Convocados a una sesión extraordinaria, los ediles de Maldonado votarán este jueves el presupuesto quinquenal de la Intendencia Departamental de Maldonado(IDM). En un principio votarán el documento en general y luego analizarán cada uno de los 109 artículos. La sesión comenzará a las 17.00 y, por la extensión del proyecto, se espera un extenso debate hasta la noche.
El presupuesto no contiene artículos que requieran mayorías especiales de 19 o 21 votos, por lo que el expediente se aprobará una vez que se alcancen 16 votos. Sólo el Partido Nacional (PN) reúne 21 ediles, mientras que el Frente Amplio (FA) tiene nueve y el Partido Colorado (PC) apenas uno.
El documento, de unas 690 páginas, entregado por el intendente Enrique Antía, ingresó a la Comisión de Presupuesto el 26 de mayo. Desde entonces la comisión se reunió los días lunes, miércoles y viernes para poder estudiarlo con la mayor celeridad posible y realizar las modificaciones que consideraron pertinentes.
En esas reuniones los ediles recibieron a los alcaldes de los ocho municipios, a las autoridades de la intendencia y a los referentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales. La última reunión fue este lunes, cuando recibieron a Luis Eduardo Pereira, secretario general de la IDM. La edila por el PN y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Stephanie Braga, dijo a la emisora local FM Voces que desconoce el pronunciamiento oficial por parte de la oposición, pero aseguró que varios artículos se votarán por unanimidad. Por otra parte, valoró que, durante los últimos dos meses, los intercambios entre los ediles de las distintas bancadas fueron respetuosos y cordiales.
La edila afirmó que el gobierno departamental no se comprometió a “hacer locuras” que no se puedan cumplir y explicó que la reducción de los recursos nacionales y la merma en los ingresos departamentales que se obtienen mediante los tributos justifican esta postura.
Una de las novedades que plantea el documento es la implementación de la herramienta de panel de control, que incluye las áreas económica, financiera, de desarrollo local, político y social. Se trata de una regla fiscal que corrige cualquier imprevisto o desvío de gastos. “Ante cualquier desvío, el gobierno departamental lo va a poder detectar”, acotó Braga.
La herramienta permitirá verificar periódicamente cuánto dinero se gasta y a qué se destina, así como colaborar en la tarea de control de los fondos a través de la creación de un “estado de situación”.
Presupuesto para los municipios
Respecto a las partidas que se otorgarán a las alcaldías, Braga ratificó que todos los alcaldes “querían más” y que “es entendible”. Aseguró que todos concurrieron con al menos un concejal y manifestaron que, si en alguna oportunidad el gobierno departamental podía destinar “algún peso más, les venía bien”.
El presupuesto plantea que todas las inversiones que realicen los municipios deberán pasar por la Dirección General de la IDM. Braga declaró que antiguamente las alcaldías llevaban a cabo algunas obras, pero la falta de recursos humanos, logística o maquinaria hacía que siempre necesitaran del apoyo de las direcciones de la IDM. Este artículo generó críticas por parte de la oposición y es uno de los puntos en los que no hay consenso.
El presupuesto en materia de trabajo y gestión ambiental
Según la exposición de motivos del presupuesto, en materia de trabajo la intendencia planea impulsar la instalación de empresas en el Parque Industrial de Pan de Azúcar. Además, indica que se pondrá el foco en emprendimientos en el área de tecnología de la información, ya que se prevé que la construcción de la zona franca del World Trade Center atraiga a compañías de ese rubro.
Con respecto a la gestión ambiental, el documento señala que en los próximos cinco años se apostará a la conservación y protección del medioambiente. En ese sentido, en el texto se expresa que “se protegerán los ecosistemas y la preservación de flora y fauna de las lagunas, sus áreas de influencia y sus biosistemas”.
Sin embargo, en los últimos días, hubo cruces con la oposición por la habilitación de edificaciones en José Ignacio, cercanas a las lagunas José Ignacio y Garzón, por la construcción de un aeródromo privado sobre los humedales del arroyo Maldonado, y por la tala de árboles nativos en el arroyo San Carlos.