La jueza de Crimen Organizado de 2º turno, Diovanet Olivera, extendió las medidas cautelares de los socios fundadores de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, que el miércoles volvieron a compartir la sala, luego de la audiencia en la que fueron imputados el 17 de julio de 2025.
En la audiencia, que fue convocada ante el vencimiento de las medidas cautelares, las defensas de Carrasco, Iewdiukow y Cabral optaron por no oponerse a una prórroga, tal como planteó el fiscal, al no tener objeciones sobre la efectividad de las medidas vigentes para preservar el proceso. Ante eso, Olivera aceptó el planteo del fiscal y prorrogó la prisión preventiva para Carrasco y Iewdiukow y la prisión domiciliaria para Daniela Cabral hasta el 10 de agosto, dado que la ley no permite extender las medidas por más de 180 días.
En su intervención para justificar la prórroga de las medidas, Rodríguez aludió a la necesidad de continuar con la investigación. “Puede haber otros bienes [...] aún no tenemos todo el panorama de lo que puede haber de bienes en sus distintas formas”, señaló Rodríguez, quien aludió al inmueble detectado recientemente en Paraguay perteneciente a Gustavo Basso, sobre el que la Justicia paraguaya decretó una medida de no innovar a pedido de Uruguay.
El primer abogado de los damnificados en tomar la palabra fue Juan Pablo Decia, quien manifestó su discrepancia con la decisión del fiscal en cuanto a mantener a Cabral en prisión domiciliaria, por considerar que “hay evidencia suficiente en la carpeta de investigación” para pedir su imputación por lavado de activos y pedir la prisión preventiva. “Desde mayo del año pasado está hartamente probado en la carpeta investigativa que la señora Cabral transfirió dinero a su hija Candelaria, dinero que provino de la cuenta de Conexión Ganadera para comprar campos en Lavalleja”, señaló, y agregó que hubo otros movimientos bancarios entre enero y marzo de 2025, ya con el embargo vigente.
“Imploramos a la fiscalía que nos dé los argumentos de por qué con la misma plataforma fáctica, idéntica a la que determinó la imputación de Iewdiukow, no se aplica el mismo temperamento respecto de la señora Cabral”, expresó.
El fiscal rechazó los dichos de Decia y planteó que la fiscalía siempre recibió a los abogados que quisieron reunirse con él o con su equipo para hablar de la investigación. “La investigación no terminó, lo tengo que reiterar en todas las audiencias; pareciera que no se escuchara. Hay diligencias que están pendientes de cumplimiento”, señaló, y añadió que “no se descarta que se pueda implementar en el futuro” una ampliación de la formalización contra Cabral.
A su vez, señaló que la fiscalía “no tiene incidencia” sobre el lugar en que un imputado cumple la prisión domiciliaria. “La única posibilidad que tiene la fiscalía para oponerse es porque es un lugar de riesgo de fuga, por ejemplo, en la frontera o un lugar donde no hay captación de la señal de la tobillera electrónica”, agregó Rodríguez.
La prisión domiciliaria de Cabral en Punta del Este y el anuncio de modificarla
“Nuestra clienta ha decidido modificar su domicilio, en los próximos días estaremos presentando un escrito”, sorprendió en la audiencia el abogado Pablo Donnángelo, quien agregó que se trata de “una decisión personal” de Cabral y que ellos la han asesorado en cuanto a que “tiene derecho a estar donde está”. “No hay razones procesales ni legales para tomar esta decisión. Ella lo toma desde lo humano y nosotros tenemos que respetar”, añadió. Donnángelo dijo que fueron realizadas las coordinaciones para el cambio de domicilio, y solicitó que sea una dirección reservada, “habida cuenta de este ambiente de extrema hostilidad que es pública y notoria”. En esa línea, agregó que “algunos operadores están desatando” esa hostilidad “para que el proceso no se lleve con las garantías debidas, y la fiscalía y el poder judicial se sientan presionados”.
La jueza Olivera respondió a ese comentario: “Creo que quedó demostrado que la sede no se ha sentido presionada, por el contrario, cuando tuvo que resolver, lo resolvió”. La jueza coincidió con la defensa de Cabral en cuanto a que no existen argumentos jurídicos para modificar el domicilio donde cumple prisión domiciliaria y aceptó que se plantee en reserva.
Por su parte, el fiscal Rodríguez expresó que la fiscalía “ve con buenos ojos” la decisión de la defensa de Cabral; una frase que fue tomada por el abogado Ignacio Durán para pedir más explicaciones a la fiscalía sobre su valoración del lugar de cumplimiento de la prisión preventiva. “Si dice veo con buenos ojos, es porque veía con malos ojos que estuviera en el Imperiale”, señaló, y destacó la necesidad de las víctimas de que, aún bajo reserva, se informe si se trata de un inmueble de un nivel “inferior” en términos de su valor y si es propio, de la sucesión o de terceros. “Para nosotros es determinante la fijación de domicilio”, señaló. Rodríguez respondió que su expresión refería a que se terminaba con un escollo y un elemento “discordante” que generaba malestar entre las víctimas.
Decia opinó que correspondería definir un plazo para la modificación del domicilio de Cabral, para darle “seguridad a todos los actores del proceso”.
Cuando estaba por cerrarse el debate, Donnángelo retiró la propuesta: “La decisión de la señora Cabral tenía como objeto que estos niveles de agresión de la que es objeto ella y su familia de algún modo cesen o disminuyan, y que exista un ambiente propicio para el juzgamiento [...]. Acabamos de decir que en los próximos días vamos a presentar un escrito con el nuevo domicilio [...] y empiezan ya las presiones, ‘que diga cuándo va a presentar el escrito’, y ahora parece que tiene que ser un domicilio peor... Hagamos una cosa, no va a cambiar el domicilio. La buena voluntad estuvo, se planteó aquí de la mejor manera posible, pero no se aprende”.
La extensión de la investigación hasta el 17 de julio de 2027
La jueza Olivera advirtió que el plazo del 10 de agosto para el vencimiento de la medida cautelar superaba el límite legal de la investigación –que debía culminar el 17 de julio de este año– por lo que debía convocarse a una nueva audiencia para prorrogarla, en caso de que la fiscalía así lo solicitara. El artículo 265 del Código de Proceso Penal prevé un año de investigación a partir de la formalización con prórroga hasta un año más, siempre que fuera justificado por la fiscalía.
El abogado Jorge Barrera planteó su disposición a no oponerse a la prórroga de la investigación, y reiteró que ni Carrasco ni Iewdiukow tienen intenciones de buscar un acuerdo abreviado con la fiscalía, por lo que esperan defender su posición en juicio oral. “Propongo al fiscal si quiere hacer suya la solicitud de extensión en esta audiencia, nosotros nos vamos a allanar”, señaló.
Por razones de economía procesal, las partes acordaron definir en ese momento la prórroga de la investigación, lo que fue aceptado por la jueza, considerando la complejidad de la causa y la aceptación del planteo por parte de las defensas de los imputados, por lo que el fiscal Rodríguez deberá presentar la acusación del caso antes del 17 de julio de 2027.