El Ministerio del Interior confirmó la vinculación del grupo que intentó robar un banco en Ciudad Vieja, a partir de la construcción de un túnel de 200 metros de largo, con el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones de crimen organizado trasnacional más poderosas de América Latina.

Fuentes al tanto de la investigación dijeron a la diaria que se confirmó que al menos una persona pertenece al PCC y el resto trabajaría para la organización criminal. El dato se pudo confirmar luego de corroborar las identidades de los imputados –ya que varios tenían diversos documentos–, para lo que se había mandado cotejar sus huellas dactilares. La vinculación se efectuó mediante el cruzamiento de información de Interpol.

Este miércoles, la fiscal de Estupefacientes de 4° turno, Angelita Romano, logró la imputación a 11 personas por su participación en la maniobra delictiva y se dispuso la prisión preventiva por 180 días, mientras sigue adelante la investigación.

Ese mismo día, Julio Sena, director de investigaciones, explicó que se encontraban intercambiando información con la Policía de Argentina, Brasil y Paraguay sobre los imputados y que se estaban llevando adelante “procesos de identificación de las personas por intercambio de impresiones dactilares”.

También señaló que, de los primeros intercambios que había tenido con autoridades de otros países, “hay algunos ciudadanos brasileños que tienen antecedentes en su país por hechos similares y que podrían estar vinculados a algún grupo de crimen transnacional”.

El PCC y su vínculo con Uruguay

El PCC se originó en la cárcel de Taubaté en San Pablo, en 1993, y desde entonces ha expandido su influencia por todo Brasil y también en la región. En Uruguay, desde hace años que la Policía sigue con detenimiento el accionar del grupo y su posible ingreso al país.

Tres años atrás, la diaria accedió a un documento de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional que daba cuenta de la presencia del grupo en localidades limítrofes con Uruguay, como Artigas-Quaraí, Rivera-Livramento, Río Branco-Yaguarón y Chuy-Chui. También se confirmó que varios integrantes han estado presos en Uruguay por delitos de narcotráfico, rapiña, homicidio o hurtos.

Asimismo, el intento de robo en Ciudad Vieja comparte varias características con la maniobra descubierta en San Isidro, en la que participaron varios uruguayos. El túnel para robar el Banco Macro de la calle Chacabuco tenía unos 150 metros y había sido construido por una banda compuesta por uruguayos, paraguayos y brasileños. Al igual que en el caso de Ciudad Vieja, los responsables de hacer el túnel alquilaron un local en desuso, en este caso un taller mecánico, y trabajan noche y día con música alta.

Entre los uruguayos imputados por la causa hay dos referentes de la hinchada de Nacional que, a su vez, fueron investigados por maniobras vinculadas a la organización de Marset, como el asalto a un camión paraguayo cargado con 45 kilos de cocaína o un doble homicidio ocurrido en 2019. Marset, quien nunca ocultó sus vínculos con el PCC, en una de sus últimas apariciones mediáticas se presentó junto con un grupo armado delante de una bandera del PCC, bajo la leyenda “Libertad para todos”.

Cómo sigue el proceso judicial en Uruguay

Fuentes allegadas a la investigación señalaron a la diaria que el Operativo Blindaje, en el que fue descubierto el túnel, surgió a raíz de una investigación de microtráfico en el balneario Neptunia, en Canelones, y fue a partir de ahí que se unió el caso con otra investigación, surgida en diciembre, luego de que Uruguay fuera alertado desde el exterior de la inminencia de un robo a un banco.

Ocho hombres y tres mujeres fueron imputados por la jueza de Crimen Organizado de 2° turno, Diovanet Olivera, nueve de ellos por el delito de asociación para delinquir y un delito de hurto en grado de tentativa. Las otras dos personas no fueron vinculadas al intento de robo y se les imputó delitos de suministro de sustancia estupefaciente en modalidad de negociación, y a una de ellas un delito de porte y tenencia de armas de fuego y tráfico de municiones.

El abogado de una de las imputadas por microtráfico, Rodrigo Rey, apeló la medida cautelar de prisión preventiva, señalando que su clienta tenía personas a cargo: “Nuestra clienta no forma parte de la hipótesis que ha concentrado la atención del debate público. Buscamos una medida cautelar proporcional. Esa medida, en normativa interamericana e interna, es la prisión domiciliaria, dado que tiene cargas familiares que debe atender urgentemente”, expresó Rey.

“Sus dos hijos menores de edad la necesitan y la están esperando, por eso tenemos expectativas sobre la posible modificación de esa medida de prisión preventiva efectiva con base en argumentos humanitarios que deben compensar la gestión de riesgos cautelares”, agregó Rey.