El Tribunal de Apelaciones de 4° turno revocó la decisión de primera instancia de otorgar prisión domiciliaria por 90 días para el excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado Fernando Pereira, sobre quien pesa la formalización de un proceso por los delitos de revelación de información reservada, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de funcionario público al denunciar delitos y faena clandestina.

La decisión del juez de Maldonado Vital Rodríguez había sido apelada por el fiscal de San Carlos de 2° turno Jorge Vaz, quien había pedido prisión efectiva como medida cautelar, lo que finalmente fue concedido en segunda instancia por un plazo de 90 días.

La investigación que realizó la fiscalía por varios delitos de corrupción en la Jefatura de Policía de Maldonado reveló varias llamadas del ministro de Turismo, Germán Cardoso, quien en al menos nueve oportunidades hizo consultas o pidió favores al coordinador de la Jefatura, que culminaron con su imputación por abuso de funciones, debido a que Pereira hizo uso de su cargo para conseguir información para un tercero.

“Tenemos que recopilar y corroborar muchos datos que surgen de las interceptaciones [telefónicas]. Al momento las que se utilizaron para solicitar las detenciones y la formalización son un muy pequeño porcentaje de las que hay. Hay que profundizar si existen más interceptaciones que nos den elementos de importancia para la investigación”, señaló el fiscal Vaz a la salida de la audiencia de formalización, que se llevó a cabo en Maldonado el 16 de junio.

En la sentencia, a la que accedió la diaria, el tribunal da la razón al fiscal, quien advirtió el riesgo de entorpecimiento de la investigación en virtud de que la mayoría de los testigos son funcionarios policiales, que han sido colegas de Pereira, lo que podría poner en riesgo no solo la declaración de esos testigos sino la documentación que en parte se encuentra en la Jefatura de Policía de Maldonado.

“El imputado hasta ahora no ha entorpecido la investigación, sin embargo, es posible considerar a los ojos de un observador razonable que podría llegar a hacerlo y es precisamente esto lo que se neutraliza con la prisión preventiva”, señala el documento.

En esa línea, sostiene que “se trata de un funcionario policial de carrera, de alta jerarquía, en actividad, el tercero al mando en la Jefatura, por lo que su potencial incidencia sobre los demás integrantes del cuerpo es manifiesta”.

En la sentencia, los ministros señalan que el hecho de que la defensa de Pereira haya reclamado como medida cautelar la prisión domiciliaria es un reconocimiento implícito de que existe riesgo para el desarrollo del proceso.