A finales de febrero 16 educadoras de Maldonado se dieron cuenta de que no estaban contempladas en la elección de horas y que hubo una reducción, que las autoridades denominan “adecuación”. Mientras en 2020 la carga horaria era de diez horas cada 20 estudiantes en el plan de Formación Profesional Básica (FPB), en 2021 fue de diez horas cada 40, informó a la diaria la educadora de Maldonado Fabiana Rado.

Tras una contrapropuesta, se llegó a un acuerdo bipartito que determinó que serán diez horas cada 25 estudiantes, más los “emergentes” de ciclo básico. “Emergentes son situaciones que pueden surgir, en las que los educadores tienen que intervenir: una cosa así como apagar el incendio”, expresó Rado.

Sin embargo, Ana Antúnez, integrante de la Asociación de Funcionarios de UTU Regional, indicó que el acuerdo no se está cumpliendo y denuncia el borrado de la figura de los educadores en los Centros Educativos Comunitarios (CEC). Además, señaló que todavía no hubo un resarcimiento para todos los trabajadores que no cobraron el salario en marzo y que estuvieron sin cobertura médica de Fonasa desde principio del mes hasta el 10.

Los adscriptos y auxiliares de Educación Física también forman parte del grupo más afectado por la reducción de horas, indicó Antúnez. “Junto a los educadores, los adscriptos están en la primera línea: hacen un seguimiento de los estudiantes y sus familias desde que comenzó la pandemia. Son los que orientan y ayudan en caso de necesitar otros servicios”, dijo. También manifestó su preocupación por la falta de preocupación ante el riesgo de desvinculación de muchos jóvenes del sistema educativo.

La integrante de Afutu opinó que los comunicados que emite Presidencia son poco claros y que las medidas, en la práctica, dependen de la interpretación de cada inspector regional o director.

Por esta razón, los tres días posteriores a la conferencia que dio el presidente Luis Lacalle Pou el 16 de marzo se realizaron guardias innecesarias en centros educativos, ya que las autoridades entendieron que algunos funcionarios debían permanecer para atender al público.

“El año pasado tuvimos que aprender sobre la marcha y tuvimos que pagar para trabajar porque muchos docentes usaron su internet. Si bien planteamos que se nos pagara un extra por el uso de nuestra internet, no se logró. Estaría bueno que las autoridades de la educación hicieran un recorrido por el interior y vean la realidad”, dijo Antúnez.

Por su parte, Rado consideró que las autoridades de la educación no han contemplado que sin la presencialidad en los centros educativos hay muchos estudiantes que no tienen acceso a internet o a la alimentación básica, así como tampoco comprenden que los educadores son quienes tejen redes entre los estudiantes y los comedores estudiantiles y las becas.

“Lo que se ve es el desconocimiento por parte de las autoridades educativas de nuestro rol socioeducativo en un FPB o un centro educativo comunitario. Nos movilizamos por nuestro laburo, porque hay compañeras con hijes a cargo y porque pasamos a tener la mitad del salario, pero también por el recorte a la educación pública en general y a los FPB y los CEC, donde concurren estudiantes con trayectorias educativas interrumpidas y con historias complejas”, expresó Rado.

En los últimos años la educación pública experimentó un cambio de paradigma, sostiene Rado. Este cambio implicó que el foco estuviera en las políticas de inclusión al sistema educativo y no sobre la capacidad de adaptación del estudiante. Según Rado, lo que se vive ahora es un retroceso marcado por el desconocimiento sobre los roles de los educadores y la reducción de horas.