“Este gobierno tiene el fuerte compromiso político de combatir el lavado de activos, y ese compromiso político se traduce en acciones y en la exigencia de resultados”, afirmó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en la presentación de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para este quinquenio.
La estrategia está basada en la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), realizada en 2022, y fue aprobada a comienzos de julio por la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, integrada por Díaz, los subsecretarios de Economía, Relaciones Exteriores, Interior y Educación, y la titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti.
La ENR arrojó que los principales delitos que generan activos a ser lavados en Uruguay son el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, la estafa, el tráfico de armas, los delitos tributarios y la corrupción. A su vez, los principales sectores de actividad que, potencialmente, se utilizan para lavar activos son el sector financiero –y algunas prácticas como el trading o el mundo de los criptoactivos–, las estructuras societarias, el mercado inmobiliario, las zonas francas, entre otros.
El prosecretario llamó a “ser conscientes” de que en torno al lavado de activos, el principal problema es lo operativo. “Uruguay hoy tiene una situación de incumplimiento porque no tiene resultados operativos”, aseguró, y acotó que, por las razones que sean, “los resultados no se traducen en investigaciones, en imputaciones y en condenas”. Mencionó que, en los últimos cuatro años, hubo solamente cuatro condenas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, relacionadas, en realidad, a dos investigaciones que derivaron en sentencias separadas.
La insuficiencia de recursos para la lucha contra el lavado de activos y la carencia de una estructura adecuada de la Senaclaft son algunas de las vulnerabilidades identificadas por la evaluación. “La UIAF [Unidad de Información y Análisis Financiero] carece de los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo sus tareas de inteligencia financiera operativa y estratégica, y de supervisión”, afirma el documento de presentación de la estrategia.
En ese sentido, Díaz aseveró que “es necesario un cambio de rumbo brusco”, y a eso apunta el proyecto de modificaciones de la Ley de Lavado de Activos, que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento en junio para “corregir una serie de cuestiones que, a nuestro juicio, no están bien”, afirmó. En ese marco, el gobierno también apuesta a fortalecer a la Senaclaft y a encomendarla a que “se ponga a disposición de la Justicia”.
El prosecretario explicó que la Senaclaft tiene funciones regulatorias, inspectivas, de control del sistema no financiero, y de apoyo a la Justicia en las investigaciones. Para eso apuntó que se deben “concentrar allí aquellos recursos humanos más especializados para apoyar rápidamente a quienes lo necesiten”. “Desde el Poder Ejecutivo no le podemos decir ni a la Policía ni a la Fiscalía qué es lo que tienen que investigar y qué es lo que no tienen que investigar, lo que sí podemos hacer es aprobar la normativa, apoyar a la Senaclaft, poner a la Senaclaft a disposición, trabajar con el Ministerio del Interior y dar todo el apoyo posible”, sostuvo.
En cambio, continuó, el Ejecutivo espera “resultados”, lo que es, en última instancia, el “compromiso político”: “Obtener resultados”. El prosecretario señaló que “los resultados se traducen en formalizaciones y condenas por lavado de activos, no por delitos precedentes”, y que, sin ellos, “todo esto no va a funcionar”.
El consultor Alejandro Montesdeoca, que participó en la elaboración de la estrategia, destacó en una conferencia de prensa que Uruguay tiene “serias carencias en la efectividad del sistema, y eso pone al país “en una situación de debilidad frente a una evaluación del Gafilat [Grupo de Acción Financiera de América Latina], para la cual faltan cinco años, y frente a la “delincuencia organizada”.
Montesdeoca señaló que en los últimos diez años hubo un “incremento notorio de la presencia de organizaciones delictivas no sólo en la región, sino especialmente en Uruguay”, y que eso fue de la mano de “una intensificación del perfil violento de las actividades delictivas vinculadas a estas organizaciones”. Sin embargo, señaló que mientras que los países de la región han fortalecido sus sistemas antilavado, Uruguay sigue con problemas, lo que coloca al país en “una situación de suma vulnerabilidad”.
Por su parte, Sandra Libonatti, titular de la Senaclaft, destacó que la estrategia, que es confidencial, fue elaborada con una participación muy amplia y, por eso, hubo acuerdo con muchos de los puntos que se habían abordado en el período anterior. La Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo retomó lo trabajado entre 2023 y 2025, y trabajó sobre aquellos aspectos en los que no se estaba tan alineado con lo que se proponía el actual gobierno.
Libonatti aprovechó para resaltar el trabajo de la Senaclaft en la prevención, capacitación y fiscalización. Sobre este último punto, señaló que va a haber un cambio en el abordaje, ya que la secretaría buscará que “los sujetos obligados entiendan cuáles son nuestros objetivos [del organismo] y los objetivos nacionales”, y no se trate solamente de meras “formalidades”. “La finalidad no es recaudar, aplicar multas y sancionar; la finalidad es que podamos transmitir adecuadamente la percepción de riesgo que estamos persiguiendo”, sentenció.