El fiscal especializado en Delitos Complejos de primer turno, Alejandro Machado, espera varias diligencias e informes complementarios de la denuncia presentada por el gobierno para comenzar a tomar declaraciones en la causa que investiga al astillero Cardama por un delito de estafa o fraude contra el Estado uruguayo en el contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas.
Según supo la diaria, no comenzarán las citaciones ante la Fiscalía hasta que no sea remitida la investigación administrativa realizada por el Ministerio de Defensa, que concluyó que la adjudicación de las dos patrullas oceánicas, en febrero de 2025, fue otorgada por “decisión política” y no midió “riesgos operativos, financieros y contractuales”.
También está pendiente la identificación de los interlocutores en unos audios enviados por WhatsApp, que fueron incorporados a la denuncia sin identificar. Algo similar ocurre con varios intercambios de correo electrónico que forman parte de la denuncia, sobre los que está trabajando Policía Científica para obtener datos que permitan verificar su validez.
Además de eso, hay varios informes y documentos en los que falta el apostillado o la traducción. Una vez que esté toda la documentación, el fiscal Machado comenzará con las primeras citaciones del caso.
La denuncia fue presentada en Fiscalía en octubre por el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez, luego de que el gobierno anunciara la rescisión del contrato con la empresa española, ante irregularidades en la presentación de las garantías presentadas para cerrar el contrato.
En noviembre, el gobierno presentó una primera ampliación de la denuncia en la que entregó un informe del escribano español Ignacio Martínez-Gil que concluye que la firma notarial del acta en la que Cardama presentó en noviembre de 2024 con la garantía de fiel cumplimento de Eurocommerce fue falsificada.
A fines de diciembre, el gobierno presentó una segunda ampliación en la que aportó el peritaje realizado por Policía Científica a pedido del Ministerio del Interior que concluyó la falsedad del documento de renovación de la garantía que Cardama envió pocas horas antes de que el gobierno anunciara públicamente la rescisión del contrato. Esa pericia concluyó que en la renovación se había copiado y pegado la firma y el sello del documento original supuestamente expedido por Eurocommerce Bank, una empresa en proceso de disolución que figuraba con la dirección donde funcionaba una inmobiliaria y que tenía como foto principal de su página web la fachada de un banco de Toronto condenado por lavado y narcotráfico.