A pesar de que su tripulación hizo todo lo posible para salvarlo, el HMS Agamemnon, un barco de guerra inglés perteneciente a la real marina británica, encalló en la punta norte de la isla Gorriti y se hundió en la bahía de Maldonado el 16 de julio de 1809. El barco había sido parte de la flota inglesa que venció a la armada española y sus aliados en la Batalla de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805.

Apenas tres años después, muy cerca de donde se hundió el navío británico, también zozobró el Salvador, un barco mercante español. Este naufragio se llevó de un tirón la vida de más de 500 soldados del batallón de Albuera. Del Salvador se rescataron siete cañones de bronce fabricados en Soria, mosquetes, sables, balines de plomo, piedras de chispa, así como bijouterie, loza, cerámicas, botellas, zapatos y copas. Siglos después, en 1992, los buzos Héctor Bado y Sergio Pronczuk encontraron partes de ambos barcos en el fondo de la bahía.

Los repartos de los bienes arqueológicos comenzaron en 2018 cuando se detuvo el rescate por razones económicas, luego de que los permisarios firmaran un contrato con la Armada Nacional en representación del Estado, en el que se acordó dividir en dos los hallazgos, según contó al periódico español ABC la doctora Claudia Luzardo, vocera del Grupo en Defensa del Patrimonio de Maldonado.

Luzardo indicó que durante casi 20 años la sociedad civil ignoró la ubicación y el estado de los pecios debido al “secretismo” de las autoridades. En abril de 2017, por resolución del Ministerio de Defensa, se creó el Grupo Coordinador para Hallazgos, Pecios y Materiales Arqueológicos con el objetivo de “coordinar la ejecución de trabajos relativos a hallazgos” en el territorio nacional, indica el documento.

Este grupo está integrado por el escribano Ruben López, el jefe de la Oficina de Trámites de Buques Hundidos, el capitán de Fragata Jorge Bertrand, el asesor letrado de la Prefectura Nacional Naval, Matías González, y tiene el asesoramiento de dos buzos integrantes de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, Valerio Buffa y Alejo Cordero.

Un año después el grupo de la armada acordó con Sergio Pronzuk y con los sucesores de Héctor Bado realizar la división de todos los objetos recuperados. Esta división patrimonial sólo fue publicada en el boletín de las Fuerzas Armadas; allí se detalla que el Estado se quedó con el lote 1; según Luzardo, tenía los objetos en peores condiciones.

“El Estado pierde gran parte de su patrimonio arqueológico subacuático en manos de representantes que en forma secreta acordaron por todo el pueblo uruguayo”, expresó Luzardo a ABC.

La asociación civil observó, además, que la academia y los técnicos del CURE no fueron consultados para determinar el estado de conservación de las piezas, y agregó que el acuerdo entre el grupo militar y los permisarios atenta contra la legislación vigente, la Constitución, los tratados internacionales y los principios de la Convención de la Unesco de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático.

El Grupo en Defensa del Patrimonio de Maldonado elevó un pedido de informe al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Educación y Cultura para determinar el destino, estado y ubicación de las piezas patrimoniales. A más de un año “se han obtenido pocas o nulas respuestas”, expresó Luzardo, quien agregó que tomaron conocimiento del remate -finalmente cancelado, según publicó el diario La Prensa de Piriápolis- por la publicación de la casa de antigüedades Zorrilla, en una publicación en Facebook.