El fiscal Gilberto Rodríguez, que subroga la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos de primer turno, tomó declaración al capitán de fragata retirado Gerardo Moreira, representante del astillero español Cardama en Uruguay y pieza clave durante todo el proceso de compra de dos patrulleras oceánicas. También concurrieron el exsubsecretario de Defensa Rivera Elgue y el capitán de navío Marcelo da Silva, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete de la Armada durante la selección de la empresa y que ocupaba lugares de responsabilidad cuando se efectivizaron los pagos de los dos primeros hitos establecidos en el contrato, por un monto de 82 millones de euros.
Estas audiencias fueron entre miércoles y viernes de la semana pasada; todos estos funcionarios militares fueron en calidad de testigos. En esta ronda de declaraciones también fueron citados el contralmirante Miguel de Souza, que era director de Finanzas de la Armada; el contralmirante Gustavo Luciani, que fue director de Personal de la Armada (Diper), y el actual comandante en jefe de la Armada, José Luis Elizondo.
Antes, a comienzos de octubre, el fiscal Gilberto Rodríguez le había tomado declaración al ex comandante en jefe de la Armada Jorge Wilson, al contralmirante Gustavo Musso, exjefe del Estado Mayor de la Armada, al contralmirante Mario Vizcay, y a los representantes del Estudio Delpiazzo. En todas esas instancias estuvieron presentes los abogados Gustavo Bordes y Fernando Posada, que asumieron la defensa del exministro Armando Castaingdebat, el exdirector de Recursos Financieros Damián Galó y el exdirector general de Secretaría Fabián Martínez. Estos exjerarcas indagados todavía no han sido convocados. A las audiencias de la semana pasada, informaron fuentes vinculadas al caso, también concurrió la titular de la División Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, la doctora Mariana Errazquin, que planteó preguntas a los testigos como representante de la parte denunciante.
Por otra parte, a la carpeta de la investigación que lleva adelante la Fiscalía especializada se incorporó formalmente el informe en mayoría de la comisión investigadora del Parlamento, impulsado por el oficialismo. En sintonía con la denuncia presentada por Presidencia, dicho informe impulsado por los legisladores del Frente Amplio apunta a posibles delitos cometidos durante el proceso de constitución de garantía y con la urgencia en la liberación de los pagos, en particular el primer y segundo hito, que coinciden con el triunfo de Yamandú Orsi en segunda vuelta y con los días anteriores a su asunción, en marzo de 2025.
El papel de Gerardo Bocha Moreira
Moreira fue el intermediario y comisionista que representó a Mario Cardama ante Uruguay. Es un excapitán de fragata retirado que vive en Canadá desde hace algunos años y había trabajado para otras empresas, entre ellas, la alemana Lürssen, en otras licitaciones por compras militares. En octubre de 2025, entrevistado por la diaria Radio, el empresario español definió a Moreira como su “agente técnico en Uruguay”. “Si bien lo conocía de antes, desde 2023 se está desempeñando en el proyecto. Su rol era el de asesor en temas de armas”, dijo en aquel momento Mario Cardama.
Durante la audiencia del viernes con el fiscal Rodríguez, se le preguntó a Moreira por la dirección de correo electrónico [email protected], que figura en la mayoría de las comunicaciones del Ministerio de Defensa por la compra de las patrulleras. Moreira reconoció su participación en todo el proceso de negociación y defendió su papel como intermediario, según las fuentes consultadas.
El nombre de Moreira sonó muchas veces durante la discusión por el caso Cardama. En junio, el exdirector general de Material Naval Hector Magliocca fue consultado en la investigadora parlamentaria acerca de su relación con Moreira. Magliocca reconoció que fueron “compañeros de clase” y dijo que había informado a sus superiores por ese vínculo que tenían. En concreto, dijo que puso en conocimiento de la situación al comandante Jorge Wilson. “Avisé y puse específicamente [...] a fin de que, en caso de que se entendiera que había algún impedimento para que me desempeñara en las funciones relacionadas con la incorporación de OPV, fuera relevado de las mismas”, dijo el militar, según consta en actas.
También ante la comisión investigadora parlamentaria, pero en abril de 2026, Wilson había reconocido que Moreira fue quien primero le habló sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo con el astillero español. Según la versión de Wilson, Moreira le dijo que la oferta de Cardama era “muy conveniente”.
En mayo de 2023, Moreira recibió en Vigo a dos funcionarios del gobierno uruguayo que viajaron especialmente a conocer las instalaciones de Cardama: el entonces subsecretario Rivera Elgue y el jefe de gabinete de la Armada, Marcelo da Silva. Ambos declararon ante el fiscal Rodríguez unas horas antes que el representante de Cardama en Uruguay.