Suele decirse en ciencia política que el voto tiene una doble función; por un lado, la instrumental, es decir, el hecho simple y llano de votar por tal o cual opción; y por otro, una función expresiva, que busca manifestar una postura o hacer una declaración de principios. Los votos en blanco y anulados tienen, por ejemplo, muy poco de instrumentales pero mucha carga expresiva… pero ¿qué buscan expresar?

Si bien no hay estudios concretos sobre la porción del electorado que elige no pronunciarse, para el politólogo Diego Luján “el voto anulado es un voto antisistémico”, de un “individuo que es refractario al sistema, a la elección en general”, mientras que el voto en blanco se relaciona más “con alguna disconformidad relacionada con la oferta”, aunque en realidad esto sería pensando en una elección nacional, donde se dirimen cargos. Sin embargo, en el caso de una consulta popular, ya sea un plebiscito constitucional o un referéndum, donde las opciones son acotadas, la única racionalidad que uno le podría adjudicar a votar en blanco es “alguien a quien no le importe o le dé lo mismo”.

En una elección nacional, tanto anulados como votos en blanco son prácticamente lo mismo. Pero en una instancia como la del 27 de marzo, cuando se buscará, de un lado, derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), la diferencia entre votar en blanco o anulado es real en cuanto al efecto que tiene. Por un lado, el voto en blanco “computa como un voto por el No”, mientras que el voto anulado no suma, sino que se cuenta como un voto no válido. De todas formas, “en algún sentido [el voto anulado] juega a favor del Sí porque reduce el denominador sobre el que se calculan los porcentajes”, es decir, achica el universo de votos válidos y, por lo tanto, se necesita menos cantidad de sufragios para alcanzar el 50% necesario. En este sentido, según dijo a la diaria el también politólogo Daniel Chasquetti, “con un promedio histórico de 2,5% el voto en blanco puede llegar a ser decisivo en un final reñido” como el que se pronostica, “en el que nadie se anima a dar un pronóstico serio y categórico”.

Chasquetti consideró que “la filosofía es que para derogar una ley tenés que conseguir 50% de los votos, y los votos que se expresaron son los válidos, los que tienen una papeleta más los votos en blanco, que en cierto modo adhieren al procedimiento”, lo que coloca “la vara un poco más alta a aquellos que quieren cambiar el statu quo”.

Respecto de los anulados, Chasquetti coincidió con Luján en que se trata de “gente que no cree en las elecciones” y que es “refractaria al sistema”. “El tema es cómo lo hacen”, puntualizó, y explicó: “A veces hay gente que introduce objetos extraños y en realidad el voto se anula sólo acompañando una papeleta de un objeto extraño o rompiendo la papeleta, pero si vos ponés una hoja dibujada o una carta, es un voto en blanco”.

Asimismo, Luján acotó que la mayoría de las instancias de democracia directa de los últimos años “coincidieron con elecciones nacionales”, lo que genera un “efecto” respecto “del nivel de participación que de pronto una instancia como esta no genera”. Es decir, “vos podés estar movilizado por la elección nacional; ahora si vos sólo tenés que ir a votar para un plebiscito o referéndum, tal vez los niveles de participación se vean reducidos”, si bien el voto es obligatorio.

En su columna en El Observador, el politólogo Óscar Bottinelli identificó un tercer tipo de resultado, más allá del triunfo del Sí o del No: “Los votos por el Sí superan a los votos por el No, pero la ley no se deroga, porque la suma de votos por el No y votos en blanco son más que los votos por el Sí”, es decir, la ley se mantiene, pero es, en cierto modo, un triunfo del Sí por obtener mayor cantidad de votos que la contrapropuesta. Si bien esto sería un triunfo del No, Bottinelli lo define como un “empate político”.

Al respecto, Chasquetti consideró que “la probabilidad de que ocurra algo así es muy baja”, aunque coincidió en que “sería virtualmente un empate” que terminarían definiendo los votos en blanco. Para el politólogo, “las encuestas que tenemos muestran bastante inestabilidad, no tenemos claro cómo viene la competencia”. En cierto modo, para Chasquetti, “todos sabemos que hay una competencia reñida”, pero las encuestadoras todavía no se animan a “hacer afirmaciones más categóricas, aunque tal vez en las últimas semanas se establece una tendencia”.

“¿Qué es un escenario parejo?”, se preguntó Chasquetti, y razonó que “no está claro el punto de corte”. De todas formas, lo que sí está claro para el politólogo es que “el gobierno necesita ganar y el Frente Amplio [FA] necesita votar por encima de 40%”; en cualquiera de estos escenarios “ninguno de los dos va a salir insatisfecho”. Respecto del análisis de los impactos de esta votación a mitad del período, que se considera una especie de “medición” para el gobierno, lo que se debe hacer según Chasquetti “es mirar los antecedentes: en 2003 el plebiscito de Ancap fue un mazazo final para el gobierno de Batlle, una derrota que anticipó el triunfo del FA”. El de 1992, en el que se derogaron cinco artículos de la ley de empresas públicas, “dejó muy débil al gobierno de Lacalle Herrera, a punto tal que la coalición, que ya había empezado a romperse, se terminó de desmembrar por completo luego del referéndum”. Este tipo de instancias “son duras para los gobiernos cuando las pierden; cuando ganan, en cambio, salen fortalecidos”. En definitiva, “el referéndum afecta al período de gobierno y afecta a los resultados de la siguiente elección; es como un adelanto de lo que puede pasar en 2024”.

Tirón de orejas

Si bien la caracterización que se hace de los votos en blanco es la de personas “neutras” o que no están “totalmente convencidas”, en las últimas semanas se conformó una tercera campaña que llama a votar en blanco no como una vía alternativa a las dos opciones, sino como un apoyo tácito a la LUC, pero también como un “tirón de orejas” al gobierno, dijo a la diaria uno de sus impulsores, Nicolás Quintana.

Quintana, que participó en la fundación del efímero Partido Uruguayo, pasó por el Partido de la Gente –era el tercer suplente del diputado Daniel Peña– y hace un año recaló en las filas de Cabildo Abierto, se acercó a la campaña luego de que le llegara la idea por los escritores Mercedes Vigil y Eduardo Abenia, integrantes del Foro de Montevideo. “Lo que sentimos los que apoyamos esto es primero una necesidad de defender la LUC, porque entendemos que es una ley que ha sido buena para el país”, explicó Quintana; sin embargo, según sus palabras, “aprovecharon” para “enviar un mensaje al presidente”. Por eso, el lema de la agrupación Azul y Blanco es “para defender la LUC y detener la tibieza”.

¿Qué sería la “tibieza”? Según Quintana, “depende de a quién le preguntes”, pero el sentir generalizado de quienes integran la campaña es que “los votantes de la coalición votamos un cambio de verdad. No votamos un edulcorante ni un cambio rosadito, votamos un cambio serio”. Entre los ejes que se manejan y en los que consideran que el gobierno debería “apretar el acelerador” están las auditorías a ministerios y entes públicos; “¿dónde están las auditorías?”, se preguntó Quintana. “Era un compromiso de campaña que las auditorías iban a salir, se alegó que en los gobiernos del FA había no sólo malos manejos sino corrupción, y por eso se iban a hacer todas las auditorías hasta el último centavo. Seguimos esperando los resultados de las auditorías, no hay ningún resultado ni una consecuencia en la Justicia”, acotó.

El segundo punto para el dirigente tiene que ver con las políticas de género y el préstamo que firmó el Estado uruguayo con el Banco Interamericano de Desarrollo para la creación del programa Promujeres, que abordará de forma interdisciplinaria la violencia de género. Según Quintana, con este préstamo “están comprometiendo el futuro de mis nietos y de mis hijos; yo pensé que el tema de las políticas de género se acababa y la coalición tenía una visión crítica al respecto”, y apuntó contra “Beatriz Argimón y Mónica Bottero y el Inmujeres”. Sostuvo que “lo único que se ha hecho es profundizar la ideología de género que impuso el FA”, además de que consideran que desde el Ministerio de Desarrollo Social “no se deberían seguir financiando ONG de izquierda”.

“Un último punto es este: votamos en blanco para tener una verdadera política de derechos humanos”, arguyó Quintana, para quien esta “verdadera política” significa “que no haya prisioneros políticos”, en referencia a los torturadores procesados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Domingo Arena. “No solamente eso no se detuvo, sino que el flujo de ingreso de prisioneros políticos siguió estable, siguieron muriendo esperando sentencia en prisión preventiva, lo cual es ilegal”, sentenció.

En un plano “más filosófico”, Quintana pidió “no escuchar al presidente hablar de la agenda 2030 de Naciones Unidas; no voté a George Soros ni a Bill Gates, yo quiero saber cuál es la agenda 2022 de Luis Lacalle Pou”, y que el presidente “escuche a sus votantes” ya que “él es herrerista”, pero “la ideología de género no es herrerismo, Beatriz Argimón no es herrerismo, Inmujeres no es herrerismo”. Mañana se hará el lanzamiento de la agrupación Azul y Blanco y su campaña para depositar en las urnas sobres vacíos, con la oratoria de Vigil, Abenia, el propio Quintana y el abogado Fabricio Bacigalupo, imputado en diciembre de 2021 tras la denuncia por difamación en redes de 16 mujeres vinculadas a la política y los medios.

Consultado por la coincidencia entre el nombre de la agrupación con el semanario de extrema derecha surgido en los años 70, Quintana dijo que se trata de una coincidencia, y que el nombre es “azul porque somos tan celestes que nos pasamos” y blanco por el “color” del voto.

La otra vía

“Este miércoles 23 de febrero nos vamos a volver a juntar para discutir cómo construimos una tercera fuerza que rompa con el bipartidismo que nos quieren imponer como los dos únicos caminos que el país puede tomar”, comienza un posteo de Instagram de Bandera Roja, el medio de prensa del denominado Partido Comunista Marxista Leninista de Uruguay (PCMLU), un partido que no figura en la Corte Electoral pero que tiene presencia en las redes, donde llama a votar anulado el 27 de marzo.

Según el PCMLU, “ninguno de los problemas que está viviendo la clase obrera está presente en la polarización que vivimos” y consideran que el referéndum es “una herramienta de acumulación electoral para el bloque de izquierda y una lucha en defensa del gobierno para el bloque de derecha”.