Tras reuniones entre la directora de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM), Betty Molina, y los integrantes de las comisiones de Legislación y de Medio Ambiente de la Junta Departamental de Maldonado (JDM), surgieron diferentes posturas sobre el cuidado de la calidad del agua de las lagunas y arroyos.

Leonardo Pereira, edil frenteamplista que integra la Comisión de Medio Ambiente, planteó la posibilidad de crear un decreto departamental que le permita a la Dirección de Medio Ambiente tener una mayor injerencia en las intervenciones del espacio y obras públicas, dada la falta de consultas previas de parte de los municipios y de las direcciones generales de la intendencia. Como ejemplo mencionó las intervenciones en los arroyos Zanja Honda y San Carlos y en la cañada de Paseo de la Aguada.

“Lo que más nos preocupa es que la ingeniera [Molina] nos dice que faltan consultas de las distintas direcciones generales y de los municipios cuando se definen políticas de intervención en los territorios y que no se estudian los proyectos de construcción de particulares. Eso es importante porque, en el caso de estar fuera de la norma, implica una excepción y tiene que ser discutido en la JDM”, manifestó el edil del Espacio 1946.

En diálogo con la diaria, Molina expresó: “No necesito fuerza dentro de la IDM, sino de parte de la sociedad”. Aseguró que existe una coordinación entre las direcciones generales pero que no es suficiente y que es necesario poder transmitir los mensajes a los trabajadores que, en definitiva, son quienes llevan a cabo las obras públicas. “Falta generar una cultura de protección del Medio Ambiente”.

Sin embargo, reconoció que han habido omisiones por parte de algunos municipios que no elevan la información a su cartera sobre la ejecución de obras. Molina se definió a sí misma como una “defensora de los procesos de descentralización”, pero puntualizó que las intervenciones municipales en zonas de arroyos, lagunas y franja costera deben pasar por la Dirección de Medio Ambiente y desde allí debe ponerse al tanto al Ministerio de Ambiente.

Por otra parte, observó que la legislación departamental en materia de medioambiente tiene más de 20 años y que es necesario actualizarla. Por eso la intendencia está trabajando en un proyecto de decreto que le permitiría aplicar sanciones y multas a quienes efectúen obras de impacto negativo para el medioambiente.

Molina señaló que la relación de su cartera con la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) y con la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinabise) -dependencias del Ministerio de Ambiente- no resulta “efectiva” para el control y la supervisión de las intervenciones en el espacio, debido a las distancias y a los tiempos que se manejan.

Consultada por la Comisión de Medio Ambiente de la JDM sobre la construcción de la pista de aterrizaje del hotel, restaurante y barrio privado Fasano, Molina respondió que no participó en la evaluación y la aprobación, sino que estas pasaron directamente por la Dinacea.

A partir del pedido de los vecinos, el año pasado se presentó un expediente en la JDM para declarar a los humedales del arroyo Maldonado y la zona de la Laguna del Diario como áreas protegidas a nivel nacional. Sobre este asunto, la directora de Medio Ambiente expresó en la reunión con los ediles que la declaración de área protegida es engorrosa y que las resoluciones departamentales tienen poco alcance, recordó Pereira.

Según el edil, durante las reuniones Molina informó que trabaja en la protección de estos territorios a partir de la categorización del suelo y el concepto de “corredor biológico”, que refiere a las áreas naturales de gran importancia para la conservación de la biodiversidad. “No es una política muy proteccionista, debería haber una mayor intervención”, opinó el edil.

Foto: Intendencia de Maldonado

Foto: Intendencia de Maldonado

En torno a las lagunas

El 1º de julio abrió el llamado a licitación abreviada 42/2021 para el “Servicio de Rehabilitación de la Laguna del Diario”. La tarea está orientada a ejecutar el corte de vegetación, principalmente de las especies Myriophyllum quitense, Potamogeton pusillus y Egeria densa, con el fin de controlar su afloramiento excesivo.

Por otra parte, desde 2018 el dragado de la laguna se realiza a través de ventosas en el fondo que evitan que el limo quede suspendido en el agua, y el desagüe al mar se realiza de forma superficial, lo que implica la pérdida de agua “limpia”, explicó Molina, y contó que la intendencia pretende hacer el desagüe mediante compuertas por debajo del agua, lo que evitaría este problema y permitiría, además, exportar nutrientes presentes en cantidades excesivas.

Pereira cuestionó esta posibilidad por el riesgo de afectar el agua de las playas (paradas 39 y 40). Otra vía para controlar la calidad del agua se basa en el ingreso de agua salobre, algo que hay que hacer con mucha “cautela”, pero es “más conveniente” que el uso de las compuertas, consideró.

Los ediles que integran la Comisión de Ambiente consultaron a Molina sobre la posibilidad de categorizar el suelo que rodea la laguna. La respuesta fue que gran parte de esas tierras ya están fraccionadas: “Han proliferado los fraccionamientos al norte de la laguna y es muy difícil hacer un control”, dijo Pereira.

En la Laguna del Sauce y la laguna Garzón ocurre el mismo problema, indicó el edil. Vecinos del barrio El Pejerrey (de padrones suburbanos) denunciaron la reciente aprobación de un fraccionamiento de una hectárea y dividido en cuatro solares, cercano a la Laguna del Sauce. “La Dirección de Ambiente no fue consultada. Si se autoriza este tipo de fraccionamiento va a ocurrir lo mismo que en otras áreas de construcción masiva donde se afectó la calidad del agua”, como es el caso del barrio La Capuera y el sur de la Laguna del Diario, señaló el edil.

En julio la JDM aprobó una normativa que permite la edificación desde la manzana 74 hasta la 77 de José Ignacio, algo que contraviene la normativa de ordenamiento territorial para las lagunas. “La modificación tendría que haberse puesto de manifiesto y debió haber un llamado a audiencia pública”, criticó.