicen intervenciones específicas para cada uno de los problemas y que se evalúen. Tenemos que ver en qué se está gastando la plata y si estamos logrando los resultados. Porque la calidad del gasto es uno de los grandes problemas que tenemos.
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, decía en una entrevista con la diaria que para llevar adelante la reforma carcelaria en serio, el presupuesto tiene que ser significativamente mayor a los 160 millones de dólares anuales que recibe hoy en día. ¿Tienen una idea de cuánto va a requerir de presupuesto implementar el plan de seguridad?
Para empezar, antes de pedir plata, tenemos que gastar mejor la que tenemos. En los últimos 15 a 20 años el presupuesto de seguridad pública más que se duplicó y los resultados son peores. Eso nos dice que los recursos económicos son necesarios, pero no son suficientes para producir seguridad. También nos dice que tenemos que revisar cómo estamos gastando la plata. Hacer estos ajustes es algo difícil, pero posible. El sistema penitenciario es un ejemplo. Se gasta aproximadamente 1.000 dólares por mes en cada persona privada de libertad, de acuerdo con las estimaciones del comisionado parlamentario. Es mucha plata en el agregado porque tenemos un sistema penitenciario que es de los más grandes del mundo, la población está en el top 10 del mundo, y gasta para producir daño y reincidencia. Más allá de la discusión de los derechos humanos, que es superválida y pertinente, ¿qué negocio estamos haciendo? ¿Estamos gastando bien esta plata? No es racional ni viable acompañar el crecimiento de la curva de las personas privadas de libertad que tiene este país con más recursos y para producir esos resultados. Entonces, lo primero es revisar el gasto. Lo segundo es tener más recursos, porque queremos tener resultados en el corto plazo y esta mejora del gasto va a ser paulatina, no es de un día para el otro. Estamos en años de vacas flacas, con un déficit fiscal importante, pero la seguridad pública es una prioridad. Nosotros esperamos algún refuerzo presupuestal, no sé de qué magnitud, pero lo esperamos. El camino más rápido para aplicar un plan era bajarlo de arriba hacia abajo. Eso es más rápido, pero tiene pocas chances de éxito en el mediano y largo plazo, que es en lo que estamos pensando, porque vos necesitás que eso tenga apoyo, que sea entendible para la gente, los partidos políticos y líderes de opinión y que no les caiga como una lata de sardinas ya cerrada. No es que solamente queremos la legitimidad para viabilizar lo que ya sabemos que vamos a hacer. Tenemos muchas ideas, pero nos interesan las que no tenemos, porque de ahí va a salir lo mejor. Este es el proceso que estamos transitando y hace que sea difícil decir que el plan va a costar esto ahora porque no está cerrado. Sabemos algunas características que va a tener el plan, tanto en la forma de diseño como en algunos contenidos, porque hay prioridades políticas. El ministro lo dijo con mucha claridad: la reducción de los homicidios, el control de las armas de fuego y la reforma del sistema penitenciario. El plan va a contener estos temas y algunos más, seguramente. Pero no sabemos todavía cuáles van a ser los recursos que vamos a movilizar para atender cada uno de estos problemas. Tenemos que ser inteligentes. Vamos a viabilizar el plan combinando reasignación de gastos que ya tenemos, recursos que ya tenemos, nuevos recursos presupuestales y un apoyo fuerte de la cooperación internacional, que está muy interesada en nuestra experiencia. A pesar de que tenemos un problema muy importante, muy acuciante de inseguridad, tenemos una oportunidad que no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener.
¿Una oportunidad en qué sentido?
De controlar la situación y encauzar la seguridad. Uno ve lo que pasó en Costa Rica, en Ecuador, en menor medida en Chile, que son países relativamente pacíficos de la región, chicos como el nuestro, y la situación pasa a un siguiente nivel de un momento para el otro. El juego cambia y los desafíos pasan a ser otros. Entonces, estamos a tiempo de aprovechar una oportunidad que deberíamos tener por la acumulación de fracasos pasados, por cierta madurez que el sistema político está llamado a tener luego de la alternancia de los partidos en el gobierno. Ya todo el mundo vio que esto no es fácil. No tenemos ningún espíritu refundacional. Esto es un proceso de largo aliento, de ir aprendiendo de los errores y no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener esta oportunidad para encauzar la seguridad. No la tenemos garantizada. No es que podamos fallar mucho más. De hecho, la región nos está dando señales de que estamos mal y podemos estar mucho peor. Entonces, se nos va todo en esta oportunidad.