El Ministerio del Interior (MI) presentó el Plan Nacional de Seguridad, que propone 79 acciones, más de 130 medidas y reformas normativas, con el objetivo de avanzar en la reducción de los homicidios, la violencia basada en género, el cibercrimen, la desarticulación de redes de narcotráfico y el fortalecimiento del sistema de justicia.

Homicidios: patrullaje focalizado y disuasión focalizada

En el plan se señala que el homicidio “se consolidó como una violencia letal persistente” y que, tras el aumento de 2018, “Uruguay mantiene desde 2022 una tasa cercana a 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, sin retomar una senda de descenso sostenido”.

El problema, se señala, “combina dos dimensiones: la incidencia de la violencia letal y la capacidad de respuesta integrada”. “Cuando la prevención territorial, la investigación penal, la protección de víctimas y la gestión de información operan con baja coordinación, aumenta la impunidad efectiva y se prolongan dinámicas de retaliación o venganza. A esto se suman brechas de clasificación por motivación y contexto que reducen la precisión de las decisiones y dificultan ajustar a tiempo las intervenciones ante cambios en los patrones de violencia y letalidad”, se apunta.

En ese marco, entre otras medidas, el plan propone avanzar en el patrullaje focalizado en zonas de alta incidencia y la disuasión focalizada -dos acciones que ya están en marcha- y que apuntan a la reducción de la violencia en los territorios. Asimismo, en materia de protección y prevención, se propone generar dispositivos de atención a víctimas de violencia armada. “Esta acción organiza una respuesta continua desde la atención médica de urgencia hasta el acompañamiento posterior para reducir el riesgo de retaliación y revictimización. En centros de salud priorizados, integra derivación a apoyos especializados y seguimiento de caso para cortar cadenas de violencia asociadas a lesiones por arma de fuego. Su aporte es disminuir el escalamiento letal y sostener la protección en situaciones de alta vulnerabilidad”, se afirma.

Por otra parte, se busca implementar un sistema integrado de respuesta para reducir los femicidios. “Esta acción fortalece la respuesta del Estado en casos denunciados de violencia basada en género y/o violencia doméstica mediante un circuito integrado que combina entrada unificada de denuncia, clasificación estandarizada de riesgo (incluido riesgo letal) y activación oportuna de medidas de protección, con seguimiento continuo del caso para evitar escalamiento letal”, se afirma.

“El modelo se apoya en protocolos operativos y formación obligatoria para operadores de primera línea, despliegue territorial en nodos priorizados y trazabilidad/supervisión para reducir demoras, quiebres de coordinación e incumplimientos”, se apunta.

Narcotráfico: Tribunales de drogas y alternativas con tratamiento supervisado

En materia de narcotráfico, el MI se propone reducir de “forma sostenida la violencia asociada a los mercados de drogas” a través de “una estrategia que combine la contención territorial, la desarticulación de redes y la reducción de daños en una sola arquitectura de gestión”.

En cuanto a las intervenciones, se propone aplicar la “ley antidrogas orientada por inteligencia”, es decir, articular “la persecución penal para reducir la violencia y el daño asociados a los mercados de drogas con alta incidencia territorial, bajo un enfoque de Intelligence-Led Policing (Policiamiento guiado por la inteligencia, ILP por su sigla en inglés) que prioriza actores, redes y lugares de mayor riesgo”. Se agrega que “su aporte central es contener la violencia en zonas críticas y fortalecer la consistencia entre control, investigación y judicialización, mediante ciclos de análisis, intervención y ajuste según resultados”.

Por otra parte, se propone generar “tribunales de drogas como alternativa con tratamiento supervisado”. “Esta acción ofrece una respuesta judicial alternativa para perfiles elegibles, orientada a reducir la reincidencia y mejorar las probabilidades de reinserción, mediante la combinación de decisión judicial, tratamiento supervisado y control de cumplimiento. Define criterios de elegibilidad, capacidad terapéutica y evaluación temprana para orientar su despliegue progresivo y eventual escalamiento. Su contribución central es romper el ciclo entre consumo problemático y reiteración delictiva, al tiempo que alivia la carga del sistema de justicia penal, permitiendo una asignación más eficaz de recursos judiciales y policiales hacia la persecución de mercados ilegales de mayor daño”.

Otra de las líneas estratégicas vinculadas al narcotráfico es el control de flujos y abastecimiento transnacional. Para ello, se propone ampliar los controles de fronteras en coordinación con las Fuerzas Armadas. “Esta acción busca interrumpir rutas prioritarias de ingreso y tránsito que sostienen redes criminales con alta capacidad de daño, fortaleciendo la detección selectiva y basada en riesgo en fronteras, puertos y nodos de la cadena logística”, se agrega.

Ciberdelitos y fraudes informáticos

En este eje, el plan propone una estrategia que reúne elementos que deben funcionar como un sistema: la prevención y protección de usuarios, capacidad institucional de respuesta e investigación, reglas robustas para la prueba electrónica y gestión de riesgos sistémicos en infraestructuras críticas.

Entre los objetivos en esta área se destaca la reducción de la victimización, la mejora en la velocidad de respuesta y el incremento de la calidad probatoria “sin sacrificar la gobernanza democrática ni la trazabilidad de decisiones”.

“El criterio de desempeño es combinado: menos daño evitable, mejor contención de incidentes y mayor proporción de casos con evidencia digital útil para la judicialización”, señala el texto.

Además, advierte que se trata de una problemática donde persiste una asimetría estructural entre las dinámicas de las modalidades delictivas y los ciclos de adaptación institucional. “La implementación combina medidas de impacto inmediato sobre la victimización con un fortalecimiento progresivo de la investigación, la cooperación y la resiliencia operativa, bajo reglas de coordinación recíproca con el resto del portafolio”, señala el documento.

Como objetivos específicos del eje, el texto plantea: reducir fraudes y ciberdelitos en la población vulnerable, fortalecer capacidades institucionales (especialización, forensia, herramientas, coordinación), crear marcos legales y procedimientos para consolidar evidencia y prueba digital, mejorar la detección y la priorización de casos y la cooperación internacional y proteger infraestructuras críticas y gestionar riesgos sistémicos.

Además, enmarca en cuatro grupos las acciones concretas contra el cibercrimen: Prevención y protección de usuarios; capacidad institucional de respuesta e investigación; marco legal y calidad probatoria digital; y gestión de riesgos sistémicos y resiliencia de infraestructuras.

El Plan plantea algunos puntos sensibles a tener en cuenta en la implementación de la estrategia, señalando que la expansión de herramientas sin reglas comunes “puede generar asimetrías y errores de coordinación”, por lo que es necesaria “una autoridad clara, protocolos interinstitucionales y auditoría periódica de implementación”.

Violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes

El Plan señala que “reducir de forma sostenible la violencia basada en género, doméstica y contra niñas, niños y adolescentes requiere una ruta continua que integre la protección, la justicia y la prevención”. En ese marco, plantea que la respuesta “debe operar como un sistema integrado y no como una suma de programas aislados”, por lo que da un rol fundamental al proceso de articulación entre la respuesta legal y la judicial para “reducir la revictimización, dar apoyo integral a víctimas y sobrevivientes, asegurar el acceso a la Justicia”. Además, plantea la necesidad de trabajar en prevención con la comunidad, en los centros educativos, culturales y deportivos “durante todo el ciclo vital”.

“Los casos de alto riesgo requieren detección oportuna para una rápida y adecuada respuesta interinstitucional. Uno de los principales desafíos para lograrlo es el diseño, la implementación y el seguimiento de instrumentos consensuados y basados en evidencia, que posibiliten que cada componente del sistema de respuesta pueda cumplir con su responsabilidad”, señala el documento.

Como objetivos específicos del eje, se plantea asegurar la protección a través de una respuesta integral, continua y con enfoque de género y territorial, mejorar el acceso a la justicia, garantizando el ejercicio efectivo de los derechos y reduciendo el riesgo de revictimización a través de procesos y procedimientos adecuados, con operadores especializados y calidad de evidencia, prevenir y detectar tempranamente la violencia en ámbitos educativos, de salud, comunitarios y del entorno digital, promover la aprobación de protocolos y la creación de espacios de intervención con ofensores, intervenir sobre los factores estructurales que generan la violencia doméstica, de género y contra niños, niñas y adolescentes y mejorar el registro y la calidad de los datos, así como la coordinación interinstitucional para asegurar la integralidad y la trazabilidad de la respuesta.

Entre las líneas de acción del eje, el plan propone la integración de la protección, la investigación y la respuesta judicial para reducir la victimización y dar prioridad a la detección y evaluación de situaciones de mayores riesgos para asegurar la protección.

“La línea articula el sistema de respuesta (detección, atención y protección) con el acceso a la justicia (denuncia, medidas y acompañamiento), asegurando derivación oportuna, seguimiento continuo y uso efectivo de medidas de protección”, explica el Plan.

Detección temprana y evaluación de riesgo en el sistema de salud, la atención integral a víctimas y sobrevivientes, el trabajo con ofensores, respuesta integral a violencia sexual, violencia de género en el ámbito digital, trata y explotación con fines sexuales son las principales acciones concretas planteadas en el Plan.

En cuanto a la prevención de este tipo de violencia, el plan establece como acciones concretas la prevención comunitaria y reducción de riesgos estructurales, apoyo a familias y parentalidades para prevenir violencia, prevención de violencia en los vínculos sexoafectivos de las adolescencias y juventudes, prevención de violencia en el ámbito educativo y una mentoría para jóvenes en riesgo, que ofrece acompañamiento sostenido para adolescentes y jóvenes con trayectorias de alta exposición, con foco en vínculos protectores y acceso oportuno a servicios.

Control de armas de fuego y municiones

Al presentar la problemática, el Plan señala que las armas de fuego concentran una parte sustantiva de la letalidad en Uruguay y elevan la incidencia de homicidios, rapiñas, lesiones graves, accidentes letales y suicidios. “Cuando aumenta la disponibilidad efectiva de armas y municiones en circuitos de riesgo, la capacidad preventiva del sistema cae y, con ello, el daño escala con mayor rapidez”, agregaron.

El punto débil detectado en el diagnóstico técnico es la trazabilidad de municiones, por “controles incompletos, alertas tardías y auditoría irregular del stock y del consumo”.

El plan define como objetivos específicos en este tema reducir la disponibilidad efectiva de armas y municiones en contextos de violencia grave, fortalecer la trazabilidad, el control integrado (especialmente de municiones) y la auditoría institucional, fortalecer el control fronterizo logístico y la cooperación regional contra el tráfico, mejorar la capacidad investigativa forense y el uso de evidencia y asegurar las salvaguardas de datos, derechos y legitimidad del sistema.

Entre las líneas de acción plantea un sector de medidas vinculadas al marco regulatorio, que implica ordenar las reglas del circuito legal para reducir la disponibilidad de riesgo y fortalecer la trazabilidad, una fiscalización focalizada que permita interrumpir el uso de armas en el delito, prevenir el riesgo letal en hogares y comunidades, y controlar las rutas internacionales, buscando bloquear la reposición de armas obtenidas desde el exterior.

Dentro del marco regulatorio, el documento propone actualizar tipos penales, sanciones y responsabilidades institucionales “para cerrar vacíos normativos, corregir asimetrías y asegurar coherencia entre el control administrativo del

circuito legal y la investigación criminal”. Además, prevé, a través de una acción focalizada en territorio, “reducir desvíos activos y la circulación irregular de armas antes de que se traduzca en violencia grave”. También propone desarrollar un sistema de información con un flujo único de datos: el registro, la fiscalización, las incautaciones, la pericia balística y los movimientos comerciales de armas y municiones, que sea interoperable y que permita consultas y alertas. Además, plantea la reducción de la violencia armada en hogares, a través de intervenciones comunitarias y el desarrollo de canales seguros para la entrega de armas.

Sistema de Justicia criminal

En este eje se aborda la capacidad del sistema de justicia criminal para operar “como una cadena continua desde la denuncia y la investigación hasta la ejecución penal”. El documento señala que existen “brechas persistentes en la coordinación entre la policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, con tiempos, reglas y datos que no siempre convergen en la misma dirección”.

Entre sus principales líneas de acción se encuentra la conducción integrada del sistema de justicia criminal mediante reglas, información y coordinación, el aumento de la calidad investigativa, un reordenamiento del flujo penal mediante alternativas “con claros y supervisión efectiva para reducir saturación sin perder respuesta frente a delitos graves” y asegurar la gobernabilidad en el sistema penitenciario “mediante estándares de seguridad, clasificación y control institucional que reducen violencia intramuros”.

Sistema de prevención del delito

El documento señala la discontinuidad en las políticas de prevención como la principal dificultad que enfrenta la prevención del delito.

“La brecha principal del eje es la falta de focalización, coordinación y seguimiento operativo de las intervenciones. Cuando esa continuidad falla, aumenta la presión sobre las respuestas reactivas y cae la legitimidad de la estrategia preventiva de largo plazo”, señala el texto.

Los lineamientos para avanzar en este objetivo son: despliegue territorial intensivo en zonas de alta vulnerabilidad, incluyendo prevención situacional y recuperación de espacios en microlugares de alta concentración delictiva; prevención temprana en niñez y adolescencia; acompañamiento de la reintegración vinculada al sistema penal, con intervenciones que pueden iniciar intramuros y sostenerse al egreso y en comunidad; y corresponsabilidad social para sostener legitimidad y escala.