Los medios colombianos W Radio y El Tiempo publicaron este fin de semana algunos fragmentos de un informe de inteligencia que los servicios de ese país le entregaron al presidente Gustavo Petro. El documento ratifica la existencia de una “Nueva Junta del Narcotráfico”, una red criminal con base en Dubái que estaría “reconfigurando” el negocio de la venta de cocaína sudamericana en los mercados europeos.
La inteligencia colombiana señala diferencias entre esta modalidad de funcionamiento y la que caracterizó durante muchos años a los cárteles de droga de Medellín y Cali. En aquellos años, señala el informe, las organizaciones se caracterizaban por tener “un mando rígido y una autoridad central”, mientras que las nuevas estructuras funcionan como “una red flexible en la que distintos actores cumplen roles específicos y se articulan en alianzas legales e ilegales”.
El documento divulgado por los medios colombianos conecta la expansión de esta “Nueva Junta del Narcotráfico” con una reciente ola de homicidios cometidos por sicarios en Bogotá, la capital del país, y señala que sectores como la minería, el agro, el transporte, la seguridad privada y los equipos de fútbol estarían siendo utilizados para “dar apariencia de legalidad al dinero proveniente del narcotráfico”. La “Nueva Junta del Narcotráfico” tiene carácter transnacional y se han identificado conexiones con grupos criminales de Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, España, Emiratos Árabes, Turquía y Australia.
En el fragmento dedicado a Uruguay se ratifica la responsabilidad de Sebastián Marset como presunto “autor intelectual” del asesinato en mayo de 2022 del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci, cuando este se encontraba de luna de miel en una isla del caribe colombiano. La hipótesis de la “conexión uruguaya” había sido manejada en diversas oportunidades por el presidente Petro y luego aparecieron otras evidencias que también marcaban ese posible vínculo. En enero de este año, por ejemplo, se conocieron fotos de una libreta que pertenecería a Francisco Correa Galeano, el testigo clave en la investigación por el magnicidio de Pecci que fue asesinado en su celda. En esa agenda aparecían mencionados el uruguayo Marset y su socio paraguayo Miguel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
La nota que publicó este domingo la Unidad de Investigación del diario El Tiempo señala que los responsables de la elaboración del informe de inteligencia que se le entregó a Petro tienen previsto reunirse con autoridades de otros países para evaluar cómo sigue la investigación por el asesinato de Pecci.
Más novedades sobre Marset en Paraguay y Bolivia
El senador oficialista paraguayo Derlis Osorio declaró el jueves ante la justicia de su país, en el marco de la causa A Ultranza Py, que investiga la actividad de Marset y Tío Rico y sus posibles vínculos con la política regional. En esa instancia, Osorio denunció a otro senador cartista, Erico Galeano, por “gestionar un préstamo” de 500.000 dólares en octubre de 2021 para “ayudar” a un futbolista uruguayo que había quedado detenido en Dubái, en clara referencia a Marset.
En esta operación también apareció mencionado Ezequiel Ramírez Barreto, que en aquel momento era presidente del club de fútbol Deportivo Capiatá, en el que jugaba Marset. La idea, según relató Osorio, era gestionar el préstamo de 500.000 dólares ante el exvicepresidente Hugo Velázquez, y, en caso de concretarlo, Galeano sería candidato a gobernador. Sin embargo, Velázquez respondió que “no tenía esa suma” y que tampoco estaba interesado en que Galeano fuera candidato, según contó el testigo.
En el marco de A Ultranza Py, Erico Galeano es investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y por asociación criminal, y está involucrado, junto con Tío Rico, en la compraventa por un millón de dólares de un inmueble ubicado en un barrio privado en las afueras de Asunción.
No es la única novedad judicial vinculada a Marset. En Bolivia, según reportaron varios medios de ese país, se presentó el viernes una denuncia formal ante la Justicia contra cinco exfuncionarios del Servicio General de Identificación Personal (Segip) que le facilitaron documentación a Marset de forma irregular. Estos empleados del Segip ya habían sido separados de sus cargos en noviembre de 2023, luego de que se identificara que el narcotraficante uruguayo se encontraba en ese país. Según la denuncia, la cédula de identidad boliviana le permitió a Marset “moverse libremente dentro del país, participar en actividades públicas del ámbito deportivo y consolidar su red criminal vinculada al tráfico de drogas”.